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El presidente
Correa ha expresa en varias oportunidades que dará prioridad al gasto social
frente al pago de los tenedores de bonos con el lema "la vida antes que la
deuda"
Ecuador se convertió en los últimos
27 años, antes de la llegada del presidente Rafael Correa al poder, en uno de
los fracasos más sonados de la aplicación de políticas económicas neoliberales
en América Latina impuestas por los organismos financieros internacionales con
la anuencia de los gobiernos estadounidenses.
Los problemas creados por
el neoliberalismo y el libre comercio persiguieron como un fantasma a los
gobiernos ecuatorianos en los últimos años, motivaron la caída de tres
presidentes (Jamil Mahaud, Abdala Bucaram, Lucio Gutiérrez), abrieron el camino
para el mandato de Correa y permitieron la aprobación el pasado 29 de septiembre
de una nueva Constitución, mediante un referendo nacional sancionado por el 64 %
de la población.
Antes de la llegada de Correa a la presidencia, en
enero de 2007, un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) aseguraba que Ecuador era un país con desarrollo humano bajo y ocupaba el
lugar 94 entre 173 naciones.
El PNUD alertaba que el crecimiento de la
pobreza se encontraba íntimamente relacionado con el aumento de la desigualdad
en la distribución del ingreso pues el 20 % de la población más pudiente
absorbía el 60 %, mientras el 25 % de las personas más desposeídas solo recibía
alrededor del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB).
En esta nación andina
que exporta petróleo, banano, camarón, cacao y café, entre alrededor del 74 % de
sus 14 millones habitantes, viven en la pobreza debido a que la mayoría de esos
dividendos van a parar a manos de las transnacionales y de los negociantes
nacionales privados.
Otro documento de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) señalaba que a principios de 2007, el gasto de salud
por habitantes en un año se ubicaba en solo 20 dólares, considerado por la como
uno de los más bajos del continente.
A los servicios de atención médica
solo tenían acceso cerca de la mitad de la población, mientras que el 60 %
carecía de drenaje en sus viviendas y el 45 % no disponía de agua potable,
situación que ha ido mejorando en el último año al extender Correa los
presupuestos para programas sociales.
El índice de desempleo y subempleo,
alcanzaban unidos, la astronómica cifra del 46 % de la población económicamente
activa y por lo tanto se hacía necesario crear nuevas fuentes de
trabajo.
Ecuador en esa fecha tenía una de las deudas más caras de la
región pues gran parte del débito externo se encuentran con tasas de interés de
12 % (bonos globales 2012 que reemplazaron a los bonos Brady) por lo que el
servicio o pago del mismo es oneroso para el país al restarle recursos para los
sectores sociales.
El presupuesto del Estado había sido elaborado para
privilegiar el pago de la deuda externa en desmedro del área social, lo cual
afectaba paulatinamente los sectores más pobres del país.
Lucio
Gutiérrez, quien siguió al pie de la letra las recetas del Fondo Monetario
Internacional (FMI), recortó varios presupuestos sociales. En educación pasó de
638 millones de dólares en el 2004 a 464 millones en el 2005, lo cual provocó
que miles de niños no accedieran a las aulas; en salud, de 323 a 211 millones de
dólares en el mismo período; para el desarrollo agropecuario la cifra de 151
millones se bajó a 71 millones de dólares con la consecuente recesión
agrícola.
Sin embargo, el destituido presidente hizo lo imposible por
cumplir con la deuda pública y externa (punto exigido por el FMI) a la que
dedicó cerca del 40 % del presupuesto nacional.
A solo 11 meses en la
presidencia, Correa presentó al Congreso la Proforma Presupuestaria para 2008
que ascendió a 10 millones 357 650 dólares, un 6 % mayor que el de 2007.
En la Proforma se asignaron mayores porcentajes para el Tesoro Nacional
(3.861 millones de dólares; 37,3%); Educación y Cultura (1.536,1 millones;
14,8%), superior en 108,1 millones (7,6%) al presupuestado del 2007; Salud
(728.5 millones; 7%), mayor en 80.8 millones de dólares al de 2007 (12,5%);
Bienestar Social (5,2%) y Comunicaciones (6,4%).
La nueva Constitución
aprobada, con amplio perfil nacionalista y progresista, aumenta el poder del
Estado sobre la economía y el Ejecutivo
La Carta Magna permitirá al
Estado ostentar más control y participación en sectores estratégicos como
petróleo, minas, telecomunicaciones, agropecuario y agua.
Sustituye la
definición de "economía de mercado" esgrimido por las recetas neoliberales del
FMI y del Banco Mundial, por una de "economía solidaria".
Asimismo, el
Banco Central pierde su autonomía y la política monetaria pasa a ser atribución
del presidente, a la par que le permite limitar y regular monopolios y
oligopolios en el sector privado.
La nueva Constitución autoriza la
expropiación de bienes por causa de utilidad pública o interés social y prohíbe
celebrar contratos con cláusulas de arbitraje internacional.
El documento
enfatiza que se propiciará el intercambio "justo" y "complementario" de bienes y
servicios.
En cuanto a la deuda, una de las cuestiones que más ha
golpeado a la economía ecuatoriana, crea el concepto de "ilegitimidad" e
"ilegalidad" para la deuda externa, que daría al mandatario un soporte legal
para detener el pago de algunos tramos de sus pasivos.
El presidente
Correa ha expresa en varias oportunidades que dará prioridad al gasto social
frente al pago de los tenedores de bonos con el lema "la vida antes que la
deuda".
Otra de las prerrogativas que ostentará el Estado es la de
expropiar tierras no productivas para redistribuirlas entre la población,
prohíbe los latifundios y las semillas genéticamente modificadas, con excepción
de algunos granos autorizados por el presidente.
El triunfo de la nueva
Constitución ecuatoriana, sancionada por las dos terceras partes de su
población, es el resultado de las nefastas políticas neoliberales que
proliferaron por América Latina, llenando de miseria y pobreza a grandes masas,
que hoy apuestan por un orden social más justo y de integración regional. |