Fuente: TeleSur
Lejos de mitigarse, la violencia política en las zonas rurales colombianas parece haber empeorado en los que va de 2020.
Imagen referencial / Archivo
Cuatro campesinos colombianos, que formaban parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos, fueron asesinados en un caserío del corregimiento de El Guaimaro, municipio de Tarazá , en el departamento norteño de Antioquia.
Las autoridades en Antioquia confirmaron el hallazgo de un cuarto cuerpo tras la la incursión armada en el municipio de Tarazá.
Elementos de la policía y el ejército descubrieron el cuerpo ayer en la vereda Popales de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, luego que tres hombres habían sido asesinado por un grupo armado en el corregimiento del Guáimaro.
La sección en Antioquia del movimiento político de izquierda Marcha Patriótica reportó un fuerte enfrentamiento entre grupos paramilitares en el corregimiento El Guaimaro del municipio de Tarazá, Antioquia.
William Muñoz, vocero de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, expresó su preocupación por esta masacre y aseguró que hay temor en la comunidad, que podría desencadenar en un desplazamiento masivo.
Sobre los autores del ataque armado, el secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aseguró que este obedece a las disputas entre los grupos ilegales que delinquen en la zona como lo son Clan del Golfo y Los Caparros.
El ataque, según la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, inició después de las 6:30 de la mañana de ayer viernes y se prolongó por casi dos horas.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Alberto Villegas Martínez, Carlos Chavarría Posada, Wilmar Alexánder Sampedro Posada y Danilo Montalvo Tuberquia. Este último, formaba parte de la Junta de Acción Comunal de ese corregimiento.
El activista de Derechos Humanos Jesús Alean Quintero ha asegurado que entre los agresores había «varios menores de edad reclutados en la zona» y ha denunciado que «persiste el abandono y la indiferencia de la región Bajo Cauca».
El municipio de Tarazá vive una de las situaciones más graves, con el asesinato de cerca de 18 líderes sociales, todos ellos asociados al esquema de sustitución de cultivos ilícitos, en un plazo de dos años.
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