Fuente:CubaSi.co
La Policía Internacional (Interpol) notificó al gobierno golpista de Bolivia el rechazo a la activación de los sellos azul y rojo contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, financiamiento a ese flagelo y sedición.
El abogado Eduardo León reveló que la Interpol consideró que la petición tramitada por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, difiere de los artículos 2 (i) y 3 de su Estatuto y decidió no publicar la notificación y eliminar los datos de esa persona (Morales) de su base de datos.
Precisó el documento que el artículo 2 señala que sus acciones deben enmarcarse en el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, mientras que el artículo 3 prohíbe a la entidad la ‘intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial’.
Teniendo en cuenta esa decisión, León presentó este miércoles una denuncia contra Lanchipa por el delito de incumplimiento de deberes y supuestamente actuar de manera negligente en este caso.
El abogado afirmó que el fiscal general mintió a los bolivianos con la persecución de Morales porque la activación de los sellos rojo y azul debe ser a través de una orden emitida por juez y no sólo por gestiones de la Fiscalía.
«La decisión de la Interpol demuestra la falta de seriedad con la que actuaba el Fiscal General en este caso y, además, demuestra la falta de conocimiento que tiene el señor Lanchipa», concluyó.
Por otra parte, Lanchipa, en sintonía con el régimen golpista, también confirmó en diciembre pasado el pedido de activar la notificación azul para el exviceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada.
Se trata de una solicitud para ubicar a Rada, cuyo paradero se desconoce y ha sido acusado por tres muertes de civiles opositores en 2007 (cuando fungió como titular de Gobierno -Interior-), durante una algarada contra la asamblea constituyente que sesionaba en la ciudad centro-sureña de Sucre, bajo asedio de grupos violentos.
El pedido se hizo pese a que, según reconoció, está pendiente la indispensable autorización del Parlamento de abrir un juicio de responsabilidades a Rada como corresponde constitucionalmente.
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