Que el ministro de salud, Anibal Cruz, haya renunciado en medio de la crisis sanitaria más grande de la historia del país, constituye un indicio muy claro de resquebrajamiento de la política de salud del régimen golpista de la autoproclamada Añez. El justificativo, que hace referencia a «motivos personales» sin mayor explicación, no hace sino confirmar que se trata de desavenencias en la cúpula del gobierno. Más aún, hay evidencia de esas rupturas si la renuncia se la inserta en el contexto de las denuncias de varios sectores médicos en relación a que el gobierno no les ha dotado de implementos de bioseguridad, ni los equipos médicos necesarios para la atención de pacientes con corona virus, pese a que han realizado pomposos anuncios en torno a que el gobierno estaba realizando entregas de esos implementos y equipos a los hospitales. Las denuncias han sido de tal magnitud que se han anunciado juicios de responsabilidades contra la gobernante por incumplimiento de deberes en la emergencia sanitaria. Coincidentes con las denuncias de los médicos, están las denuncias de diversos contagiados del virus, destacando la denuncia de los familiares del empresario Sandoval que falleció luego de que fuera remitido desde una clínica privada a un hospital público que supuestamente estaba asignado para atender a pacientes con corona virus y allí se evidenció la total falta de condiciones, teniendo como consecuencia el trágico desenlace de su fallecimiento. Si a este panorama, se le agrega la renuncia del Vice Ministro de Salud y Promoción, pocos días después de la renuncia del Ministro (con el mismo pretexto de «motivos personales»), no cabe duda de que estamos ante la certeza de que el sistema de Salud se está resquebrajando, antes de que se haya comenzado siquiera a dar la batalla en serio contra el Corona Virus.

Ahora bien, ¿Será que el nuevo Ministro de Salud, Marcelo Navajas, está en condiciones y tiene la capacidad de poner en pie lo que se está derrumbando? Allí hay mucha duda porque -a juzgar por la experiencia que tiene, su fuerte no es precisamente la gestión pública. Más bien proviene de un sistema de salud privado (se dice que es dueño de tres clínicas privadas), un sistema que en el último tiempo ha sido acusado de apropiarse de recursos del sistema de salud público gracias a que una buena parte de los médicos en Bolivia trabajan en el Sistema Público de Salud a la vez que en el sistema privado y con frecuencia son propietarios de clínicas, como el caso del actual Ministro. Además, lo primero que ha tenido que hacer es defenderse de las acusaciones vertidas en su contra en relación a que él hubiera sido sentenciado en la justicia ordinaria por falsedad y atentados contra la salud, algo que resquebraja su imagen desde un inicio. Peor comienzo no pudo tener. Por eso, justamente cuando el gobierno necesitaba dar la imagen de que todo marcha bien en el sistema de salud, el nuevo ministro mantiene un perfil tan bajo que ha delegado a un director de epidemiología la labor de dar los reportes diarios del avance del virus en nuestro país (Que en nuestro caso se ha limitado a ser un cómputo de contagiados y fallecidos). En conclusión, hay una sensación de que en el tema de salud estamos a la deriva, esperando simplemente el advenimiento de la catástrofe.

Aquí, en esta política de salud que se desmorona, está una de las explicaciones de la agresividad que el régimen ha mostrado en la implementación de la cuarentena. Teniendo las cifras de contagiados más bajas de la región, en rigor, no se justificaría de otro modo una desesperación tan evidente como la que muestra el gobierno. En ese marco, no ha tenido reparo alguno en implementar una cuarentena tan estricta, que más parece un Estado de Sitio en el que las autoridades amenazan a la población que incumpla la cuarentena con cárcel y procesos penales del modo más prepotente que se tenga memoria desde las dictaduras militares. Lo más grave es que el régimen hace oídos sordos a los clamores de la población para que la cuarentena otorgue mecanismos a los sectores más vulnerables de la población que viven al día, para aprovisionarse de alimentos. En este contexto, el régimen fascista condena a la población más pobre del país a una hambruna que tarde o temprano se manifestará en protestas y disturbios, a las que enfrentará con la única respuesta que conoce, la represión. En conclusión, la única política de salud del régimen es la represión.