Por Camila Ceura Bolados, Rodrigo Tobar Astorga
No podemos pasar por alto el contexto en el que se origina el “Acuerdo por la paz y la nueva constitución” la madrugada del 15 de noviembre. Pasado casi un mes del inicio de la revuelta, el pueblo se volcaba cada vez con más fuerzas y multitudinariamente a las calles, la crítica al sistema económico-social era generalizada y se avanzaba en la consciencia de la necesidad de la organización popular.
El acuerdo al que llega el oficialismo con la “oposición”, se hace luego de una jornada de extrema violencia por parte de los aparatos represores y, en palabras de algunos participantes, con un gobierno que amenaza con llevar a cabo un golpe de estado en el país si no se firmaba el documento.
Ante este escenario de profunda crisis de gobernabilidad, el bloque en el poder busca, a través de cualquier medio, frenar la revuelta popular y traslada la discusión del movimiento social al parlamento, bajo las reglas y tiempos que ellos imponen. De esta forma, la fisura generada por el uso extremo de la violencia, se subsana en pro de unificar los poderes del Estado y se genera una demostración de fuerzas que posibilita la salida institucional a la problemática social.
Si bien la crisis del sistema no está determinada por completo por el proceso constitucional, la forma en la que se ha llevado a cabo posibilita el que, posterior al triunfo del apruebo, las y los personajes que adquieran roles de liderazgo en esta coyuntura correspondan, en su mayoría, a los partidos del duopolio que fueron fuertemente cuestionados por el pueblo en lucha desde el 18 de octubre de 2019. Esto se entiende debido a que la correlación de fuerzas es desfavorable al movimiento social, la elección de constituyentes tiene requisitos que no contemplan la realidad de las organizaciones sociales que podrían participar del proceso, lo que culminaría, nuevamente, con el bloque en el poder marcando la pauta de los cambios estructurales.
En el contexto actual, existe una polarización en términos políticos que no da lugar a críticas al proceso, sino que determina el quehacer en función al apruebo o rechazo. Esto ha sido reproducido fuertemente por los sectores de las élites políticas e incluso difundido a través de las franjas electorales en las que no se habla de los y las asesinadas, y tampoco de los y las presas políticas, lo que sin duda invisibiliza lo acontecido realmente en las calles durante la revuelta. Esta forma de presentar el proceso constituyente que hegemoniza la versión, solo aporta a la impunidad y otorga elementos de auxilio a la política institucional.
De esta manera, nos enfrentamos al mes de conmemoración del inicio de lo quizás es el proceso histórico más relevante y determinante en el pasado reciente del país, sumidos en una coyuntura que está muy lejos de las demandas planteadas y sentidas por el pueblo, ya que corresponden a maniobras políticas que tuvieron como objetivo evitar la consolidación de la revuelta popular. La presencia de sectores de derecha y de la burguesía transnacional en la campaña del apruebo, no hace sino confirmar esta tesis. En definitiva, lo que está en juego es la disputa por la legitimidad y la reconfiguración de las fuerzas políticas que tienen el poder del Estado.
Sin negar la necesidad del cambio en el marco político-legislativo, este proceso sienta sus bases en la absoluta impunidad a los aparatos represivos que asesinaron, mutilaron, violaron, torturaron y encarcelaron a un pueblo que se cansó de los abusos y la violencia estructural sufrida a diario desde la dictadura cívico-militar y que se profundizó durante el proceso de transición liderada por el duopolio concertación-chile vamos. Es así como mientras se avanza en esta materia, existen actualmente 8.575 causas judiciales por violaciones a DDHH cometidas durante la revuelta, y a un año desde el 18-O, hay sólo 29 causas formalizadas, es decir un 0.3 % y solo en 1 hay condena, lo que corresponde al 0,01% de los casos presentados.
No puede llamarse democrático un proceso que pasa por alto el que actualmente el 5% de la población penal en Chile está encarcelada, en su mayoría, sin los antecedentes necesarios, y por participar de las protestas a lo largo del territorio y otras instancias de organización más allá de la militancia en los partidos políticos tradicionales. La población de presos en Chile es de 50.000 y de ellos, aproximadamente 2500 son presos de la revuelta. En una situación regular, casi la totalidad de presxs politicxs no estarían en la cárcel, ya que las faltas eran desórdenes públicos y se cumplían las penas en libertad con firma, arraigo nacional o arresto domiciliario en el peor de los casos, sin embargo luego de la promulgación de la “Ley anti saqueos y barricadas”, apoyada por el Frente Amplio, se constituyen como delito con penas de cárcel efectiva. Junto a esto, gran parte de lxs compañerxs han sido procesados por la “Ley de Seguridad del Estado” la cual tiene un carácter político, y que justamente surge en respuesta a la rebelión por el alza del pasaje del año 1957 en el gobierno populista de Carlos Ibañez del Campo.
Otros datos que invisibilizaban, hasta hace pocos días, las franjas y la campaña en general, son los más de 40 asesinados/as, 350 personas con daños oculares y más de 20 mutilados/as, 3500 heridos por perdigones, balines y balas, más de 700 acciones judiciales por tortura y violencia sexual. La mayoría de estas acciones, sin autores materiales aún, y muy pocas con investigaciones en curso.
Este escrito no pretende determinar el quehacer individual y/o colectivo, ni juzgar la participación o no de los actores sociales en el proceso constituyente, sino más bien entregar elementos para el debate, quizás posterior al plebiscito, sobre la necesidad de reconstruir aquel movimiento que cooptaron las élites políticas y que hoy deja desprotegidxs a lxs presxs de la revuelta, sus familias y gran parte del pueblo que continúa luchando. Es necesario accionar desde la solidaridad a quienes pusieron el cuerpo a la revuelta popular y que hoy, por lo hegemonizante que se determinó esta coyuntura, no son tomados en cuenta. No podemos olvidar la existencia de presxs políticxs en este país, no con fines de martirizar a quienes hoy se encuentran tras los muros de las cárceles, sino porque naturalizar esta situación determinaría el triunfo de nuestros enemigos sobre la consciencia colectiva. Recordar que quienes hacen un llamado a la “fiesta de la democracia” dieron rienda suelta a la policía que asesinó, a una semana de esta instancia, a Aníbal Villarroel en la población La Victoria.
Si Chile despertó, entonces que se levante.
Comentario