Por: Javier Larraín
El día de ayer, jueves 19 de noviembre, el Director de Carabineros de Chile, general Mario Rozas, renunció a su cargo. ¿El motivo? Un piquete de uniformados irrumpió en un Hogar de Menores (a cargo del Estado) de la ciudad sureña de Talcahuano y baleó a dos adolescentes, uno de los cuales tuvo que ser sometido a cirugía.
En sus 23 meses de gestión, el General se despide con el tétrico saldo de dos mil 520 querellas por violaciones a los DD.HH. (460 por torturas); tres mil 23 víctimas de violaciones a los DD.HH. (más de 1/3 de mujeres, niños y adolescentes); 163 personas con trauma ocular; medio millar de víctimas de apremios ilegítimos y violencia sexual; medio centenar de víctimas fatales; entre otros abusos reportados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, a marzo de 2020.
La pasada semana, el día sábado 14 de noviembre, el Seguro Social de Salud del Perú informó de la muerte de Jack Pintado (22 años) e Inti Sotelo (24 años), ambos asesinados a balazos por la policía en el centro de Lima. ¿El motivo? Participar de una protesta contra el ahora depuesto presidente Manuel Merino, cómplice del golpe de Estado parlamentario del 9 de noviembre contra el presidente Manuel Vizcarra, inhabilitado por “permanente incapacidad moral», sin juicio alguno ni pruebas condenatorias.
Hace poco más de dos meses, el miércoles 9 de septiembre, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires –llamativamente numerosa, con sus 90 mil miembros–, en reclamo por mejoras salariales, asedió la residencia presidencial Quinta de Olivos, impidiendo la circulación –nada más ni nada menos que– del presidente de la Argentina, Alberto Fernández.
Un día antes de aquello, el martes 8 de septiembre, fue asesinado en Bogotá, capital de Colombia, el abogado y padre de dos niños Javier Ordóñez (42 años). ¿La causa? Once descargas eléctricas propinadas por la policía con pistolas de electrochoque, mientras suplicaba: “por favor, no más”. Tras una protesta desatada de inmediato por la brutalidad policial, fueron abatidos otros siete ciudadanos, mientras que otros 400 fueron heridos de bala. Menos de una semana antes, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) había publicado un informe en que denunciaban 48 masacres hasta agosto de 2020 en el país, con un saldo de 192 personas asesinadas en manos de agentes del Estado.
Hace 13 meses, el viernes 8 de noviembre de 2019, policías de la ciudad de Cochabamba, en el corazón de Bolivia, se amotinaron en el edificio de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP), dando así luz verde a un perfectamente planificado golpe de Estado cívico-policial-militar contra el presidente Evo Morales, consolidado el día 10, y que dejó en las jornadas siguientes más de una treintena de muertos.
El rosario de atropellos puede extenderse por país, ampliando fechas y un largo etcétera. Todos tienen un denominador común: las víctimas son personas desarmadas, ciudadanos y ciudadanas que ven conculcada su libertad de expresión en manos de quienes, junto a las Fuerzas Armadas, han sido encargados supuestamente por la propia sociedad para resguardar el orden y, por paradójico que resulte, la propia libertad de expresión.
Es de sobrado conocimiento el protagonismo que las policías de esta parte del continente cobraron cuando las dictaduras cívico-militares de segunda mitad del siglo pasado, que dejaron un nutrido número de detenidos, torturados, muertos y desaparecidos. Al parecer, y a la luz de los hechos, las últimas tres décadas no han bastado para resetear dichas instituciones y sus miembros, quienes con mayor financiamiento, con armamento más letal y tecnología de punta, siguen viendo a las personas de pie como sus enemigos y protegiendo al capital. Quizás por esto quepa preguntarnos urgentemente: ¿qué haremos con las policías en América del Sur?
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