Por: Carlos Echazú Cortéz
El debate sobre el golpe de Estado en noviembre de 2019 no es solamente un tema de dilucidación histórica. Si fuera así, cada quien tiene derecho a interpretar la historia como mejor le parezca y le dicte su conciencia (los que la tienen). El hecho más bien es que estableciéndose que realmente hubo un golpe de Estado, pues deben determinarse las responsabilidades. Por eso es que la derecha se desespera y entra en pánico cada vez que se toca el tema y van conociéndose detalles y otros elementos de aquellos funestos días. La convicción en torno a que realmente fue un golpe de Estado es cada vez más generalizada. Se acerca entonces el momento en que los golpistas rindan cuentas por sus actos.
En este marco, se han hecho públicos diversos testimonios de personas que fueron detenidas, sin el más mínimo sustento jurídico y tampoco con las formalidades de ley, en el contexto de una persecución política desatada por el desaforado Arturo Murillo. Entre los testimonios que se han hecho públicos por redes sociales (ignorados o minimizados por los grandes medios de comunicación) destacan los siguientes:
Alex Ferrier, exgobernador del Beni, una vez liberado denunció que fue amenazado vía telefónica que iban a ir a quemar su domicilio, por lo que tuvo que salir huyendo de este. Los guardias de la Policía que tenían en la seguridad de su casa, en calidad de gobernador, fueron retirados al momento en que la turba se acercaba a incendiarla. Cuando él les preguntó por qué se retiraban justamente cuando su domicilio era amenazado, ellos contestaron que eran instrucciones superiores. Dice que uno de los argumentos que origina su detención era un informe de inteligencia sin la firma del oficial que supuestamente elabora el informe. A los tres días de estar en el penal de Mocovi, lo trasladaron a Chonchocoro, prácticamente secuestrado, porque no había instrucción de un juez en tal sentido, y sin que supiera ni su familia, ni sus abogados. En Chonchocoro, el primer día lo hacen dormir parado. A los cuatro días comienzan a torturarlo, sacándolo a la intemperie, en horas de la noche, encapuchado, semidesnudo. En ese momento le piden dos cosas: que renuncie públicamente al MAS, por ser un «partido de narcotraficantes», y la segunda, que dijera que había visto a Evo Morales con la muchacha Noemi, la joven con la que calumniaron a Evo, en momentos en que este fue a los Juegos Plurinacionales. A tal situación se negó y entonces le echaron agua a las 10 de la noche, solamente estaba en calzoncillos. Cuatro noches seguidas hicieron lo mismo. Lo hacían hasta que comenzaba a tener signos de hipotermia. Luego le explicaron que quienes lo habían torturado esas noches no eran los guardias del penal, sino gente que venía del Ministerio de Gobierno.
Patricia Hermosa, exjefa de Gabinete de Evo. La detuvieron cuando fue a entregar la documentación de este para tramitar su candidatura. Fue en vía pública, sin ninguna orden de aprehensión. Le quitaron toda la documentación. La detuvieron, pese a que les dijo que estaba embarazada. En la audiencia cautelar le mandan al penal de orientación femenina de Obrajes. Estuvo seis meses detenida y nunca le tomaron su declaración, pese a que ese era el objeto de su detención. Allí en la cárcel tuvo un aborto espontáneo, sin que tuviera atención médica alguna. Se le acusó por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo por el solo hecho de haber hablado por teléfono con Evo Morales, pese a que solo tuvo un par de conversaciones con él por temas administrativos. Al finalizar los seis meses de su detención, pasó 40 días encerrada en una pequeña enfermería, porque supuestamente tenía Covid-19, lo que era falso.
Abyen Huaranca, enfermero que pasaba por la calle en Senkata en el momento en que ocurría la masacre. Se detuvo a auxiliar a los heridos. Lo detuvieron supuestamente por ejercicio ilegal de la profesión, cuando en realidad tiene licenciatura en enfermería. El vio fallecer a varias personas en ese momento, pero también salvó la vida a varios heridos. Lo acusaron de ser terrorista y que estaba haciendo sedición. Le agarraron a patadas, le sacaron los dientes, le rompieron la nariz de una patada. Durante tres días «hizo baño sangre». Le pusieron corriente a sus testículos. Un teniente le metió un bolígrafo en su trasero. Sostuvo que los que le interrogaron no eran militares bolivianos, porque no hablaban claramente el español. Le exigían que declarara que el MAS le había pagado cinco mil bolivianos por denunciar la masacre en Senkata. Un coronel le golpeó con un palo en la cara, afectando sus ojos, por lo que ya le cuesta ver con un ojo.
Faustino Yucra, dirigente campesino que fue acusado de recibir órdenes de Evo Morales, vía telefónica, para cercar las ciudades y no dejar entrar alimentos a ellas. Yucra afirmó que el audio fue montado. Una vez detenido, denunció que le ofrecieron 200 mil dólares para inculpar a Evo Morales. Sostuvo además que torturaron a su hijo, persiguieron sañudamente a su familia.
Estos testimonios, reproducidos de modo muy somero, demuestran que lo ocurrido solo pudo darse dentro del marco de un golpe de Estado. Todos ellos son plenamente creíbles, pues son concordantes con otras denuncias que se hicieron por otras personas sobre estos casos y muestran un mismo modus operandi, que conllevó a las detenciones arbitrarias e ilegales, las torturas y las presiones y extorsiones a las víctimas para que declararan en contra de Evo Morales y el MAS. Estos cuatro testimonios no son de ningún modo hechos aislados, más bien son ejemplos de las mil 500 detenciones que se ejecutaron por el gobierno de facto.
Luego de tener conocimiento de estos hechos, ¿puede alguien –que se precie de honesto– decir que lo que ocurrió en noviembre de 2019 no fue un golpe de Estado?
Comentario