Por: Mercedes López San Miguel
La mala gestión del mandatario ecuatoriano incluye falencias logísticas, recortes presupuestarios y escándalos de vacunación vip.
Cuando en abril de 2020 asolaba la primera ola del coronavirus, una imagen dolorosa aparecía ante los ojos del mundo: en Guayaquil se acumulaban los cadáveres en las calles. Un año después, en medio de la segunda ola, cientos de adultos mayores esperaron en largas filas hasta siete horas para recibir la vacuna en colegios y sanatorios de Quito. En este período de tiempo marcado por el desmanejo absoluto de la pandemia por parte del gobierno de Lenín Moreno, cayeron cuatro ministros de Salud. Una crisis que incluyó graves falencias logísticas, recortes presupuestarios y escándalos de vacunación vip.
Ya en marzo de 2020 Catalina Andramuño, saliente titular de Salud, señalaba en una carta que “enfrentar una emergencia sanitaria sin recursos es complicado». Como consecuencia del préstamo del Fondo Monetario Internacional (por 10.200 millones de dólares), Moreno llevó adelante un ajuste en el Estado que afectó seriamente al sector de la salud.
El sociólogo ecuatoriano David Suárez afirma a PáginaI12 que la institucionalidad sanitaria está socavada. “El acuerdo con el FMI supuso un recorte en el presupuesto nacional, y se redujo en salud en plena pandemia, cuando normalmente se reorganizan las finanzas. No hubo fondos de emergencia. Fueron 720 millones de dólares menos entre 2017 y 2020”.
Para el analista, se hizo un confinamiento temprano y cuando comenzó la reapertura en junio pasado faltaron medidas de control y prevención. “No hubo una estrategia institucional, a lo que se sumó la falta de credibilidad del gobierno, que con su palabra devaluada tiene dificultades serias para dar mensajes de cuidado a la población. El panorama hoy es de una anomia social”
Lenín Moreno dejará el poder el 24 de mayo anclado en un ocaso político irreversible, con tan sólo un 8 por ciento de aprobación, tras una gestión dañina en los planos económico, institucional y sanitario.
La situación de pandemia se mantuvo en picos de alza. En las últimas semanas, los contagios no han dejado de crecer y ya circulan las variantes nuevas en Ecuador, lo que llevó a Moreno a decretar la semana pasada el estado de excepción por 30 días en ocho provincias, donde vive cerca del 70 por ciento de la población. La zona más afectada es Pichincha (que alberga a la capital, Quito) con el 38,8 por ciento de los casos seguido por Guayas (Guayaquil es su capital), con el 13 por ciento. En ambas ciudades, centrales de Ecuador, la frágil situación hospitalaria muestra signos de agotamiento.
El registro oficial de fallecidos marca más de 17.000, pero análisis de las muertes por encima de la normalidad estiman que el número sería el doble, dado que muchos fallecimientos de la primera etapa no fueron registrados como víctimas de covid. Suárez señala además que no existe una política nacional de testeo. “Apenas se hicieron testeos, que no son públicos sino privados y cuestan 79 dólares. Se hicieron 1.183.906 pruebas PCR en un año en una población de 17 millones de habitantes».
A todo eso, salieron a la luz cientos de irregularidades en la compra de materiales médicos como tapabocas, pruebas de coronavirus o bolsas para transportar cadáveres. Cuando la campaña de inoculación de la población es marcadamente lenta (recibieron la primera dosis poco más de 274 mil ecuatorianos) se destaparon escándalos de vacunación vip.
Juan Carlos Zevallos renunció al ministerio de Salud a fines de febrero luego de que se revelara que varios de sus familiares, incluida su madre, habían sido vacunados. Su sucesor, Rodrigo Farfán, presentó su dimisión el 19 de marzo, después de que se divulgara una lista de «vacunados gold». Según el medio La Posta, la lista incluía a la esposa de Lenín Moreno, Rocío González, funcionarios, periodistas y académicos.
El reemplazante de Farfán, Mauro Falconí, duró 19 días al frente de Salud. Moreno lo destituyó el jueves pasado ante un nuevo escándalo, esta vez por total impericia: los medios mostraron a cientos de ancianos esperando hasta siete horas en largas filas para vacunarse, y algunos ni siquiera recibieron su dosis.
Ante este panorama, el electo presidente Guillermo Lasso ya prometió que inmunizará contra el coronavirus a 9 millones de ecuatorianos en sus primeros 100 días de gobierno, de forma gratuita y con prioridad para el personal médico y los grupos vulnerables. El exbanquero dijo que para conseguirlo apelará a la negociación con los distintos fabricantes y a la ayuda de países «amigos» como Estados Unidos.
Promesas de campaña que parecen guionadas por un experto que sabe de esos inventos. Jaime Durán Barba, contratado de urgencia para remontar la segunda vuelta, apareció en la lista de los vacunados de privilegio, una noticia que el asesor niega y que apenas tuvo recorrido en los medios hegemónicos de Ecuador.
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