Por: Eric Nepomuceno
Nuevas imágenes divulgadas en los últimos días refuerzan lo ya sabido: la impunidad total con que actúan mineros ilegales en la región amazónica, inclusive en áreas de reserva ambiental y territorios demarcados de comunidades indígenas, crece cada vez más.
Ahora son centenares de barcos anclados en aguas del río Madeira, a unos 115 kilómetros de Manaos, capital del estado de Amazonas, todos dedicados a buscar oro (foto).
Llegaron hace poco más de quince días y se instalaron. La extracción mineral está prohibida en la región, pero trabajan sin que nadie les moleste.
Contaminación
Además de ilegal, la minería trae un riesgo mayor: contaminación por mercurio. Los mineros revuelven el fondo del río, filtran para buscar oro y luego devuelven el agua contaminada, que por su vez contaminan a los peces que son la dieta básica de la población.
Especialistas dicen que, pese al impacto provocado por las imágenes, la minería en aguas del río Madeira es menos destructora que las invasiones de reservas indígenas.
Las invasiones de las reservas del pueblo Yanomami tanto en el estado de Amazonas como en el vecino Roraima se dan por bandos organizados que llegan en aviones y helicópteros, disponen de equipos caros, cuentan con respaldo financiero de narcotraficantes y con la inercia del gobierno, cuando no el incentivo, para actuar impunemente.
El pasado miércoles, cuando la acción en las aguas del Madeira ya cumplía dos semanas, las autoridades decidieron abrir una investigación. Al día siguiente el vicepresidente, general reformado Hamilton Mourão, anunció que la Policía Federal y la Marina “se preparan para actuar”. Cuándo, no dijo. Lo más probable es que ya no encuentren a ninguno de los mineros ilegales.
Aislamiento
Se trata de otro avance en la degradación ambiental desatada bajo el ultraderechista Jair Bolsonaro. Como consecuencia inmediata, vendrán más presiones y crecerá el aislamiento de Brasil en el escenario internacional.
El pasado jueves el embajador alemán en Brasilia, Heiko Tohms, alertó que el nuevo gobierno de su país, encabezado por Olaf Scholz, dará más énfasis a la cuestión ambiental. De paso, destacó que recibió, de parte del gobierno de Bolsonaro, informaciones “equivocadas” – diplomáticamente evitó la palabra correcta, “mentirosas” – sobre el avance del desmate en la amazonia.
En reuniones con integrantes del gobierno, fue informado de que el desmonte había retrocedido un cinco por ciento entre agosto de 2020 y julio de 2021. En realidad aumentó el 22 por ciento. Dijo que fue “una gran sorpresa negativa”.
A propósito de esos datos, conviene recordar que estaban consolidados y disponibles desde el 27 de octubre, cuatro días antes del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Glasgow. Otra de las manipulaciones de Bolsonaro y compañía: solo fueron conocidos cuatro días después del cierre de la reunión.
El aumento de 22 porciento permitió el cálculo de lo que ocurrió entre agosto de 2020 y el pasado mes de julio: el desmonte de al menos 745 millones de árboles, lo que significa 13.235 kilómetros, un área equivalente a 65 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el primero de enero de 2019, cuando Bolsonaro llegó a la presidencia, fueron tumbadas – ¡ojo! – mil novecientos millones de árboles.
Pero el ultraderechista insiste en disminuir el tamaño de la tragedia y sus consecuencias no solo para el medioambiente, sino también para la imagen de Brasil, cada vez más desgastada en el escenario global.
Desangra
Mientras la amazonia desangra frente a los ojos del mundo, su gobierno oscila entre la inercia y el incentivo a las agresiones a reservas indígenas, invadidas con voracidad creciente.
El ultraderechista trata de defenderse a los ojos del mundo, trata de convencer que lo que ocurre no ocurre. Esfuerzo inútil.
Lo más graves es que el precio del desastre no caerá sobre los hombros del gobierno, pero de los 213 millones de brasileños.
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