Laura Carlsen
Desinformemonos
Traducción de Sofía Sánchez Morales
Su nombre era José Antonio Elena Rodríguez. A los 16 años, estaba terminando la secundaria y viviendo con su abuela en el lado mexicano de la ciudad fronteriza de Nogales.
El 13 de octubre de 2012, José Antonio fue alcanzado por una ráfaga de balas provenientes del lado estadounidense de la cerca metálica que atraviesa Nogales. Unos siete tiros penetraron el cuerpo del muchacho por la espalda y la cabeza. Murió instantáneamente.
Sentada en una concurrida cafetería de Nogales, Taide Elena, la abuela de José Antonio, muestra fotos de su nieto. Estalla en lágrimas cuando habla acerca de los sueños que “Toñito” tenía.
“Ni siquiera estaba en la línea. Sólo estaba caminando en la acera, a tres cuadras de su casa”, solloza mientras recuerda la noche en que le dispararon. “¿Por qué llevaron a cabo este cruel asesinato?”
Los tiros fueron disparados por agentes de la patrulla fronteriza estadounidense. La patrulla fronteriza afirma que el joven tiró rocas al o los agentes no identificados, quienes dispararon en respuesta. La familia reporta que ni su abogado ni las autoridades mexicanas han recibido información acerca de la investigación en el lado
estadounidense. Mientras circulan versiones contradictorias, la patrulla fronteriza ni siquiera revela los nombres de los agentes bajo investigación.
La patrulla fronteriza autoriza a sus agentes a responder al lanzamiento de piedras con fuerza letal. Ésta no es la primera vez que agentes han disparado hacia México y matado hombres jóvenes por supuestamente lanzar piedras hacia la frontera.
La Southern Border Communities Coalition (Coalición de Comunidades de la Frontera Sur) ha registrado 19 casos de personas asesinadas por la patrulla fronteriza, tan sólo desde 2010. La Coalición, formada en marzo de 2011, aglutina a más de 60 organizaciones en California, Arizona, Nuevo México y Texas, para “asegurar que las políticas y prácticas de control fronterizo son responsables y justas, respetuosas de la dignidad humana y los derechos humanos y evitar la pérdida de vidas en la región”.
El 2 de diciembre, otra personas fue muerta a tiros por la patrulla fronteriza, 12 millas al noroeste de Sasabe, Arizona, en un asesinato que aparentemente ni siquiera se habría hecho público si un reportero de Tucson no hubiera dado seguimiento a una denuncia anónima. A eso hay que añadir el incidente del 25 de octubre, cuando Troopers del estado de Texas en un helicóptero armado, dispararon a un camión lleno de inmigrantes, matando a dos guatemaltecos, y la cifra llega a 22 casos conocidos.
Los números por sí mismos justifican llamar a esto una matanza. La patrulla fronteriza puede alegar que algunos de estos asesinatos fueron accidentales, pero en la actual mentalidad de guerra entre las fuerzas de seguridad fronteriza estadounidenses, parece importar poco quién murió o cómo.
El Departamento de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado tras el tiroteo a José Antonio, refiriéndose a dichas muertes como “un serio problema bilateral”. La violencia ha atraído incluso la atención de Navi Pillay, Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU, quien declaró que los numerosos reportes de jóvenes asesinados en la frontera muestran “uso excesivo de la fuerza por la patrulla fronteriza estadounidense”.
Los medios le prestan atención esporádicamente a lo que está sucediendo cuando alguien es asesinado. Pero el problema de la violencia de las patrullas fronterizas parece ser endémico. El grupo estadounidense de derechos humanos No More Deaths (No más muertes) emitió un reporte el año pasado, llamado “Cultura de crueldad” en el que señaló 30 mil casos de abuso por parte de la patrulla fronteriza entre noviembre de 2008 y marzo de 2011.
Otros grupos de derechos humanos han emitido reportes y presentado quejas a organizaciones internacionales, y el gobierno mexicano se queja brevemente cada vez que un mexicano es asesinado. Pero las muertes y abusos siguen aumentando.
Injusticia fronteriza
No sólo están siendo asesinados jóvenes mexicanos por fuerzas de seguridad estadounidense en la frontera. Sus muertes usualmente no son castigadas. Una investigación del Arizona Daily Star encontró que las agencias fronterizas anuncian investigaciones y después,
frecuentemente, las sellan del escrutinio público. A menudo sucede que meses o años después, anuncian calladamente que sus agentes han sido liberados de todos los cargos y que el caso está cerrado.
Durante el mismo periodo estudiado por la Southern Border Communities Colition, cuatro agentes fronterizos fueron asesinados en servicio en Arizona. Sus muertes son tan lamentables como las de los mexicanos y guatemaltecos asesinados por agentes. Pero la respuesta de oficiales del gobierno estadounidense y del sistema de justicia a sus muertes, ha sido enteramente diferente.
El oficial de patrulla, Brian Terry, fue asesinado en un tiroteo en diciembre de 2010. Las autoridades mexicanas detuvieron a dos sospechosos, uno de ellos confesó. La muerte de Terry se convirtió en una causa célebre entre los críticos de la administración Obama, cuando fue revelado que fue asesinado por armas “caminadas” a través de la frontera a los delincuentes bajo un programa de gobierno de los Estados Unidos, llamado Rápido y furioso. Sus parientes presentaron una demanda por homicidio culposo contra los responsables del programa en febrero.
Cuando el agente de patrulla fronteriza Nicholas Ivie fue asesinado el 2 de octubre del 2012, el gobierno mexicano nuevamente respondió rápidamente, deteniendo a dos sospechosos en pocos días.
Aparentemente, demasiado rápido. Este afán para responder fue pronto cuestionado cuando el FBI reportó que sus resultados preliminares mostraban que Ivie había sido asesinado por “fuego amistoso”—es decir, por un agente fronterizo a quien él había disparado, aparentemente, en confusión.
Jan Brewer, gobernadora de Arizona, dio el 2 de octubre una
declaración pública buscando usar el fatal tiroteo para criticar al gobierno federal por no apoyar aún más la “seguridad” en la frontera. “Esto no debería ser sólo un día de lágrimas”, dijo, “debe haber ira, también. Justa ira -al tipo de mal que causa dolor tan profundo, y ante el fracaso federal y el estancamiento político que ha dejado a nuestra frontera sin garantía y nuestra Patrulla Fronteriza en peligro. Cuatro agentes caídos en menos de dos años es el resultado”.
Los otros dos agentes fueron asesinados cuando manejaban su patrulla hacia un tren de carga durante la persecución de presuntos traficantes de drogas.
Así que, de los cuatro agentes, uno fue asesinado por otro agente, uno por armas estadounidenses, y dos más cuando estrellaron su carro contra un tren. Con la excepción de Terry, sus muertes violentas no fueron resultado directo de la “maldad” de contrabandistas mexicanos, y mucho menos de “fracaso federal” para asegurar la frontera.
El contraste en las respuestas oficiales a los asesinatos de agentes estadounidenses y de mexicanos, y las confusas circunstancias en las muertes de los agentes, revela algunas de las profundas
contradicciones en las políticas de seguridad fronteriza
estadounidense. Los agentes fueron “puestos en peligro” no debido a las “fronteras inseguras”, sino como resultado directo de las políticas estadounidenses excesivamente violentas y descuidadas de seguridad fronteriza. Cuando añadimos a los 22 mexicanos, en su mayoría desarmados, fusilados o golpeados hasta la muerte en circunstancias que nunca han sido plenamente reveladas, éstas políticas parecen no sólo erróneas, sino también criminales.
Fuerza letal
“No es justo que le quiten la vida a un niño” dice Elena, llorando. “No son animales; están matando a seres humanos, gente con derecho a vivir. ¿Piensan que sólo porque tienen un arma y una insignia pueden hacer lo que quieran? ¿O tal vez piensan que por hacer esto serán héroes en los Estados Unidos?”
El uso de fuerza letal por parte de la patrulla fronteriza se convirtió en un problema importante hace 2 años, cuando Sergio Hernández, otro adolescente mexicano, fue asesinado cuando la patrulla fronteriza tiró balas a través de la frontera de Ciudad Juárez. Meses después, la patrulla fronteriza decidió no castigar al agente que mató al muchacho. La familia de Hernández, comprensiblemente molesta, ha decidido demandar al agente que lo mató. El gobierno estadounidense se ha rehusado a entregar evidencia en video que podría aclarar lo que realmente pasó, a pesar del proceso legal.
Dos años y medio después de que Sergio fue asesinado en Ciudad Juárez y dos meses después de la muerte de José Antonio, el gobierno estadounidense finalmente ha llamado una revisión de las reglas respecto al uso de fuerzas letales en la frontera.
Policías de las patrulla fronteriza parecen justificar el uso de fuerza letal en virtualmente cualquier situación considerada necesaria a menudo por agentes asustadizos con mandatos imposibles,
entrenamiento inadecuado, y creencias racistas; la decisión de reevaluarlos es ciertamente un paso en la dirección correcta. Los próximos pasos deben incluir reglas para hacer la información disponible al público, las autoridades mexicanas, y familias y comunidades afectadas; investigaciones abiertas y completas; enjuiciamiento en lugar de encubrimientos, de aquellos encontrados culpables de abusos fatales y no fatales; y una nueva política que restrinja significativamente el uso de armas de fuego.
Lo más importante, objetivos de “seguridad nacional” no probados y mal definidos nunca deben ser usados para negar derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a la vida. Un compromiso real a la seguridad debe colocar la vida humana y la seguridad pública por encima de todo lo demás – sin importar en qué lado de la frontera te encuentres.
Fuente: http://desinformemonos.org/2013/01/cuando-la-seguridad-nacional-se-convierte-en-una-licencia-para-asesinar/
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