Por: Eric Nepomuceno
El pasado viernes surgió un hilo de luz – tenue, todavía impreciso, pero al fin y al cabo de luz – en la batalla contra la destrucción ambiental llevada a cabo por el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro: el Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la Justicia en Brasil, inició el juicio de la llamada “agenda verde”, constituida por siete acciones relacionadas a cuestiones ambientales presentadas ante la Corte.
El juicio es considerado histórico. Las acciones acusan el gobierno de amenazar, por actos y por omisiones, el medioambiente, en especial la región amazónica. Uno de los integrantes de la Corte dijo a la prensa, bajo condición de anonimato, que “si el gobierno es omiso, el Judiciario no podrá omitirse”.
Actualmente existen en el Supremo Tribunal Federal nada menos que 80 acciones presentadas – y aceptadas – relacionadas directamente a la política ambiental del gobierno. Es una marca histórica. Las siete que empezaron a ser analizadas son, por lo tanto, menos de 10 por ciento de ese total.
El tema es considerado fundamental, frente al cuadro de devastación incentivado directamente por Jair Bolsonaro. E interesa no solamente a Brasil, es considerado una cuestión global.
Siete acciones
Las siete acciones bajo análisis cuestionan el desmontaje, de parte del gobierno, de instituciones dedicadas a prevención de la devastación de forestas y de punición a acciones ilegales. También denuncian decisiones del gobierno consideradas temerarias, cuando no francamente ilegales, en el área ambiental. La primera de esas acciones acusa el gobierno de haber, de manera intencional, liquidado el plan de acción para prevención y control de la destrucción de la foresta en la región amazónica.
Tal plan, instituido en 2004 bajo el gobierno del expresidente Lula da Silva, logró, hasta 2013, gracias a cambios en la legislación de la época relacionada a fiscalización y represión a crímenes ambientales, reducir en 80 por ciento la destrucción forestal.
Eso significa, en números aproximados, que veinte mil millones de árboles no fueron tumbados, y que cinco mil millones de toneladas de carbono dejaron de ser emitidas.
Ha sido, según investigadores y científicos, la mayor contribución de un país en el combate a las causas de cambio climático en todo el mundo.
Punto de no retorno
En el primer día del juicio en la corte suprema brasileña, los abogados que trabajan junto a los autores de las acciones insistieron en resaltar que la amazonia, bajo Bolsonaro, está muy cerca de un punto de no retorno, a partir del cual pasará por cambios irreversibles.
Es decir: el país está al borde del abismo. Se trata de una muy intensa amenaza al equilibrio ecológico no solo de Brasil, también mundial.
Vale reiterar lo que dije aquí hace una semana: desde la llegada de Bolsonaro al sillón presidencial hubo un bajón de casi el 83 por ciento en acciones de embargo a actividades de deforestación. También hubo una reducción drástica del 81 por ciento en aprensiones realizadas por el IBAMA, el Instituto Brasileño del Medioambiente. Y al menos cinco mil condenas por infracciones ambientales fueron deliberadamente olvidadas, y gracias a esa omisión del gobierno están al borde de la prescripción.
Se trata, evidentemente, de una acción tan macabra como inconstitucional, cuyo resultado es el aumento no solo de la destrucción del medioambiente pero también de claro incentivo a la impunidad.
Destrucción de foresta
De esa manera se llegó a un escenario dilacerante: el año pasado, y en comparación con 2018, o sea, un año antes de la llegada de Bolsonaro a la presidencia, se registró una elevación de 76 por ciento en la destrucción de la foresta en la región amazónica.
Cuando se observa la deforestación en tierras indígenas, el aumento fue de 138 por ciento en el mismo período. Y en las unidades de conservación determinadas por legislación específica, de 130 por ciento.
Vale reiterar: eso, en los tres primeros años del actual gobierno.
Ya el índice de emisiones que provocan emergencia climática superó tres veces la meta establecida.
Frente a semejante cuadro, tan desesperador como amenazador, la última esperanza es que el Supremo Tribunal Federal cumpla con su deber de hacer respetar la Constitución y ponga un freno definitivo a la obsesión de Bolsonaro con destrozar todo, absolutamente todo que fue construido a lo largo de décadas.
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