Honduras: los terratenientes y la oligarquía siguen matando.

En el transcurso de 48 horas fueron asesinados en Honduras dos defensores de los derechos humanos. El domingo caía acribillado Antonio Trejo Cabrera, apoderado legal de un grupo de campesinos del Valle de Aguán que reclaman sus tierras en la región de Colón, arrebatadas por terratenientes. El letrado había denunciado amenazas y solicitado protección para él y sus familiares.

Dos días después, el fiscal de Derechos Humanos en Choluteca, Manuel Eduardo Díaz Mazariego, de 40 años, fue atacado en plena mañana por sicarios que le acribillaron desde una motocicleta con la que luego huyeron del lugar. El asesinado, que también era profesor de Derecho se dirigía a su oficina luego de realizar unas diligencias propias de su cargo en Tribunales. Era oriundo de Tegucigalpa y deja seis hijos pequeños, el mayor de 12 años. Según los peritos policiales, Díaz Mazariego recibió once impactos de bala. El fiscal era considerado una persona consecuente en su tarea. Ya en abril del 2008 había participado junto a otros fiscales de una huelga de hambre para exigir una serie de medidas en favor de la transparencia y contra la corrupción en ese ministerio público.

Los sucesores del gobierno golpista que derrocó al gobierno constitucional de Manuel Zelaya en junio del 2009, han resultado dignos herederos de ese legado de violencia e impunidad. Durante el gobierno de Porfirio Lobo, han sido asesinados 74 abogados y más de veinte periodistas o profesionales de la comunicación. Su mandato alcanzó el reconocimiento de Estados Unidos y de gran parte de lo que se denomina “la comunidad internacional” a pesar de ser el resultado de unos cuestionados comicios realizados por los golpistas. La corrupción y el crimen crecen en un marco de total impunidad. Los asesinatos selectivos de aquellos que “molestan” al poder, o a los terratenientes, son algo cotidiano.

Desde las Naciones Unidas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, exigió al gobierno de Porfirio Lobo que termine con la impunidad, en referencia a los asesinatos de activistas campesinos, miembros de la Resistencia, periodistas, abogados, y defensores de los DD.HH. en Honduras. Navi Pillay, afirmó que “en Honduras hay un amenazante clima de inseguridad y violencia. Y los defensores de los derechos humanos son objetivo de amenazas, acoso y asesinato. La impunidad que rodea estas violaciones es inaceptable.” Estos pedidos se suceden desde hace años cada vez que se produce un asesinato de similares características. La respuesta oficial es “lamentar lo sucedido” y prometer que “se investigará a fondo”. A veces se detiene a algún “sospechoso”, como para calmar a la opinión pública, pero nunca se llega a procesar y condenar a los responsables de instigar esos crímenes, generalmente ejecutados por sicarios pagados.

“Si algo me sucede…”

El defensor de campesinos Antonio Trejo, abogado indigenista, había enviado a Washington un documento en el que apuntaba a los responsables de lo que pudiera pasarle. “ De sucederme algo a mí, a mis nietos o a mi familia, responsabilizo a los señores Miguel Facussé ( y otros ) quienes pueden atentar contra mi vida mediante sicariato, ya que saben que las demandas que hay en su contra están prosperando y los campesinos van a recuperar las tierras que les despojaron ilegalmente.”

Facussé es un poderoso terrateniente, miembro de una familia acaudalada de Honduras que estuvo totalmente implicado en el golpe cívico-militar que terminó con el gobierno de Mel Zelaya en el 2009. Además de defensor de los campesinos, Trejo Cabrera era también precandidato a diputado por el Frente Amplio Popular de Resistencia, ( FAPER).

Los funcionarios del gobierno de Lobo, y el propio presidente, han vuelto a repetir sus lamentos y promesas de que “los crímenes serán esclarecidos”. En realidad, más del 90 por ciento de estos homicidios permanecen impunes y nadie ha sido condenado por ellos.

“Nos están exterminando con total impunidad”

Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) afirmó que el abogado Trejo estaba muy comprometido tanto con la defensa de los derechos de las familias campesinas del Bajo Aguán, como en la salvaguarda de la soberanía nacional, amenazada por el proyecto de crear las llamadas “ciudades modelo”. En una entrevista con el periodista Giorgio Trucchi, la dirigente popular afirmó que “aquellos que conspiran contra el pueblo, no tienen ningún reparo en eliminar a quienes les estorben en su propósito de hacer negocios en el país”. Añadió Bertha Oliva que los terratenientes y las familias que reiteradamente han sido señaladas como las que se han adueñado ilegalmente del país, están en una ofensiva en contra del campesinado, de la y los defensores de los derechos humanos, así como de quienes acompañan al pueblo en su demanda de justicia social.

Declaró que las instituciones del estado están ausentes, desplomadas, incapaces de actuar con justicia, en colusión con los asesinos. “Y nos están asesinando, exterminando con total impunidad. Nos sentimos solas, agobiadas y demandamos, exigimos la presencia de la comunidad internacional al lado de este pueblo”. También denunció que le preocupa que el Departamento de Estado norteamericano diga en su informe que en Honduras ha habido avances en materia de justicia y de eficiencia del Ministerio Público. “La impunidad no se combate con mentiras, ni con más militarización o involucrando en una supuesta solución a los que fomentan y son cómplices de la impunidad.”

La dirigente popular hondureña dio mucha importancia a la solidaridad internacional y dijo que la coordinación con los grupos y redes que difunden lo que de verdad pasa en Honduras va a ser clave en esta coyuntura.

El silencio es complicidad

En el 2009 publicamos varios artículos con amplios datos sobre la conspiración de las “100 familias” que controlan Honduras y sus intereses que terminó con el derrocamiento de Zelaya. Después otros sobre la Resistencia Popular.

Y en abril del 2010 circulábamos una reflexión que titulábamos : “¿Se acuerdan de Honduras ?” (Ver en nuestra página www.serpal.info el Envío 317 ) .

Y escribía entonces: “Si en alguna facultad de periodismo quisiera explicarse lo que es la manipulación u ocultación de la realidad por los medios, no faltarían argumentos. Pero en estos dias, lo que sucede en Honduras y el silencio que cubre y protege la represión sistemática del gobierno de Porfirio Lobo y el “reordenamiento” del país según los intereses de su oligarquía y de las transnacionales, sería un ejemplo difícilmente superable.”

Se torna indispensable repetir la pregunta: “¿ Se acuerdan de Honduras ?”, porque el silencio sigue siendo cómplice de la represión sistemática de su pueblo.

Los dos nuevos asesinatos que describimos en esta nota, se suman a una ola represiva iniciada a partir del golpe militar de junio del 2009, pero que continuó durante el gobierno de Lobo. Los escuadrones de la muerte siguen actuando con total impunidad. El gobierno de Obama, la secretaria de Estado Hillary Clinton, el secretario de la OEA Miguel Insulza y otros cómplices significativos en América Latina, han tolerado y permitido, primero el derrocamiento golpista de un gobierno constitucional, y después, la continuidad con otros nombres, de los mismos intereses oligárquicos y excluyentes controlando Honduras.

Estos graves sucesos apenas ocupan espacio en los medios de comunicación hondureños, empresas privadas que en su casi totalidad están controladas por los intereses de las cien familias que controlan el país. Los medios independientes o alternativos, cerrados o amenazados, apenas tienen llegada a la población hondureña.

El silencio internacional también acompaña la dura travesía del pueblo de Honduras, ya que las agencias y los medios controlados por las grandes corporaciones consideran que ese país tiene “un sistema democrático”, y callan o minimizan lo que sucede.

Recojamos el reclamo de la luchadora Bertha Oliva y difundamos “lo que de verdad pasa en Honduras”.

* Carlos Iaquinandi Castro.
Redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa.