Por: Luis Carlos Muñoz Sarmiento
Toda noche, por [urible] larga y sombría que parezca, tiene su amanecer. WILLIAM SHAKESPEARE
Cómo no registrar con emoción los vientos de cambio que, en medio de la crisis climática, se sienten en Colombia. Desde la bóveda interdisciplinaria de La Fábrica de Sueños, se refieren algunos aspectos que registran dichos cambios: 1. Las declaraciones del Ministro de Defensa, Iván Velásquez, en torno a suspender ‘el reclutamiento de jóvenes por el ejército’. 2. Los proyectos en marcha del Ministro de Justicia, Néstor Osuna, en el sentido de que no se destinará ‘ni un peso más para la construcción de cárceles’ en el país. 3. El discurso del presidente Gustavo Petro centrado en tres aspectos: la policía no está para capturar o retener jóvenes en los parques; la policía no está para quitarles las carretas a los vendedores, quizás su único sustento; la policía no está para acosar y/o estigmatizar a los campesinos por cultivar la hoja de coca y arrastrarlos a las cárceles. No es irrelevante que el 25% de los presos en Colombia sea de campesinos, a los que no se les respeta ni siquiera la objeción de conciencia.
Un derecho, de conformidad con el Art. 18 de la Constitución del 91 y de la Ley 48 de 1993, según el cual ninguna persona puede ser obligada a actuar en contra de sus convicciones, cuya garantía descansa en el respeto, en la coexistencia de las creencias morales y se funda en la idea de la libertad humana como principio fundamental de la ética contemporánea. Para Iván Velásquez: “El Ejército no puede retener [ni] conducir a ningún ciudadano a cuarteles o distritos militares para incorporarlos al servicio. Es una práctica ilegal que debe ser suspendida de inmediato”, sentenció vía Twitter. (1) Por su parte, Néstor Osuna, con su medida lanza un reto abierto a la política draconiana gringa y a su sistema militar/industrial carcelario pues no solo se trata de que no haya más cárceles, sino de que hay que desmantelar las que existen y resocializar a los presos del país por vía de la educación y del arte, al destinar los COP$ 2.5 millones mensuales, que cuesta cada uno de ellos, para reintegración social. (2)
Con motivo de la transmisión de mando de la policía y del nombramiento del MinDefensa Iván Velásquez, el presidente Gustavo Petro elevó una justa demanda de igualdad en el trato hacia policías y generales y él mismo se declaró que ‘la condición económica no impida hacer carrera hasta la cúpula’, y ser comandante y hermano de ellos. Porque perseguir jóvenes en los parques, tumbarles las carretas a vendedores y arrastrar a campesinos a las cárceles por sembrar hoja de coca, lo único que va a provocar será unas guerras intestinas (‘secretas clandestinas’, dijo) en los barrios, un choque continuo y creciente entre jóvenes ciudadanos y personal joven de la policía ‘y esa no es nuestra guerra’, concluyó. (3) Y esas guerras son evitables en tanto no sean llamados criminales el campesino ni el joven que consume yerba o cocaína, porque necesitan ser sujetos de dignidad humana (como el soldado) y el segundo la ayuda de un médico o un psicólogo que le ayude a combatir las debilidades de su cerebro.
Contra los COP$ 640 millones que costó cada una de las viviendas en Providencia, de 70 mts2, entregadas o restauradas (4), los COP$ 70 mil millones de Min Tics que dejaron sin conectividad a cientos de niños, los COP$ 461 mil millones que tiene de déficit presupuestal el ICBF y, entre muchos otros temas más, los COP$ 618 mil millones perdidos/embolatados del OCAD-Paz, hay ya en marcha todo un programa de gobierno para resarcir el saqueo del desgobierno anterior. Recuperar 21 millones de Has de la Amazonía es alentador, ordenar evitar quemas humanas/voluntarias y revisar la reconstrucción de Providencia, por efecto del paso del huracán Iota en 2020. Al respecto, la Contraloría acaba de hallar ‘la posible entrega irregular de más de COP$ 2.100 millones a un contratista’. Al ejecutar obras de reparación, rehabilitación y construcción de viviendas, tipo T2/T4, no hubo una adecuada planeación con respecto a la cantidad de unidades habitacionales ni con sus costos, ahora insustentables.
Para la entidad de control, el gobierno (del derroche) ‘no tuvo claridad’ sobre el número de construcciones a intervenir en el llamado ‘Plan de Reconstrucción de Providencia’ propuesto. En tal sentido, tiene en su poder el historial de ocho contratos acordados en 2021, tras el paso del huracán que arrasó con el 98% de la infraestructura de la Isla; como si ello fuera poco, encontró fallas en la calidad del material de ventanas, pisos y muros de las viviendas ya citadas. Inmuebles que se hicieron con estructura metálica y deficiencias en ventanería de madera, fisuras en pisos de cerámica, morteros de fachada y barandas por instalación inadecuada de los elementos, condiciones no aptas para almacenamiento de materiales, defectos en los diseños y/o usos no adecuados a las condiciones climáticas de la Isla. Según Findeter hubo 1.845 viviendas intervenidas, pero nada se habla de los costos inflados, del tamaño de las que se hicieron, de las irregularidades en el sistema hidrosanitario ya acordado.
El no reclutamiento de más jóvenes por el ejército, la no construcción de más cárceles en el país, las acciones de por sí vedadas para la policía, aunque no lo expliciten Velásquez, Osuna ni Petro, en otras palabras, hablan de los impactos de la intervención extranjera, en concreto de EEUU y del Plan Colombia (5), por un lado: porque dicho Plan, al inicio propuesto para luchar contra la droga, terminó siendo un pretexto para exterminar a la guerrilla, con ayuda, claro, paramilitar. Así, se incrementó la violación de DDHH por tratarse de algo autoritario e inconsulto con el alza en la tasa de desplazados forzados: Colombia llegó a tener ocho millones, el mayor número del mundo incluso por encima de Sudán, Siria e Irán. Además, causó cáncer a las personas y dañó el medio ambiente vía glifosato, agenció la concentración sobre la propiedad de la tierra, para atentar de contera contra la seguridad y la soberanía alimentaria. Todo ello lleva a la transición energética para poder enfrentar la crisis ambiental.
Así como, por otro lado, todo ello nos habla de la sin-razón de las cárceles, ya mandadas a recoger en países desarrollados y convertidas en librerías, bibliotecas, centros para resocializar vía educación y arte. Mientras son eliminadas, se recuerda el hasta hoy solo un canto a la bandera: el de los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados por la ONU (Res. 45/111, del 14.dic.1990): 1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos. 2. No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen […], posición económica […]. 3. Sin perjuicio de lo que antecede, es necesario respetar las creencias religiosas y los preceptos culturales del grupo [de] reclusos, siempre que así lo exijan las condiciones […] 6. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana. (6)
Apenas esos cuatro de diez principios conducen a pensar/reflexionar y decidir, como tal vez lo hicieron los ministros Velásquez y Osuna y el presidente Petro, sobre ciertos temas y a hacer unas preguntas: el fin del Esmad tal como se conocía; el incremento del hacinamiento carcelario; la inutilidad de tener presos y sus costos; la cantidad de reclusas e hijas suyas en las cárceles; las muertes violentas dentro de las mismas; virus, enfermedades y epidemias más frecuentes; tipos de tortura; autoridades comprometidas en ellas. Ahora las preguntas: ¿tienen los reclusos, o se les brindan, oportunidades de trabajo? ¿Son adecuados los sitios de trabajo carcelario? ¿Se les vulnera o no la libertad de expresión, de opinión y de movimiento? ¿Cómo se aplica el aislamiento en tanto sanción? ¿De verdad resocializa la cárcel? ¿Cuentan los presos con defensor de oficio? ¿Son visitados/visitadas por el defensor de oficio, en caso de que lo haya para unos y otras? ¿Les satisface la visita de su abogado? ¿Cuál es la actual situación jurídica de la población presa? ¿Hay razón alguna para que siga habiendo cárceles?
Por contraste, ¿cómo no emocionarse por seres queridos, hijos, familias blancas, negras y mestizas, de toda etnia y color, que ya sienten los vientos de cambio y que, por vez primera en más de 200 años, marcan otro derrotero para el país? Cuyos irresponsables dirigentes han tenido previstos recursos hasta para los daños que produce la intervención extranjera, los que destinaron a lo social, los DDHH y la justicia, a la vez vinculados a la táctica que consistía en justificar dicha injerencia/intervención con la consecuente pérdida de la soberanía a través del globalismo. Hoy con los pretextos del virus/negocio, de la vacuna apartheidista, de la falsa austeridad presupuestal del ‘gobierno’ último. (7) Con respecto a las cárceles, ojalá que la participación decidida del presidente Petro y sus ministros y con el debido respeto por las víctimas, v. gr. montajes a Primeras Líneas, se creen situaciones favorables para que los ex presos se revinculen a la sociedad en óptima condición y el país se acerque así a la paz total.
Enlaces y bibliografía:
(1) https://confidencialcolombia.com/lo-mas-confidencial/mindefensa-ordena-al-ejercito-suspender-practicas-de-reclutamiento-en-las-calles/2022/08/20/
(2) https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/19/ministerio-de-justicia-anuncia-plan-que-busca-descongestionar-las-carceles-del-pais/
(3) https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/19/gustavo-petro-critico-acciones-de-policia-nacional-en-discurso-de-transmision-de-mando/
(4) https://www.elespectador.com/economia/consorcio-que-reconstruye-providencia-responde-a-las-criticas-de-sobrecostos/?fbclid=IwAR0zgZ6ABcM0-Qo_2iwYTBM4sYP-oHhfNDUP24hj9RR-aew-kW92L3JFLsg
(5) Corporación CAJAR. Plan colombia-no (sic). Rodríguez Quito Editores, Bogotá, 2003, 353 pp.
(6) Corporación CAJAR – Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. La Sin-Razón. Situación carcelaria en Colombia. Rodríguez Quito Editores, Bogotá, 2000, 350 pp.
(7) https://www.pares.com.co/post/la-falsa-austeridad-en-el-gobierno-duque-el-caso-de-la-registradur%C3%ADa-nacional
Luis Carlos Muñoz Sarmiento (Bogotá, Colombia, 1957) Padre de Santiago & Valentina. Escritor, periodista, crítico literario, de cine y de jazz, catedrático, conferencista, corrector de estilo, traductor y, por encima de todo, lector. Colaborador de El Magazín de EE, 2012, y columnista, 23/mar/2018. Su libro Ocho minutos y otros cuentos, Colección 50 libros de Cuento Colombiano Contemporáneo, fue lanzado en la XXX FILBO (Pijao Edits., 2017). Mención de Honor por Martin Luther King: Todo cambio personal/interior hace progresar al mundo, en el XV Premio Int. de Ensayo Pensar a Contracorriente, La Habana, Cuba (2018). Siete ensayos sobre los imperialismos – Literatura y biopolítica, en coautoría con Luís E. Soares, fue publicado por la UFES, Vitória (Edufes, 2020). El libro El estatuto (contra)colonial de la Humanidad, producto del III Congreso Int. Literatura y Revolución, con su ensayo sobre Manuel Zapata Olivella y su novela Changó, el gran putas, fue lanzado por la UFES, el 20/feb/2021. Autor, traductor y coautor, con Luis E. Soares, en portal Rebelión, EE y Las2Orillas.
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