Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez
La legitimidad perdida ha producido baja gobernabilidad e inestabilidad institucional, pérdida de capacidad organizativa de estamentos, liderazgos desconectados y sin bases, y un colectivo fraccionado, desconfiado
Las expectativas por tener nuevos delegados del gobierno Petro-Francia en los consejos superiores de las universidades públicas, se acentúa allí donde está en trámite la designación rectoral y corresponderá al pacto histórico enviar un mensaje claro en defensa de la legitimidad, antes que preocuparse por quien lo representa, que es la trampa esperada para anticipar votos o indicar respaldos previos a candidatos particulares sin bases de respaldo. Lo más significativo y contundente con el cambio es promover que en toda universidad la sesion final de “designación” de rector o rectora sea pública, un verdadero dialogo vinculante, retrasmitida por medios, donde los candidatos sean escuchados y el voto de cada consejero sea público y argumentado. Así empezaría la reconstrucción de la legitimidad y se trazaría el nuevo rumbo democrático universitario prestando atención a unas demandas de los jóvenes, que contribuyeron en sus territorios para legitimar el poder popular.
La falta de legitimidad en las universidades las ha debilitado y es recurrente que quienes asumen cargos, representaciones y posiciones decisorias, sostenidas únicamente con la validez jurídica de la mayoría de los votos, pero carentes de legitimidad, rápidamente se conviertan en enemigos del colectivo universitario y vean reducidas sus agendas a buscar gobernabilidad y financiación, con graves afectaciones para las instituciones. Las anomalías, manías y prácticas basadas en el lobby para anticipar resultados (votos seguros de antemano para obtener resultados), lesionan el interés colectivo científico y cultural y amplían la brecha entre el gobierno de la universidad y sus estamentos.
Los consejos superiores, establecido por la ley 30 de 1993, deciden con sus votos asuntos de fondo en materia académica, financiera y administrativa, aprueban el presupuesto anual, las políticas, el personal y las reformas de todo orden, reciben informes del estado de la institución y “designan” a la máxima autoridad ejecutiva (rector o rectora). Se les señala de pretender ser cogobierno por su capacidad para aprobar, desaprobar o dilatar proyectos y “evaluar” o “enjuiciar” la gestión. Algunos consejos superiores, en clave de “amistad o mayoría” con la administración, durante la seguridad democrática, siguieron el ejemplo Uribe de “cambiar el articulito” para reelegirse o gobernar en cuerpo ajeno, con consecuencias como las que padece la UNAD (con cuatro periodos de reelección). En otras se amplió el periodo del rector y la “designación” llevo a mezclas entre la naturaleza política del poder de partidos y grupos y la naturaleza académica de estamentos y las autoridades envueltas en eventos electorales del tipo tradicional y de élites, “trasparente en las urnas”, y claroscuro en el proceso, con propaganda sucia, replicantes de fase news, proliferación de perfiles falsos, altas cifras de dinero en campañas que no rinden cuentas y candidaturas fijadas con memes, imágenes y frases cortas, antes que con una visión de universidad y solidez en respuestas sobre ¿Por qué y para qué quieren ocupar la rectoría?. ¿Y adicionalmente con quienes conformarían su equipo de gobierno?
De la seguridad democrática, ahora “oposición democrática” (basada en odios y mentiras) quedó para las universidades públicas el estigma y el rastro de la letal intensidad del abuso del poder, a veces ejercido con intervención paramilitar, que promovió miedo, desapariciones, asesinatos, destierros, hostigamientos y mutilaciones. En mi universidad, sin olvido, está la menoría reciente de Molina, Fagua, Galvis, Cindy, Chaparro, muertos unos, mutilados otros y con acoso judicial otro buen número, en ámbitos de activismo, protesta y pensamiento crítico. Otras universidades con mayor y brutal asedio ya fueron reconocidas como víctimas del conflicto (Córdoba, Magdalena, Atlántico), y se abrirá un macroproceso del conflicto en las universidades en la Justicia Especial de Paz JEP, en complemento al informe de la comisión de la verdad, que indicó la cifra de 603 universitarios asesinados (uno por mes durante el conflicto y cientos más de delitos sobre ellos) y la pregunta que queda es ¿Dónde estaban los consejos superiores, donde los gobiernos universitarios? A ese balance de “destrucción del sentido universitario colectivo” se suma el faltante de 18 billones de pesos para el conjunto de universidades, y una docencia ocasional para el 70% del profesorado con garantías laborales por completar y formalizar, se desmontaron plantas de trabajadores y quedó la “costumbre de llamar éxito” la venta de servicios y la autofinanciación con graves consecuencias, producto de equivocas prácticas de gestión privada y autoritarismos, que sustituyeron a actores, estamentos, usuarios y beneficiarios, por clientes, contratos y formalidades por encima de lo esencial.
La legitimidad perdida ha producido baja gobernabilidad e inestabilidad institucional, pérdida de capacidad organizativa de estamentos, liderazgos desconectados y sin bases, y un colectivo fraccionado, desconfiado, que facilita modos de acción de interesados internos y externos por afectar, corroer y degradar la capacidad institucional de lo público para levantar sus victorias de privatización. Las imperfecciones y extravíos denotan el fracaso del sistema de designación de autoridades y anuncian la necesidad de una política de educación superior, que supere las alteraciones y voces de interpelación y cuestionamientos en época de “designación” al tiempo que “normalizan” el invisible lobby a los consejeros, buscando oportunidades para “hablar” y “asegurar” los “cinco votos” de la legalidad, sin preocupación por la legitimidad y solvencia moral necesaria de quienes aspiran asumir tan importante investidura. Hacer lobby resulta antiético y condenable y aceptarlo también, de ahí que el desafío para el gobierno no está en reemplazar a sus dos representantes, para favorecer algún sector, si no en atacar el sistema, haciendo publica la sesión de “designación”, es decir, que la sesión de designación sea abierta y el voto de los consejeros en voz alta y argumentado, así la democracia universitaria tendrá el mensaje claro de que la legitimidad si importa y que el dialogo será vinculante con estudiantes, docentes y trabajadores como ejercicio necesario de poder popular universitario.
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