Por: Mario Nallib Fadel
Los jugadores del negocio de recursos estratégicos a nivel mundial exigen habilitar un debate sobre cómo generamos herramientas que garanticen que el impacto negativo que genera la actividad minera en el medio ambiente, sea compensado con mejoras ostensibles en la calidad de vida.
En junio del año pasado escribí un artículo referido a la oportunidad que significa la explotación del litio para Argentina, y la necesidad de explorar junto a Bolivia y Chile la posibilidad de articular instancias supranacionales que nos permita mejorar nuestra posición de negociación, a semejanza de lo que fue la OPEP para el petróleo.
Una OPEP para el Litio
Con agrado pudimos observar que se comenzaron a mover los gobiernos en sus distintos niveles institucionales de estos países en esa línea, con los vaivenes que un tema de esta envergadura genera, y de los naturales lobbies que una idea de esta naturaleza despierta, en particular de las empresas y de los países centrales beneficiarios mayores del uso del recurso.
No debe asustarnos ni enojarnos por el lobby de las empresas para tratar de desacreditar la utilidad de una organización a semejanza de la OPEP para el Litio, que fue explícito en los medios de prensa en estos días, ante la noticia de que la cancillería argentina habría iniciado conversaciones con Chile y Bolivia para el desarrollo de esta idea, porque ello no es más que la confirmación que el camino es el adecuado para configurar una mayor capacidad negociadora de parte de los países productores frente a los intereses de la otra parte.
Los gobernadores de las provincias, de Catamarca, Jujuy y Salta, con las mayores reservas de litio de nuestro país vienen trabajando intensamente en la búsqueda de nuevas inversiones y de la generación de valor agregado del recurso en el país, haciendo uso de los resortes institucionales con que cuentan y de la articulación entre ellas, sin dudas están en el camino correcto, pero que a mi humilde entender resulta insuficiente.
Por ello me pareció extraño leer la noticia de que estos gobernadores se oponían a la idea, que había transcendido, en cuanto a que la cancillería Argentina había iniciado conversaciones con los países vecinos Chile y Bolivia; argumentando que tal idea “atentaba contra el federalismo establecido en la Constitución”, cuestión que a mi criterio no es así, ya que de lo que se trata no es de que la Nación se inmiscuya en los derechos constitucionales que tienen las provincias sobre los recursos naturales, sino que lo que se busca es la articulación e institucionalización de una instancia que defienda el precio del recurso a partir de la conformación de una masa crítica de reservas que mejore las condiciones de negociación del conjunto, recordemos que entre los tres países son aproximadamente dos tercios de las reservas mundiales conocidas.
De ninguna manera la creación de una instancia supranacional de estas características lleva implícito un sesgo antifederal, pues en esa línea argumental alguien podría afirmar que los países de la OPEP habrían resignado la soberanía sobre sus recursos al estar integrados en esa organización, nada más alejado de la realidad.
Podría entender la oposición de las provincias, si la misma responde a la falta de participación en las conversaciones de la Cancillería con los países vecinos, en cuyo caso la motivación debería explicitarse claramente, de manera de no entender la negativa en lo que respecta a la idea en sí, sino a las formas en que se estarían encaminando.
El derecho constitucional de las provincias sobre los recursos naturales es insoslayable, como también lo es la responsabilidad del Estado Nacional de ser articulador en el marco del federalismo de toda acción que coadyuven a la defensa del valor de esos recursos.
De la misma manera y por el mismo motivo que considero correcta la dirección de un trabajo conjunto entre las provincias argentinas productoras, entiendo indispensable hacerlo con los países vecinos productores, y que, a estos fines, considero conveniente que las provincias en cuestión en el uso de sus atribuciones constitucionales acuerden con el Estado Nacional las formas institucionales pertinentes.
El conocido triángulo del litio, Bolivia, Argentina y Chile, en ese orden, son las tres principales reservas conocidas de litio del mundo sumando más de dos tercios de las reservas conocidas. Considero importante proponerse el objetivo de constituir, en un futuro cercano, una instancia supranacional que sea para el litio lo que la OPEP es para el petróleo. Antes de la OPEP, el petróleo no valía nada: es decir, los productores del recurso recibían migajas en comparación con los daños que ocasionaba extraer un recurso no renovable (que algún día se acabaría sin beneficio para su población), mientras era el motor del desarrollo acelerado de las naciones compradoras. La asociación supranacional sirvió para detener, al menos en parte, semejante desequilibrio.
Los jugadores del negocio de recursos estratégicos a nivel mundial ostentan tal envergadura que exigen de nosotros habilitar un debate sobre cómo, en nuestra condición de productores del recurso, generamos herramientas que garanticen que el impacto negativo que genera la actividad minera en el medio ambiente, sea compensado con mejoras ostensibles en la calidad de vida, en particular de las comunidades de las provincias propietarias del recurso, y en general del país, garantizando la sustentabilidad en todas sus dimensiones, social, cultural, ambiental y económica.
Estamos frente a una nueva oportunidad para Argentina, que hoy es la segunda reserva conocida del mundo después de Bolivia, y el cuarto productor mundial en el año 2020 detrás de Australia, Chile y China. Las reservas conocidas de litio en nuestro país se encuentran en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta y representan el 20% de las reservas mundiales.
Avanzar en una “OPEP para el Litio entre Argentina, Bolivia y Chile” resulta imprescindible en defensa de los intereses de la región.
*Ex senador nacional, ex diputado nacional y ex Auditor General de la Nación.
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