El modo en que el Estado caracteriza la situación de la inseguridad frente al delito y construye respuestas, está imbricado al problema mismo. Puede contribuir a profundizarlo ya reproducir el orden injusto que él entraña o puede reducirlo, en el marco de un proceso global de transformación estructural. En estos 14 años de Revolución, es posible distinguir tres etapas en la caracterización y respuestas que, desde el Estado, se le ha dado al problema.
La primera etapa, va desde 1999 hasta 2005. La tesis fundamental que la impulsa es que la redistribución de la riqueza, en un contexto de apego de todas las agencias del sistema de justicia penal al respeto de los derechos humanos, generaría mayores niveles de seguridad. Los mayores esfuerzos se concentraron en las políticas de inclusión social y en un llamado explícito a los cuerpos de seguridad a actuar apegados a la ley. Se realizaron, también en esta etapa, con poca incidencia y nula evaluación, operativos policiales, proyectos e intervenciones puntuales, de carácter simbólico; así como reformas legales
(procesales y penales) punitivistas, realizadas por la AN, que respondían a coyunturas de presión social.
La segunda etapa, va desde 2006 hasta 2011. Se inicia con dos constataciones: 1) los enormes avances en materia de reducción de pobreza y desigualdad no fueron suficientes para revertir la tendencia de los delitos violentos y; 2) la sola orientación estratégica no logró revertir un comportamiento inercial de los cuerpos de seguridad, vinculados a prácticas delictivas y a la vulneración de los derechos humanos. En esta etapa se inicia la reforma policial con la
Conarepol, que diseñó en 9 meses, luego de una consulta popular y un enorme esfuerzo de investigación, un nuevo modelo policial, dando vida, en los años sucesivos, al Consejo General de Policía, el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, la UNES y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). De esta etapa surge la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme, que diseñó, previa consulta popular y sustentándose en investigaciones, una propuesta de Ley para atender esta fundamental dimensión preventiva de la política. Al igual que en la anterior etapa, estas medidas de fondo, coexistieron con intervenciones coyunturales, de carácter simbólico, como el DIBISE y reformas legales punitivistas.
La tercera etapa se inicia en el 2012. Es producto de un proceso de maduración del análisis del problema y de la acumulación de
experiencias de las etapas anteriores, en un contexto de persistencia de indicadores negativos. En palabras del Comandante Chávez, la inseguridad es “…un problema complejo …poliédrico, porque tiene un conjunto de perspectivas, de puntos de vista, desde los cuales podemos estudiarlo, analizarlo y luego enfrentarlo,
abordarlo, para buscar las soluciones…aplicando las tres R,
revisando”[1]. Chávez, ratificando las líneas de fondo de las etapas anteriores, concibió un abordaje integral del problema, que se expresó en el diseño de la Gran Misión “¡A Toda Vida! Venezuela” (GMATVV), en donde se articulan acciones de prevención y de control penal basadas en los derechos humanos. La GMATVV agrega enfoques y ámbitos no trabajados hasta entonces por el Estado, como la reforma radical de todo el sistema de justicia penal (que supone, entre otras cosas revertir las reformas punitivistas), la creación de un sistema de atención a las víctimas, el estímulo a la producción y socialización de conocimientos y, la profundización de una línea de inclusión y protagonismo popular juvenil. Las orientaciones estratégicas de la GMATVV fueron incluidas, además, por Chávez, en el Plan de la Patria (2013-2019), lo que fortalece su anclaje como política inter-agencial, de Estado, llamada a trascender coyunturas.
La ejecución de la GMATVV es, sin embargo, muy deficitaria. Sería injusto, no advertir que desde su lanzamiento, hace un año, hemos vivido sucesos de gran impacto en la vida nacional: dos campañas y elecciones presidenciales, el deterioro de la salud y fallecimiento del Comandante Chávez, la movilización de duelo popular y, la intensa ofensiva de la derecha venezolana, impulsada por el momento de debilidad política, que implicó haber ganado las elecciones del 14 de abril, con un margen pequeño de votos. A esto hay que agregarle que, en menos de un año, hemos tenido tres ministros del Interior y Justicia.
El futuro de esta tercera y recién nacida etapa, está por definirse. Depende de decisiones, tácticas y estratégicas, de la dirección colectiva de la Revolución. El Gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro, se inicia con el relanzamiento de la GMATVV, al tiempo que agrega una medida coyuntural: el dispositivo “Patria Segura”. Frente a ello, y reivindicando la crítica fraterna, planteamos aquí algunas alertas:
1.- La ejecución, seria y sostenida, de la GMATVV no puede demorarse más. Los dispositivos coyunturales no pueden restar atención a las intervenciones de carácter estructural. A los productos y metas de la GMATVV deben asignárseles tiempos y responsables, y ser evaluados pública y periódicamente.
2.- La presencia militar y policial ostensiva en la calle, en particular en barrios urbanos, tiende a aumentar la criminalización sobre los sectores populares. Así ocurrió con el DIBISE, en el marco del cual creció la población penitenciaria, particularmente de jóvenes pobres seleccionados por el sistema por tener pequeñas cantidades de droga. Más jóvenes presos por delitos nimios, significa aumento de la población y violencia penitenciaria y el muy probable inicio de nuevas trayectorias delictivas, que aumentan la inseguridad; así como la reproducción de la desigualdad de clases. El diseño de “Patria Segura” no permite pensar que en esta ocasión vaya a ser diferente. A corto plazo, es preferible sustituir este dispositivo, por medidas inmediatas ya previstas en GMATVV como el patrullaje inteligente, basado en análisis georeferenciados del delito, cuya eficacia por sobre los puntos de control (priorizados por Patria Segura), está harto demostrada.
Sin ignorar la compleja situación actual de las fuerzas de la revolución, consideramos que el legado de Chávez nos plantea el reto de la consistencia estratégica y nos facilita opciones tácticas para ello.
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