Fuente: Tercera
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) rechazó hoy las medidas anunciadas por Israel en su contra y ratificó que continuará la lucha política, diplomática y legal para poner fin a la ocupación.
Los derechos de los palestinos no son negociables, advirtió en un comunicado el portavoz de la ANP, Nabil Abu Rudeina, quien condenó las acciones del gobierno ultraderechista del primer ministro Benjamin Netanyahu.
Rudeina instó a la comunidad internacional a detener las amenazas israelíes “que son contrarias a todas las resoluciones internacionales”.
El gobierno extremista de Netanyahu intenta provocar una explosión en la región al ignorar descaradamente el derecho internacional, lo cual requiere una postura global firme, subrayó.
En otro comunicado, el primer ministro Mohammad Shtayyeh criticó el robo de los fondos palestinos por parte de la vecina nación.
La medida exacerbará el ya deficitario tesoro público palestino, pero no nos impedirá continuar nuestro camino político y diplomático en los foros internacionales para lograr nuestra independencia, aseguró.
Entre las acciones aprobadas por el gabinete de Tel Aviv está la paralización de todas las construcciones palestinas en el área C, una zona que representa el 60 por ciento de Cisjordania y bajo control directo israelí desde 1967.
Además, incautará 139 millones de séqueles (unos 39 millones de dólares) de los fondos fiscales recaudados en nombre de la ANP y se adoptarán medidas contra las organizaciones que promuevan “cualquier actividad hostil” hacia el Estado judío, incluida acciones políticas y legales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados palestino criticó ayer en comunicado a Tel Aviv por su nuevo ataque, en respuesta a la decisión de la ANP de acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Hace una semana, ante un pedido palestino, la Asamblea General de la ONU solicitó a la CIJ un dictamen sobre el “significado legal de la ocupación israelí”.
Aprobada por 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones, la iniciativa pide también a ese órgano de justicia pronunciarse sobre el conflicto y que investigue las leyes discriminatorias y las medidas de Israel para cambiar la composición demográfica de Jerusalén oriental.
La cancillería palestina celebró entonces la votación y resaltó la importancia de pedir a la CIJ una opinión de asesoramiento legal sobre la naturaleza de la ocupación y la necesidad de definir las responsabilidades y deberes de la comunidad internacional ante el tema.
El Ministerio de Relaciones Exteriores saludó a todos los que contribuyeron a este logro histórico y al mismo tiempo expresó su consternación por los intentos de varias naciones, entre ellas Estados Unidos y Reino Unido, para cambiar el voto de numerosos países mediante presiones y amenazas.
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