Por: Carlos Pereda
Fuente: Éxodo
La Encuesta Financiera de las Familias ofrece la información más completa sobre la distribución de la riqueza en España, además de aportar datos sobre renta, deudas y gastos de los hogares. Se aplica cada tres años desde 2002 a una muestra de 6.000 hogares con un cuestionario homogéneo que permite comparaciones consistentes a lo largo del tiempo. La última de estas encuestas se publicó a mediados de 2022 y pasó desapercibida para los medios de comunicación, mientras las comunidades gobernadas por el Partido Popular (Madrid, Andalucía, Murcia…) alardeaban de anular sus impuestos a las grandes fortunas. El propio Banco de España pasaba de soslayo en su informe oficial por los gravísimos datos de aumento de la desigualdad, como si la concentración de la riqueza fuera un proceso normal, resultado de las transmisiones de herencia y de la acumulación de flujos de ahorro de quienes tienen rentas más altas y carteras de activos más rentables.
Si comparamos las encuestas de 2002 y 2020, la principal conclusión es que la polarización en el reparto de la riqueza se ha extremado entre los hogares más ricos, que se han vuelto mucho más ricos, y los más pobres, que ahora son mucho más pobres:
La décima parte de hogares más ricos, que podemos clasificar como clase alta (1,9 millones de familias), ha incrementado su patrimonio medio un 66% desde 2002, acumulando una riqueza conjunta en 2020 de 2,7 billones de euros, más que el restante 90% de hogares (2,3 billones). Este proceso de enriquecimiento masivo ha inflado sus activos financieros e inmobiliarios y les ha permitido mantener un alto nivel de vida y pocas deudas. En especial, el 1% más rico (0,2 millones de hogares) ha aumentado su fortuna a un ritmo diez veces superior al del PIB, acumulando al final del período una masa patrimonial por encima del billón de euros.
En el otro extremo se sitúa el 25% más pobre (4,7 millones de hogares), o clase baja, que desde 2014 registra un patrimonio medio negativo (mayor volumen de deudas que de activos), con los consiguientes efectos de inseguridad familiar y empobrecimiento de las condiciones de vida. Este sector ha sido el más castigado por los desahucios de vivienda y actualmente casi tres cuartas partes viven de alquiler, cuyas elevadas cuotas pasan a engrosar el patrimonio de las familias más ricas.
Las clases intermedias (entre los percentiles 25-90) abarcan la mayor parte de la población española (12 millones de hogares). Su patrimonio medio ha aumentado sólo un 6% en euros constantes entre 2002 y 2020. Sin embargo, internamente registran una notable polarización entre la clase media-alta (percentiles 50-90: +12%) y la media-baja (percentiles 25-50: -18%). Más de la mitad de estos hogares de clase media tiene deudas pendientes.
Las sucesivas encuestas del Banco de España recogen los vaivenes coyunturales de la actividad económica, pero, sobre todo, confirman un hecho social mayor: la creciente desigualdad en el reparto de la riqueza. Un hecho que, por sí solo, deslegitima la política económica de los sucesivos gobiernos, incapaces de asegurar “una distribución de la renta más equitativa”, como proclama el art. 40 de la Constitución.
El momento de mayor ensanchamiento de la desigualdad tuvo lugar a raíz de la crisis iniciada en 2008, muy especialmente entre 2011 y 2014, que corresponde con la primera legislatura de Mariano Rajoy, cuyas políticas económicas provocaron una pérdida del 37% del valor patrimonial de las clases baja y media-baja, seis veces más que la sufrida por el conjunto de las clases alta y media-alta (-6%).
Más recientemente, asistimos a otra gran crisis provocada por la Covid-19 y la posterior guerra de Ucrania y, aunque todavía es pronto para conocer sus efectos en la distribución de la riqueza (la séptima Encuesta del Banco de España se terminó de aplicar en junio de 2021), todo apunta a que las medidas adoptadas por el gobierno de coalición de izquierdas para evitar el desempleo (Ertes, Ayudas a autónomos, etc.) y para mejorar las condiciones laborales (subida del SMI, incremento de contratos indefinidos, derogación de los artículos más lesivos de la reforma laboral, etc.) están contribuyendo a frenar la desigualdad.
En una perspectiva histórica más amplia, las dos primeras décadas del siglo XXI forman parte de un ciclo iniciado en los años ochenta del siglo pasado cuya principal característica, según Piketty, es una fortísima concentración de la propiedad privada: “el fuerte aumento de la riqueza en manos del 10 por ciento más rico de la población implica que la parte correspondiente al resto de la población se ha desmoronado, de manera gradual e inquietante” (Capital e ideología, 2019: 822). Con anterioridad, los países europeos, a diferencia de Estados Unidos, habían reducido significativamente la desigualdad gracias a un reparto más equilibrado de las rentas del trabajo y del capital, con fuerte presencia de la negociación colectiva y de “salarios mínimos”, y un amplio sistema de prestaciones sociales, financiadas por tipos impositivos altos y progresivos. Fue la edad de oro de los estados de bienestar a la que se sumó España tardíamente y que se ha replegado poco a poco dando paso a sociedades cada vez más desiguales, tanto a nivel interno como entre unos países y otros.
En el fondo lo que se juega es un enfrentamiento de intereses entre sectores o clases sociales. Una asimetría de poder que es evidente en el ámbito económico y se extiende al resto de instituciones políticas y sociales, dando lugar a una sociedad cada vez más jerarquizada y excluyente (de arriba-abajo) y, a la vez, más tensionada, indignada y necesitada de cambios estructurales (de abajo-arriba).
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