La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE ante la sentencia penal de los compañeros Pepe Acacho y Pedro Mashiant
Por: Humberto Cholango
A las organizaciones sociales del Ecuador,
Al pueblo ecuatoriano,
A las organizaciones sociales internacionales,
A la opinión pública internacional.
El Estado ecuatoriano acaba de sentenciar a los compañeros Pepe Acacho y Pedro Mashiant a 12 años de prisión por sabotaje y terrorismo.
El movimiento indígena ha denunciado constantemente la situación de una sistemática violación de los Derechos Humanos y criminalización de la protesta social. Pero no hemos sido sólo nosotros, esta denuncia también es ratificada por organismos internacionales; de la misma manera el veedor internacional a la reestructuración de la Administración de Justicia del Ecuador, Baltazar Garzón, evidenció la incompatibilidad de las leyes ecuatorianas con lo vigente en el Derecho Internacional respecto a los delitos de «rebelión, sabotaje y terrorismo», y que la función judicial está utilizando para enjuiciar a dirigentes sociales y críticos del gobierno.
Los compañeros Pepe Acacho y Pedro Mashiant no han cometido delito de sabotaje y terrorismo. Los compañeros no actuaron por iniciativa personal, ellos cumplían un mandato de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas. Tampoco se movilizaron, ni ellos ni el movimiento indígena, para destruir bienes públicos o derrocar al gobierno. Los objetivos públicos de la movilización fueron: defender los territorios comunitarios de la destrucción ocasionada por las empresas transnacionales petroleras y mineras, y exigir una Ley de Aguas que desprivatice y redistribuya el recurso hídrico.
Sólo las dictaduras más violentas y los gobiernos más neoliberales han considerado estas luchas como delitos. Ecuatorianos y ecuatorianas, ¿ustedes creen que este proceso judicial y la sentencia a 12 años de prisión contra dirigentes sociales se da por iniciativa de un poder judicial independiente?, ¿acaso se trata de una causa de estricto derecho?
El gobierno ecuatoriano, para justificar la criminalización de la protesta social, repite que «se persiguen delitos y no personas». ¿Acaso hemos visto algún banquero o ex funcionario público responsable del feriado bancario juzgado o preso?, ¿acaso algún ex funcionario de los gobiernos neoliberales, responsables de las privatizaciones, de la dolarización, de la infame e ilegitima deuda externa está preso? La respuesta obviamente es No. En estos casi siete años de la llamada revolución ciudadana no hemos visto a ninguno de esos personajes presos, pero si tenemos a dirigentes sociales críticos al régimen enjuiciados, sentenciados y presos; y no se ha reparado si son jóvenes, adolecentes, mujeres; basta con que sean opositores al régimen.
El caso de los jóvenes estudiantes del Colegio Central Técnico de Quito muestra de manera descarnada la falta de independencia de la Función Judicial. Los estudiantes fueron sobreseídos porque la Justica no pudo encontrar pruebas del delito de rebelión, pero el Presidente de la Republica exigió que se les vuelva a juzgar y así lo hicieron; y los jóvenes estudiantes fueron sentenciados.
¿Por qué se acusa y condena a dirigentes sociales? Porque es evidente que el principio del derecho no les importa en lo más mínimo. Lo que les importa es defender «la razón de Estado», y para eso necesitan un grupo de víctimas en quienes hacer sentir y ejemplificar el peso del poder, de su poder. Pero también necesitan aniquilar cualquier oposición popular de izquierda, porque les es necesario tener las manos libres para reacomodar las fuerzas de arriba, acordar alianzas con las viejas y nuevas oligarquías. Para eso sólo necesitan ciudadanos votantes, electores; los pueblos organizados les estorban, y lo más grave: les causan miedo.
Como CONAIE rechazamos y denunciamos la condena judicial de los compañeros Pepe Acacho y Pedro Mashiant. Nuestra lucha es por la construcción del Estado Plurinacional, por la revolución agraria, por la desprivatización y la redistribución del agua; no solo para los indígenas, sino para todos y todas. Y en este camino, la defensa de estos compañeros, y de todos los procesados y sentenciados, es parte de nuestra lucha.
Estos actos de violencia política contra nuestros dirigentes y dirigentas, contra nuestras organizaciones no nos detendrán; nos retan a seguir el camino de la unidad.
Por el Consejo de Gobierno
Humberto Cholango. Presidente
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