Por: Gonzalo Fiore Viani
El gobierno ecuatoriano transita una pendiente debido a las acusaciones en su contra que afectan al propio mandatario. Corrupción, represión, violencia y neoliberalismo es la receta de una administración que parece tener fecha de caducidad.
En medio de fuertes cuestionamientos, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional, controlada mayoritariamente por la oposición, que puede terminar de manera anticipada con su gobierno. Al mandatario se lo acusa del delito de peculado, es decir, de una malversación en contratos de la naviera estatal, firmados con anterioridad a la llegada del líder conservador al gobierno.
Aunque Lasso afirma que “no me pueden atribuir algo que no hice porque no era presidente en esa fecha”, lo que aduce la oposición es que fue advertido de las irregularidades cuando asumió el Ejecutivo y, de todas formas, no hizo nada por corregir la situación ilegal. Este se trata, apenas, de uno de los cuestionamientos que enfrenta un presidente con una popularidad bajísima y una administración que hace aguas por todos lados, especialmente, en los aspectos económicos, sociales y de seguridad. A su vez, los candidatos de Lasso vienen de ser derrotados en las elecciones regionales de febrero pasado.
A finales de la semana pasada, el presidente ecuatoriano anunció que desplegaría a las Fuerzas Armadas con el objetivo de sofocar y controlar la violencia y la inseguridad a lo largo y ancho del país. Esto sucedió inmediatamente después de la masacre en el puerto pesquero de Esmeraldas, en la frontera norte, que terminó con nueve asesinados y cuatro heridos después de que un grupo, integrado por 30 delincuentes, atacara a los trabajadores pesqueros, supuestamente, por una especie de pugna entre bandas criminales.
El narcotráfico y la violencia exacerbada del crimen organizado se han incrementado en Ecuador desde 2020. La tasa de homicidios casi se duplicó en el último año, pasando de 14 por cada 100.000 habitantes, en 2021, a 25, en 2022. El inicio de la ola de violencia podría ubicarse en las masacres carcelarias que dejaron 458 muertes entre 2020 y 2022 en los penales de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Azuay y Esmeraldas. El gobierno no sólo no ha dado respuesta a esta situación, sino que tampoco ha encontrado culpables ni transformado realmente las duras condiciones de vida en las cárceles ecuatorianas. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre esta problemática, existe una “falta de información clara, consolidada, sistematizada y automatizada sobre la población penitenciaria; insuficiente presupuesto para el sistema penitenciario junto con la falta del enfoque en la rehabilitación e inadecuado personal penitenciario”.
Lasso anunció -en un mensaje televisado, destinado a toda la población, hace dos fines de semana- la autorización de tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal y para “hacer frente a la inseguridad”, producto, en gran parte, del narcotráfico y el crimen organizado que está a sus anchas. El anuncio no es más que admitir la impotencia del Estado para hacer frente a una de sus principales responsabilidades. Ahora, el monopolio del uso de la fuerza deja de ser parte del Estado y habla a las claras de la imposibilidad del gobierno para resolver la inseguridad. Por otra parte, se constata la necesidad imperiosa de desviar la atención con medidas efectistas que se demostraron ineficaces.
En febrero pasado, se celebraron comicios regionales en todo el país, en medio de un clima enrarecido y empañado por la violencia. El movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el exmandatario Rafael Correa (desde Bélgica), se hizo con las principales alcaldías, entre ellas, las de la capital, Quito y la estratégica Guayaquil, terminando con 31 años de dominio de la derecha. Además, se llevó adelante un referéndum convocado por el propio Lasso, que incluía ocho preguntas, entre ellas, la de la posibilidad de una reforma constitucional y la de extraditar ecuatorianos involucrados en causas de narcotráfico. Los resultados, en ese aspecto, también fueron negativos para el gobierno, ya que se impuso el “No” a todas las consignas que había planteado el oficialismo. Esto profundizó un panorama ya de por sí complejo para Lasso, un mandato impopular que, según ordena la Constitución, debería extenderse hasta 2025. Sin embargo, pocos se animan a asegurar que se cumplirán los plazos legales.
Los cuestionamientos al gobierno ya son de larga data. Durante 2022, se produjeron protestas a lo largo y ancho del país, con la cuestión indígena como tema central. En aquel momento, los y las legisladoras que responden a Rafael Correa intentaron destituir a Lasso mediante un mecanismo constitucional, que podría ser asimilable a una especie de moción de censura, denominado “muerte cruzada”. En ese momento, no obtuvieron los votos suficientes en la Asamblea Nacional y el presidente, en esa ocasión, logró salir airoso de la avanzada opositora.
En aquel momento, Correa había afirmado que “habrá tres años más de un gobierno descerebrado”. El líder de Revolución Ciudadana intenta volver hace tiempo a su país; exiliado en Bélgica debido a procesos judiciales que él denomina “ilegítimos” y “producto del lawfare”, el expresidente intentó, infructuosamente, retornar al poder y al país en varias ocasiones desde su salida, pero aún no lo logró. Los resultados de las elecciones regionales del domingo pasado parecen dejarlo más cerca de alcanzar otra vez el Palacio de Carandolet. “Volvimos a ser Revolución Ciudadana: logramos lo imposible”, escribió Correa en un tuit, donde, además, sumó un video junto a varios miembros de su antiguo equipo de gobierno, varios de ellos exiliados en México y con procesos judiciales en su contra.
Los vientos políticos parecen estar cambiando en favor del exmandatario. No obstante, los obstáculos que deberá enfrentar aún son muchos y de una resolución tan compleja como incierta. Correa tiene una condena de ocho años de prisión por cohecho, por ello, no puede regresar a su país, ya que correría riesgo de quedar detenido. En lo que respecta a su situación legal, le quedan pocas opciones, entre ellas, presentar recursos extraordinarios de revisión ante la Corte Nacional de Justicia o un recurso para que la Corte Constitucional resuelva si, tal y como dice su equipo de defensa, se produjeron violaciones al debido proceso. En su caso, la amnistía que podría otorgarle el Congreso parece completamente descartada, ya que necesitaría 92 votos, al igual que para la moción de censura contra Lasso, que el correísmo no pudo lograr en aquella ocasión y sigue sin tener.
El espejo en el que se mira Correa es en el de Lula da Silva. Su ex-par brasileño también fue condenado, pero luego, su sentencia fue revisada y pudo volver a presentarse y ganar las elecciones. En el caso del ecuatoriano, si bien esto parecía imposible hace algunos años, el escenario comienza a allanarse para lograr una hazaña política y volver al poder. Por lo pronto, lo que parece cada vez más cercano y probable es la salida de Lasso. Estará por verse de qué manera se reconfigura la política ecuatoriana si esto se produce finalmente.
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