El Movimiento Popular de Comunidades (MCP) de Brasil acaba de hacer un llamado a las organizaciones urbanas, trabajadoras y estudiantiles para que se vuelquen con las luchas indígenas. A 25 años del reconocimiento constitucional de sus derechos territoriales las deudas políticas, sociales y legales se acumulan.
Texto del comunicado del MCP sobre la lucha de los pueblos indígenas en defensa de su territorio contras las agresiones de las compañías agroindustriales y la indolencia cómplice de las autoridades:
«Cuando los portugueses ocuparon Brasil, había alrededor de cinco millones de indígenas en este país. La población de Portugal era de un millón de personas.
Con la ayuda de armas de fuego y de la religión, los colonos casi exterminaron a los pueblos indígenas, tomando sus tierras, reprimiendo de su cultura y destruyendo su medio ambiente. Los que sobrevivieron, resistieron.
A partir de 1972, con el apoyo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) retomaron la lucha de una forma más organizada. En 1988, lograron que la Constitución Federal de Brasil reconociera el derecho a sobrevivir en lo que queda de sus territorios. Sin embargo, era necesario eliminar a los invasores de sus tierras. El plazo para que los invasores salieran de esos territorios era de cinco años. Las mejoras realizadas por los agricultores serían compensadas por el Gobierno. Los pequeños agricultores debían ser asentados en Proyectos de la Reforma Agraria en otras tierras.
Han pasado 25 años desde que se consignaran estos derechos en la Constitución y la mayoría de los territorios indígenas no han sido regularizados y los que sí han completado ese proceso están bajo amenaza.
Los últimos gobiernos eran la esperanza de los pueblos para resolver los problemas legales vinculados a los territorios, así como la crisis de salud y de educación de los pueblos indígenas. Lamentablemente, ocurrió lo contrario: los problemas se agravaron. La prioridad sigue siendo la agroindustria y por esa razón aumentó enormemente la violencia contra los pueblos indígenas, tanto en Mato Grosso, Pará, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraíba y Alagoas, al igual que en otros estados. El método se repite: violencia en todas sus formas, ejercida por grupos institucionales o privados. El objetivo es uno: evitar que los indígenas conquisten sus territorios tal y como se establece en la Constitución Federal .
Este estado de cosas permite que los colonos modernos sigan ocupando los territorios de indígenas, cimarrones (quilombos) y campesinos y así expulsar a estas personas hacia los suburbios de las ciudades. Así, la tierra queda ‘libre’ para que los empresarios brasileños y extranjeros puedan plantar monocultivos agrotóxicos, usar el agua de los ríos para hacer represas (hidroeléctricas) y extraer minerales para la exportación. Todo esto para desarrollar el capitalismo destruyendo lo que queda del medio ambiente y generando más calamidades, más además de las que ya se enfrentan.
De todas las luchas que se están produciendo en el país hoy en día, la más importante es la de los pueblos indígenas, seguida de las de los cimarrones y los campesinos. Aunque son pocos, en comparación con la población urbana, los pueblos tradicionales son las minorías portadoras de la Nueva Sociedad. En sus reivindicaciones portan la esencia de la defensa del ser humano así como la del agua, los bosques y la cultura. Los seres humanos no pueden vivir sin la preservación de la naturaleza y la cultura. Por lo tanto, los movimientos urbanos, periféricos, los trabajadores y los estudiantes deben asumir la lucha de los territorios como propia.
No hay solución para las ciudades sin resolver el problema del campo. Hoy en día , el 14% de la población vive en zonas rurales, mientras que en las ciudades habita el 86%, ocupando menos del 1% del territorio brasileño. La población urbana se comprime entre coches, motos y edificios, sufre falta de seguridad, y precarieda den la calidad de escuelas, vivienda, saneamiento, transporte o salud. Todo esto sólo se resolverá con la solución del problema del campo, partiendo de la regularización de los territorios indígenas».
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