Por: Silvia Arana
Luego, Paola Pabón, legisladora de Alianza País, presentó la moción de extender la despenalización del aborto si el embarazo es consecuencia de una violación sexual, interrupción que podrá realizarse hasta la semana 12 de gestación”.
La Asamblea legislativa de Ecuador se halla en el proceso de reformar el Código Penal, que data de 1938. Dicho código, solo contempla la despenalización del aborto en dos casos: 1. Cuando la vida de la madre corra grave peligro; y 2. Cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una mujer «demente o idiota» (el uso de los términos es de por sí una expresión del tratamiento denigrante asignado a la mujer).
El jueves 10 de octubre pasado tuvo lugar el segundo debate legislativo sobre la nueva normativa, llamada Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La asambleísta de Alianza País (AP) Soledad Buendía presentó el tema diciendo:
“En el 2010, unas 3.684 niñas fueron víctimas de violencia sexual, una de cada cuatro en edad fértil han sido violadas. No son solo cifras, son vidas humanas… nosotras, las mujeres buscamos igualdad en esta sociedad, que seamos sujetas de derechos y solicitamos a la Comisión que en el artículo 149 se incorpore el texto: [que el aborto sea legalizado] si el embarazo es consecuencia de una violación”.
Luego, Paola Pabón, legisladora de Alianza País, presentó la moción de extender la despenalización del aborto si el embarazo es consecuencia de una violación sexual, interrupción que podrá realizarse hasta la semana 12 de gestación”.
La sesión contó con la presencia de activistas de las organizaciones defensoras de los derechos reproductivos y de los derechos sexuales de las mujeres en respaldo de la legalización del aborto, al menos, para todos los casos de violación.
Dieciocho asambleístas manifestaron su respaldo a la moción de Paola Pabón. El legislador Ramiro Aguilar precisó que se debe eliminar dicho artículo porque considera inaceptable que la víctima de una violación no pueda decidir hacerse un aborto 1. Hacia las siete de la noche, la presidenta de la Asamblea ordenó un receso para que los legisladores de AP deliberaran internamente, pero al regresar, anunció que se suspendería la sesión hasta el otro día.
Esa misma noche, el presidente Correa declaró al canal Oromar que si el legislativo persistía en la idea de aprobar la despenalización del aborto, renunciaría a la presidencia: «A mí me han costado mucho más trabajo las deslealtades, traiciones de los supuestos amigos, que los aciertos de los enemigos», dijo. Esta declaración, dramática en contenido y forma, tenía el objetivo de parar el debate en parlamentario, invocando el poder de mando como presidente y jefe de Alianza País. Y logró su objetivo.
El día siguiente, viernes 11 de octubre, al continuar el debate legislativo, Paola Pabón anunció que retiraba la moción para «evitar rupturas» en el bloque de AP. Aclaró, en respuesta a las declaraciones de Correa: «Con el inmenso cariño que te tenemos, te decimos que esta vez te estás equivocando. Pero por la unidad de esta bancada… retiro mi moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura». Finalmente, respondió a la acusación de «traición» proferida por Correa, diciendo: «Aquí no están los traidores, compañero presidente… Los traidores no son los que han presentado la tesis de defender la vida de las mujeres».
El sábado 12 de octubre en el enlace sabatino, Correa reiteró su oposición a la legalización del aborto, al que calificó como «eutanasia prenatal». Lanzó el reto de que en todo caso, se llame a una consulta popular, donde dijo que quedaría demostrado que la mayoría de la población se opone a esta práctica. Esta afirmación contradice las estadísticas esgrimidas por las organizaciones por el derecho de la mujer al aborto, quienes sostienen que el 64% de la población está a favor del aborto en caso de violación.
Las declaraciones presidenciales trivializan el tema del aborto, que va más allá de lealtades o traiciones partidarias. El aborto es una cuestión de derechos humanos, y la penalización diariamente pone en riesgo a diario la vida de las mujeres y niñas ecuatorianas. En Ecuador, como en la mayor parte de la región y del mundo, el aborto se realiza de forma clandestina en sitios irregulares con personal no capacitado, lo que contribuye a que se incrementen los índices de mortalidad materna.
Según la organización Colectiva Salud Mujeres, en Ecuador las mujeres abortan y seguirán abortando a pesar de la penalización: «125.000 mujeres abortan cada año, cada cuatro minutos aborta una mujer. La penalización solamente hace que las condiciones en que abortamos pongan en riesgo nuestra salud y nuestra vida». La organización condena «los códigos y leyes que penalizan la decisión de las mujeres y las cruces que representan esta sociedad religiosa, que con la excusa de su moral siguen oponiéndose a la despenalización del aborto y son cómplices de que miles de mujeres en el país pongan en riesgo su salud y su vida para ejercer su derecho humano a decidir. Las mujeres que deciden abortar, recurren a cualquier medio, exponiéndose a ese sistema de inseguridad que no garantiza ni su salud ni su vida; en donde las y los médicos hacen de los abortos un negocio»2.
Contexto regional
En toda la región, solamente Cuba, Puerto Rico, Guyana, la Ciudad de México (no así el resto del país) y recientemente Uruguay legalizaron el aborto. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la región, en 2008 se realizaron 4,4 millones de abortos. El 95% fue en condiciones de inseguridad. Un millón de mujeres son hospitalizadas cada año por complicaciones de un aborto. Los países más restrictivos de la región, que penalizan el aborto sin ninguna excepción, ni siquiera el riesgo de muerte para la madre son Nicaragua, El Salvador, Haití y Chile. El caso de Chile es sui generis: el aborto era legal y socialmente aceptado entre 1931 y 1989, año en que fue penalizado por la dictadura militar de Pinochet.
El debate sobre el aborto es crucial en esta región puesto que la violencia contra las mujeres tiene dimensiones epidémicas. Sin embargo, las perspectivas de la legalización del aborto son inciertas en la región. La asesora de la OMS, Suzanne Seruya, evalúa que hay un fortalecimiento de las posiciones conservadoras en toda América Latina a nivel institucional. Amnistía Internacional dice: » Despenalizar el aborto en la región es un compromiso con la vida. Los propios Estados de América Latina y el Caribe han reconocido recientemente que la penalización del aborto incrementa la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos. Amenazar con penas de prisión a mujeres, jóvenes y adolescentes que deciden interrumpir su embarazo no las disuade, pero si las empuja a practicarse abortos clandestinos, que en la mayoría de los casos son inseguros y por ende ponen su vida y su salud en riesgo. Desde Chile hasta México, Amnistía Internacional ha atestiguado con profunda preocupación las trágicas consecuencias a las que niñas y mujeres se enfrentan rutinariamente como consecuencia de políticas públicas que parecerían estar diseñadas para dificultar el acceso al aborto. Cuando esta situación se combina con los escandalosos niveles de violencia contra las mujeres en la región, la injustificada obstaculización del acceso al aborto causa resultados devastadores»3.
Por otra parte, a nivel social, las organizaciones por los derechos de las mujeres han dado grandes pasos al poner el tema sobre la mesa de debate a lo largo y ancho de la región. Un logro enorme, que solo puede dimensionarse al reconocer el aura de tabú alrededor de la palabra aborto, y que en la actualidad, se ha conseguido desdibujar el tabú y delinear el tema en torno al derecho de la mujer a decidir. La consigna «es mi cuerpo y yo decido» es la base de esa reivindicación de recuperación del cuerpo de la mujer. y de su derecho humano a decidir. Este activismo organizado, continúa su tarea educativa y de resistencia ante la indiferencia, e incluso, la hostilidad de muchos gobiernos de la región, tanto los de derecha como los supuestamente progresistas.
«Saquen sus rosarios de nuestros ovarios»
En Ecuador, las organizaciones por los derechos de la mujer se han fortalecido en el debate actual y han tenido un rol prominente en la difusión del tema. La lucha es despareja, y mientras se desarrolla, continúa el sufrimiento de niñas y mujeres, doblemente victimizadas, primero por la violación y luego por la obligación de continuar un embarazo consecuencia de la violación. Esto implica un fuerte cuestionamiento al cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar la salud pública integral que brinde en primer lugar educación sexual, prevención del embarazo con métodos anticonceptivos eficaces, planificación familiar, y en última instancia, atención médica responsable para terminar con un embarazo no deseado. Negarle a una mujer el derecho al aborto cuando el embarazo ha sido consecuencia de una violación es escandaloso. Y hacerlo en nombre de la religión es doblemente escandaloso. Afirma Amnistía Internacional: «Quienes por convicciones morales, religiosas o filosóficas crean que interrumpir un embarazo es terminar con una vida tienen derecho a pensar y a practicar sus creencias. Sin embargo, los Estados no pueden imponer una sola idea y pensamiento a todas las personas a través de su sistema penal, y mucho menos criminalizar a quienes disienten con esa noción».
Resistencia y ocupación del espacio público
Las organizaciones por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer lograron visibilizar sus demandas, establecieron puntos en común con numerosos legisladores, principalmente del bloque de Alianza País, lo que lógicamente alimentó expectativas de que la Asamblea legislativa sancionaría la despenalización del aborto, al menos, en casos de violación. Que esta posibilidad de avance haya sido borrada de un plumazo por las presiones políticas del presidente Correa, significa un golpe duro para las organizaciones. Ante la situación, se corre el riesgo de la desmoralización, justamente en un momento de auge en el nivel movilizador. Pero diferentes activistas expresaron la decisión de continuar, la convicción de que aun cuando la lucha legal haya sufrido un revés, consideran que su fuerza radica en la resistencia. Sandra Castañeda (Coordinadora General de la Red de Salud de las mujereslatinoamericanas y del Caribe) dice: «Lo que está pasando no es nada alentador. […] pero hay que apelar a la realidad y a la historia. La única manera de mejorar nuestras condiciones es con la resistencia. Estamos presentes en todos los sectores. El único camino que nos queda es la resistencia. […] Cuando no hay una herramienta legal, el estado te dice: «tienes que ser madre», y estás sola, siendo una niña o mujer tienes que asumirlo sola. En países con servicios médicos precarios, sin educación sexual, en pobreza, no solo duele porque las mujeres estén expuestas a una violación, que tengan que llevar adelante un embarazo producto de esa violación y además en condiciones de falta de salud integral. ¿Cómo pueden ser tan duros al momento de legislar, con posturas de doble moral?4″.
También enfatizaron la importancia de ocupar el espacio público, de ganar las calles y continuar con el trabajo de difusión, de educación sexual, de prevención del embarazo. Ramón Torre Cañal (activista por los derechos sexuales y reproductivos) dice: «La realidad en Ecuador dice que una de cuatro mujeresha sufrido una agresión sexual, por día se violan de tres a cuatro niñas menores de 14 años… las estadísticas oficiales, revelan el nivel de abuso de mujeres menores, la realidad es que a las mujereslas violan, desde el interior de sus familias, esta realidad no puede ser ocultada por ningún gobierno… Cada vez que se hable del tema, los que dicen defender la vida, están defendiendo el aborto clandestino».
En resistencia y ocupando el espacio público, la lucha por los derechos de la mujer continúa puertas afuera de la Asamblea legislativa de Ecuador.
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