Guatemala celebra elecciones presidenciales el domingo 25 de junio en medio de creciente incertidumbre y desconfianza con las instituciones electorales y judiciales, y un extendido malestar con un entramado institucional que bloqueó la participación de los candidatos que amenazaban la supervivencia del corrupto sistema.

Una veintena de candidatos aspiran a llegar al poder para reemplazar al actual mandatario, Alejandro Giammattei, que dejará la Presidencia bajo acusaciones de malos manejos, mientras que los tres problemas que más inquietan a los guatemaltecos son la inseguridad, el desempleo y la corrupción.

Llama la atención la admiración de varios candidatos por el modelo autoritario instaurado en El Salvador por Nayib Bukele, que emprendió  una guerra contra las pandillas a costa de un deterioro palpable de las garantías democráticas y los derechos humanos.

Las elecciones se desarrollarán pese a las críticas a las autoridades electorales, señaladas por su poca independencia y credibilidad. Los magistrados del Tribunal Electoral negaron en febrero la inscripción del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), organización de izquierda encabezada por la líder maya Thelma Cabrera y el exprocurador de derechos humanos Jordán Rodas. De esta manera dejaban fuera a una organización política muy crítica con Giammattei.

Además de los desmanes del poder electoral, el proceso electoral quedó marcado por el juicio contra el periodista José Rubén Zamora, condenado  por lavado de dinero, en clara persecución política contra el fundador de elPeriódico, medio que publicó decenas de investigaciones por casos de corrupción que involucraban al actual presidente y altos funcionarios.

Muy pocos candidatos se han pronunciado sobre este proceso o demostrado algún tipo de simpatía hacia Zamora y criticado a las autoridades judiciales, acusadas de obedecer las órdenes de Presidencia.

No debiera llamar la atención: las encuestas muestran el hartazgo hacia un sistema en el que prevalece la impunidad. El país ha sobrevivido entre crisis políticas desde 2019, cuando el entonces presidente Jimmy Morales, decidió expulsar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) que lo investigaba por presunta corrupción.

El continuado voto de castigo al oficialismo y el voto antisistema están impulsados por la persistente frustración social, a veces traducida en protestas (2015), que desencadenan la caída de presidentes (Pérez Molina) o estallidos de violencia (2021).

¿De dónde surge esa frustración? Es un problema multicausal con profundas raíces históricas, resultado de un fracaso del estado, de las administraciones públicas y de una elite política y económica extractivista y monopolista, de escasa capacidad para construir un proyecto nacional, centrada en su control hegemónico.

El Estado tiene fuertes limitaciones para proveer bienes públicos esenciales, como salud, seguridad pública, educación o justicia, tanto en el ámbito nacional como en el subnacional y municipal. La última encuesta de Prensa Libre (mayo de 2023) muestra que seis de cada 10 entrevistados afirman que confían en las iglesias (evangélica y católica) y en el Ejército,

Los partidos políticos tienen el más bajo nivel de confianza de los últimos 11 años, igual que la presidencia, que en 2023 mostró su peor calificación (11,4%). Lo mismo ocurre con el Congreso, que en algún momento obtuvo un 24%, aunque este año es la institución peor valorada (8,9%).

Voto castigo

En el actual contexto latinoamericano, marcado por el voto de castigo al oficialismo, Guatemala lo practica de forma constante desde el regreso de la democracia en 1985. La ciudadanía ha votado siempre contra el gobierno de turno. Esa perenne frustración explica una ley no escrita de la política guatemalteca: nunca un partido en el poder consiguió revalidar la confianza ni regresar al poder en la siguiente elección ni en otras posteriores

Esta vez lo hace en unas elecciones marcadas por una creciente desconfianza con las instituciones electorales y judiciales, un extendido malestar con las élites y el sistema político y partidista. Son elecciones atípicas, que a menos de un mes de su celebración han visto como el outsider Carlos Pineda, el candidato favorito, que abanderaba el voto antipolítico y anti establishment, quedaba fuera de la campaña.

La posibilidad de ganar la presidencia de Guatemala se esfumó en menos de un mes para Pineda, que lideraba las encuestas desde principios de mayo. El 23% en la intención de voto que le infundió fortaleza para verse ya en la segunda vuelta, también se convirtió en su mayor vulnerabilidad, porque le pusieron en el foco de acciones legales para despojarle de la candidatura.

Pineda, un empresario de provincia que escaló en las encuestas gracias a su campaña en TikTok, es el tercer presidenciable que denuncia el bloqueo institucional para participar en las elecciones y la anulación de su candidatura eleva las voces que denuncian fraude ante la aplicación de criterios arbitrarios para excluir a candidatos incómodos para el sistema.

“La elección adquiere el carácter de elecciones restringidas donde la autoridad electoral se convierte en el primer y gran elector del proceso, restringiendo el voto ciudadano a la oferta preseleccionada”. proclamó recientemente la organización Mirador Electoral.

Entre los candidatos caídos que llaman “fraude” al proceso electoral están el hijo del expresidente Álvaro Arzú, Roberto Arzu García-Granados y la lideresa indígena Thelma Cabrera. Los tres han sido excluidos de forma legal, pero en circunstancias que muchos opositores consideran arbitrarias y en un contexto de “cooptación institucional”, según Arzú, mientras Cabrera y Pineda fueron más allá al hablar de síntomas de una “dictadura”.

La lideresa indígena Thelma Cabrera y el exprocurador de los Derechos Humanos Jordan Rodas han quedado fuera de la contienda electoral porque el tribunal electoral invalidó la solvencia de administración de fondos públicos que Rodas presentó para su postulación. La función pública de Rodas no se había cuestionado hasta días después de que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) lo proclamara como candidato a vicepresidente.

Con una propuesta de conformación del estado plurinacional y de nacionalización de los recursos públicos, Cabrera quedó en el cuarto puesto en las presidenciales de 2019. En el quinto quedó Roberto Arzú García-Granados, que se presentaba como una opción “disruptiva, de rechazo a la corrupción” y que pretendía retomar el legado de su padre, el expresidente Álvaro Arzú Irigoyen del conservador partido Unionista.

La salida de Pineda, según una encuesta de CID-Gallup, podría favorecer el ascenso del presidenciable Edmond Mulet, un exfuncionario de Naciones Unidas y abogado señalado por participar en adopciones ilegales de niños en los ochenta. Sin embargo, Mulet afronta la amenaza de un caso penal que surgió desde el despacho del fiscal Rafael Curruchiche, designado como actor antidemocrático por Estados Unidos.

La fiscalía señala como obstrucción de la justicia los mensajes de solidaridad y apoyo que Mulet emitió a favor del presidente de el Periódico, Jose Rubén Zamora, procesado por un caso de lavado de dinero que se armó en tres días.

Hasta marzo, las encuestas marcaban un escenario estancado, que preveía una segunda vuelta inédita entre dos mujeres: Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza, UNE) y Zury Ríos (Partido Unionista, VALOR-PU).

Poco a poco, Edmond Mulet (CABAL) y Pineda (Prosperidad Ciudadana) fueron mejorando, al atraer el voto del descontento y canalizar el respaldo de los candidatos que quedaban fuera de la carrera. El apoyo que inicialmente recibió el discurso populista y anti-élite de Roberto Arzú, excluido por hacer campaña anticipada, viró, sobre todo, a Pineda, que pasó de una intención de voto del 3% al 10% en abril.

Manuel Conde, el candidato de la oficialista Vamos, nunca mejoró su intención de voto pese al respaldo del aparato del Estado y de la red de alcaldes pro gubernamentales.

La última etapa de la campaña (mayo-junio) ha estado centrada en la pugna por conquistar los votos que dejaba Pineda. Todo apunta a que esos votos irán en buena medida a la abstención, aunque hay algún candidato con opciones de hacerse con una parte.

Una encuesta de Cid Gallup de finales de mayo señalaba que si bien Torres subía tres puntos, hasta el 22%, Mulet era el que más crecía (del 14 al 21%) y Ríos apenas avanzaba hasta el 19%, desde el 16%.

El voto urbano de Pineda se lo llevaban principalmente los otros dos candidatos, de mayor fuerza en las zonas urbanas (sobre todo Mulet y en menor medida Ríos), mientras Torres, más fuerte en las zonas rurales, se beneficiaba menos por esta exclusión. Pineda, por su parte, ha promovido el voto nulo para deslegitimar el proceso y obligar a repetir las elecciones si el voto nulo superara el 50%.

Cada uno de los llamados “principales candidatos” promete ser la mayúscula con la que comenzará una nueva historia para Guatemala. Pero unas son figuras recicladas y otras recuerdan a los fantasmas del pasado. Edmond Mulet (72 años), Zury Ríos (55 años) y Sandra Torres (67 años) son quienes figuran entre los primeros lugares en las encuestas. Los tres navegan por el espectro de la derecha, en unas elecciones marcadas por un extendido malestar con las élites y el sistema político actual.

La trayectoria de Mulet quedó manchada a inicios de los años 80, cuando ejercía como abogado. Fue capturado y enfrentó un proceso penal bajo sospechas de pertenecer a una red de adopciones ilegales de niños para parejas canadienses. Zury Ríos no puede dejar de ser asociada a su padre: los medios internacionales no olvidan que es «hija del dictador» o «hija del genocida».

Sandra Torres fue esposa del exmandatario Álvaro Colom, de quien se divorció en 2011 para cumplir con la ley que no permitía a familiares directos del presidente en turno buscar la presidencia. Fue detenida el 2 de septiembre de 2019 por supuesta financiación electoral ilegal y asociación ilícita, tres semanas después de perder las elecciones. Recién en noviembre de 2022, un juzgado decidió cerrar el proceso penal.

*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)