Fuente: Diario Octubre
Una vecina de Córdoba sufrió la rotura de los huesos de la nariz durante una detención; la denuncia fue aceptada –en diciembre de 2019- por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT); “cuando fue detenida, explicó la Asociación Pro DDHH de Andalucía (APDHA), la detenida no presentaba lesión alguna, pero sí a la salida de la propia comisaría, donde hubo de ser recogida por una ambulancia a la que tuvo que llamar la afectada, tras negarse la Policía a ponerse en contacto con los servicios sanitarios” (comunicado 30 junio 2023).
Tras la resolución del CAT, la Audiencia Nacional condenó en mayo de 2022 al Estado español al pago de una indemnización de 3.000 euros a la víctima, por “trato policial degradante” y el incumplimiento de la obligación de asegurar asistencia médica a la persona reclamante.
Pero la sentencia de la Audiencia Nacional fue revocada el pasado 27 de junio por el Tribunal Supremo, por lo que la APDHA –que ha acompañado jurídicamente a la persona denunciante- informó sobre la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Una investigación relevante es la de Amnistía Internacional (AI) publicada el 13 de junio para someterla a la consideración del CAT –en su 77 sesión (julio 2023)-, en relación con el informe periódico presentado por el Estado español sobre la implementación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes de Naciones Unidas.
Entre los puntos abordados por AI, figuran las expulsiones y medidas de control migratorio por parte del Estado español; por ejemplo, en junio de 2022, la devolución sin garantías de (al menos) 470 ciudadanos procedentes del África Subsahariana a través de la frontera de Melilla; se menciona, asimismo, la expulsión del territorio español del activista y exmilitar argelino Mohamed Benhalima (marzo de 2022), “a pesar de los numerosos informes que indicaban que existía un riesgo real de que pudiera ser sometido a tortura” en Argelia.
AI señala, además, la “ausencia casi absoluta” de investigación sobre los casos de desaparición forzada y torturas perpetrados durante la Guerra de 1936 y el franquismo (por ejemplo tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática –en octubre de 2022-, el juzgado de Ferrol archivó en abril por prescripción la querella por el asesinato en esta ciudad –en 1975 y por efecto de los disparos policiales- del militante antifranquista Moncho Reboiras).
Otra referencia del informe es el uso de las pelotas de goma por los agentes policiales; así, la Campaña Stop Balas de Goma detalla, en el periodo 2000-2017, la muerte de una persona por el impacto directo de estos proyectiles (el seguidor del Athletic de Bilbao Iñigo Cabacas a causa de un pelotazo de la Ertzainza en 2012) y el caso de 11 que perdieron la visión en un ojo.
Ante la presentación del séptimo informe periódico, los días 20 y 21 de julio en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, 14 entidades de la sociedad civil han remitido al CAT un documento de más de 80 páginas con “las principales vulneraciones que ha cometido el Estado (español)” como país firmante de la Convención contra la Tortura.
Se trata del denominado Informe Sombra, presentado por el Centro Sir[a], Iridia, Institut de Drets Humans de Catalunya, AI-España, APDHA, APDH-España, Mundo en Movimiento, Centro de Documentación de la Tortura (CDDT), Salhaketa Nafarroa, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Solidarity Wheels, SOS Racismo, La Comuna y Sanfermines 78: gogoan.
Las organizaciones resaltan cómo “en reiteradas ocasiones se han documentado malas prácticas en el uso de las defensas o bastones policiales, al constatar golpes de arriba bajo y el impacto en zonas vitales del cuerpo, como la cabeza (…)”; y respecto a los mecanismos internos de control de las acciones policiales, “no son suficientemente independientes ni eficaces”.
Además el Informe Sombra señala el “creciente número de casos de violencia policial por motivos racistas en el país” (SOS Racismo ha denunciado “numerosos casos” de abuso de la fuerza, por ejemplo el pasado 15 de abril en el barrio de Lavapiés de Madrid); los agresiones de los policías se producen, en ocasiones, después de insultos como “moro” o “sudaca de mierda”; las ONG han denunciado públicamente “numerosos casos” de redadas por perfil étnico o racial.
El reporte se hace eco, asimismo, de testimonios recogidos por la asociación Solidary Wheels sobre el “trato cruel, inhumano o degradante y tortura con resultado de muerte por parte de las fuerzas marroquíes y españolas en el intento de llegar a Melilla, ya sea en el puerto de Beni Enzar o en el trayecto en mar”.
Las 14 organizaciones concluyen que el Estado español ha sido objeto de 12 condenas por parte del Tribunal Europeo de DDHH (TEDH), “por no investigar las alegaciones de tortura”; pese a ello, añaden las entidades, no se han producido avances importantes en este punto.
En uno de los apartados del Informe, de 2022, del Defensor del Pueblo (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) se hace referencia a las posibilidades de una investigación aclaratoria; según la Defensoría, “no hay canales de denuncia reales, efectivos, confidenciales e independientes que permitan a las personas privadas de libertad denunciar malos tratos y estar protegidas ante posibles represalias”.
Una aproximación cuantitativa es la realizada por el Instituto Vasco de Criminología (IVAC), en diciembre de 2022, para el caso de Navarra: 891 personas denunciaron haber sufrido torturas y otros malos tratos en la Comunidad Foral, durante el periodo 1960-2015; si se toma como referencia el periodo 1960-1978, la cifra es de 215; mientras que 676 personas denunciaron estas prácticas entre 1979 y 2015.
En el caso del País Vasco, otra investigación del IVAC, de 2017, señaló que entre 1960 y 2014 fueron 3.415 las personas que realizaron una denuncia pública y/o judicial de torturas o malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. El informe del Instituto vasco detalla que, entre 1979 y 1992 se produjeron 20 sentencias firmes del Tribunal Supremo, con 11 sentencias condenatorias a la Guardia Civil y nueve a la Policía Nacional; en estos casos, “se demostró la práctica de torturas brutales contra personas detenidas, y que se dieron en los mismos centros de detención”.
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