Por: Salvador López Arnal
Es igualmente autor de los ensayos El cocinero de Azaña. Ocio y gastronomía en la República, y Erotismo y liberación sexual en la Segunda República, así como del Libro de cocina de la República.
En la actualidad es presidente de la Asociación Manuel Azaña y colaborador de El Digital de Castilla-la Mancha y de la revista Mongolia. Ha publicado recientemente: Por la gracia de su católica majestad. El poder de la Iglesia en España, Mong Editorial, 2022.
Salvador López Arnal.- Son muchos los temas que plantea su último libro, tendré que limitarme a lo más esencial. Según la Constitución de 1978, España es un país no confesional. ¿Lo es realmente? ¿Qué diferencia hay entre no confesionalidad y laicismo?
Isabelo Herreros.- Para ser más precisos la Constitución de 1978 no dice que España sea aconfesional, y mucho menos laica. Sorprende las pocas referencias a la Iglesia que hay en la «carta magna», pero claro, había trampa, pues el gobierno de entonces estaba negociando en secreto un nuevo Concordato, de espaldas al parlamento. Todo se despacha en el artículo 16, donde nos dicen que «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley«. A continuación, nos dicen que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal«, y, en el mismo apartado, hay un mandato, que llama la atención: «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones«. Es decir, se podría interpretar que el legislador quiso redactar con cierta ambigüedad, pero sitúa al catolicismo en una más que preeminencia, al hablar de cooperación, del verbo cooperar, que en algunas acepciones se entiende como subordinación a ese sujeto activo que es la Iglesia.
Salvador López Arnal.- Pero la Constitución española no es aconfesional dice usted…
Isabelo Herreros.- España no es un estado aconfesional, por varias razones, entre ellas las que tienen que ver con lo simbólico y las tradiciones, como son las festividades religiosas, impuestas a todos los que no somos católicos, con participación de las Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil, además de todas las autoridades políticas, sin que nadie, ni de la izquierda alternativa, se salga del guion. Se confunde lo privado, como lo es un sentimiento religioso, con lo público, y se mezcla todo, como el dogma de la Inmaculada con los festejos militares de la Infantería, o las fiestas del mar, de origen pagano, con grandes desfiles y misas de campaña de la Armada española, bajo la ‘protección‘ de una muñeca de madera, la virgen del Carmen, ataviada con todo lujo. Podíamos seguir con la llamada Semana Santa o el Corpus, donde vuelve la caspa de la Legión o las mejores galas del ejército en el Corpus de Toledo.
La no confesionalidad es un eufemismo, pergeñado por los teóricos de la Constitución, que rechazaron la definición de Estado Laico, por la asociación que había con la Segunda República, pero les dio vergüenza decir a esas alturas que «La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera«, tal y como decía la Constitución de 1812, que además prohibía el ejercicio de las demás confesiones. Es una suerte de adanismo, con un saco en el que se ha querido introducir todo aquello que hace de este país un caso singular, pues, aunque formalmente existe la separación Iglesia-Estado, lo cierto es que, si realizamos un examen comparativo con otros países de nuestro entorno, en lo tocante a la Iglesia, veremos que la resultante es la de un Estado confesional, que es lo que mantengo que es el Reino de España.
Salvador López Arnal.- Es usual referirse a la importancia de los acuerdos con la Santa Sede de 1979, usted mismo acaba de hacer referencia. ¿Por qué son tan importantes? ¿Corta y pega, como usted dice, del Concordato de 1953 suscrito por el general Francisco y el que usted llama neonazi Pío XII?
Isabelo Herreros.- Los acuerdos en vigor con la Santa Sede se negociaron en secreto por el entonces ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, destacado miembro de la antigua secta católica ACdP y el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Jean-Marie Villot. Se firmaron en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, es decir, a cinco días de que entrara en vigor la nueva Constitución, con un gobierno en funciones y unas Cortes disueltas. Por mucho juego de malabares que se quiera hacer, estos acuerdos son preconstitucionales. Son importantes porque obligan al Estado Español, -que según la Constitución solo está obligado a mantener buenas relaciones con la Iglesia católica-, a financiar y sostener a esta confesión religiosa, sus templos y sus ministros, tal y como se venía haciendo por el régimen franquista, además de los privilegios fiscales y la práctica obligatoriedad de la religión como asignatura en los colegios públicos y privados. Se hace referencia y se invocan antiguos privilegios, como la inviolabilidad de lugares de culto, se reconocen las fiestas religiosas, y la consideración de funcionarios públicos de los sacerdotes, al reconocerse el Derecho Canónico como emanante de una legalidad reconocida por el Estado, como lo son los matrimonios celebrados en templos católicos. Esta capacidad notarial se vio completada con la reforma de la Ley Hipotecaria, realizada por el gobierno de Aznar, y que es la que les ha permitido adueñarse de más de treinta mil inmuebles, muchos de ellos del patrimonio histórico-artístico nacional, con un simple certificado, que ha sido dado por bueno por los registradores de la Propiedad, y, lo que es más grave, por el actual gobierno progresista. Otra obligación que adquiere el Estado es el cuidado y protección de los monumentos, catedrales, basílicas, archivos, etc. Todo eso, sumado a la total exención de impuestos, hace que la Iglesia tenga en sus manos el más rentable negocio del turismo de nuestro país.
Salvador López Arnal.- ¿Por qué ningún gobierno español, ni tan siquiera el actual gobierno de coalición se ha atrevido a derogar el Concordato? ¿Por miedo? ¿Es tan temible el poder de la Iglesia católica en España? ¿Dónde se ubica ese poder en su opinión?
Isabelo Herreros.- Es una buena pregunta, que no tiene una respuesta sencilla, pues habría que preguntar a los distintos actores, cómplices del mantenimiento de una situación heredada del franquismo, en particular a las distintas izquierdas, incluidas las nacionalistas. Hay en todo esto una pereza intelectual secular en nuestro país, que lleva, a los dirigentes de esas izquierdas, a no leer ni pensar, y cuando lo hacen es para peor, pues justifican lo injustificable desde el punto de vista racional, en definitiva, deciden inclinarse más aún ante ese nacional catolicismo, bajo la excusa de que las fiestas religiosas están muy arraigadas, o, incluso a imponer una condecoración a una efigie de madera. Cuando les pones encima de la mesa datos y documentos no atienden, están deseando que te marches, que tienen otros menesteres, y después deciden, con el aplauso de sus acólitos, no recurrir judicialmente las inmatriculaciones, ni pelear por cobrar el impuesto del IBI a la Iglesia, ni dejar de acudir a todo tipo de saraos religiosos en representación institucional, algunos surrealistas, como lo es la ofrenda anual de una determinada ciudad, en conmemoración del establecimiento del dogma de la Inmaculada Concepción.
Salvador López Arnal.- ¡Parece imposible! ¡Conmemorar un dogma de esas características!
Isabelo Herreros.- Otro ejemplo de pereza, pagado con nuestros impuestos, y donde, con datos, vamos a peor, es el negocio de los conciertos educativos inventado por el gobierno de Felipe González, a propuesta del ministro Maravall, que, casualmente, tenía de segundo a un tal Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los más entregados a la causa católica. Aquello pudo tener justificación en un momento determinado, en que se quería ampliar el periodo de educación obligatoria y el Estado no tenía centros suficientes, pero ha seguido y se ha consolidado, y aumenta de año en año, y se entrega la educación a sectas católicas cada vez más de extrema derecha. Una vez consolidado este suculento negocio, resulta que intentar revertirlo es anticlericalismo, y negarse un ayuntamiento a regalar locales o parcelas para colegios privados católicos se convierte en una campaña brutal contra el alcalde, al que se le acusa de bolivariano, comunista, etc. Se ha llegado a ese estado de cosas. Es decir, estamos ante una curiosa paradoja, y es la de que por una parte, según nos dicen todos los sondeos y estudios de opinión, España es una país bastante secularizado, con cifras cada vez más reducidas de quienes se declaran católicos, y ridículas las de quienes practican el culto, los matrimonios civiles superan a los religiosos hace mucho tiempo, y podríamos seguir con otros indicadores, y, por el contrario, cada vez es mayor el poder económico y político de la Iglesia católica y sus peligrosas sectas.
Salvador López Arnal.- ¿Y de dónde esa pereza a la que alude?
Isabelo Herreros.- Hay una pereza secular en la izquierda española a la hora de enfrentar el problema de la hegemonía cultural de la Iglesia, salvo en el republicanismo laico; esto es algo muy antiguo. El propio Romanones cuenta en sus memorias como intentó traer a España la Ley francesa de separación Iglesia-Estado, pero se encontró con un ambiente muy hostil, en primer lugar, de la propia Iglesia, muy pegada a la Corona, con la oposición intransigente de todo el arco conservador, más la aristocracia, y la indiferencia del socialismo español, al que no le preocupaba el asunto, o no quería indisponerse con el catolicismo.
«Hay una pereza secular en la izquierda española a la hora de enfrentar el problema de la hegemonía cultural de la Iglesia, salvo en el republicanismo laico«
Una experiencia personal, y es cuando en Izquierda Unida, ya en los años noventa del pasado siglo, se hizo un apartado de laicismo en un programa electoral que me tocó redactar, lo hice con la oposición de la inmensa mayoría de cargos públicos, sobre todo alcaldes, que me acusaban de anticlerical, cuando lo cierto es que era muy moderado aquel texto, y sencillamente se hablaba de la separación Iglesia Estado y de la autofinanciación de la Iglesia, por ejemplo. Venían aquellos dirigentes de la, al parecer, idílica convivencia con colectivos católicos de base en los últimos años del franquismo, incluso algunos seguían en esos grupos. Lo cierto es que había algo en común, en el socialismo y el comunismo españoles, durante los años de la inacabable transición, y era el temor a que los medios de comunicación de derechas recordasen la quema de conventos o la persecución de religiosos.
Salvador López Arnal.- Y tiempo después…
Después vino la izquierda alternativa, de Podemos, pero que, para sorpresa de propios y ajenos, llevaba, ya en las primeras elecciones, candidatos que defendían la educación concertada, las procesiones o el negocio de la caridad, con todo un ex director general de Cáritas como cabeza de cartel en Madrid.
El panorama no es muy alentador, y en los acuerdos del gobierno de coalición estos asuntos apenas figuraban.
No creo que sea el poder de la Iglesia tan temible como para no enfrentarle, pero para eso hay que tener voluntad política, y tratar al Vaticano como a un Estado, peculiar, eso sí, pero al que hay que exigir respeto a las leyes españolas y a la democracia, sin las interferencias políticas a que nos tienen acostumbrados sus obispos. Claro que, para ello, en primer lugar, habría que derogar el ‘concordato‘. No son de recibo las campañas brutales que los grupos católicos y su jerarquía hacen contra el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, o a mentir como mienten en todo lo relativo a la educación. Todo esto lo hace una entidad que vive pegada como una lapa al Estado y al que vampiriza históricamente.
Salvador López Arnal.- ¿A cuánto asciende el dinero que las administraciones españolas ceden anualmente a la Iglesia católica? ¿En concepto de qué?
Isabelo Herreros.- Una aproximación moderada que hizo Europa Laica hace unos años llegaba a la cifra de once mil millones de euros anuales, con conceptos como impuestos no pagados por negocios, inmuebles y fincas de todo tipo, educación, sanidad, residencias, turismo, aportación por la vía del IRPF, incluida la crucecita de las obras sociales que también va para organizaciones de la Iglesia, el pago de profesores, mantenimiento de catedrales y todos los templos dedicados al culto, monumentos, cementerios, subvenciones de todas las administraciones, etc., sin contar la obra social de las cajas de ahorro y otras entidades, que dedican una parte jugosa de su presupuesto a financiar obras de restauración de monumentos de los que se ha adueñado la Iglesia y los explota para su beneficio. Aquí no estaban contemplados gastos habituales que hacen las administraciones locales, y que son millonarios, para el exclusivo beneficio y disfrute de los católicos -más bien sus ministros-, como las procesiones del Corpus o Semana Santa.
Otro gasto no menos relevante es el derivado del mantenimiento del Estado confesional en las Fuerzas Armadas y policías, con sus capellanes castrenses y su propio ‘obispado‘, además de las prisiones y otros lugares como los hospitales o los cementerios municipales. Hay otros muchos gastos de las instituciones a favor de la Iglesia considerados menores, pero que, si tenemos en cuenta que se dan en todo el país, las cifras son grandes. Le pongo el ejemplo de las bandas de música municipales, que tocan en todo tipo de ceremonias religiosas, y, ¿quién paga?, pues los ayuntamientos con nuestros impuestos. ¿Quién paga también la presencia obligatoria de profesionales del ejército, la policía o la guardia civil en todo tipo de procesiones?
Salvador López Arnal.- Déjeme incidir en un tema comentado. El Estado, vía Concordato, ¿tiene la obligación de sostener el sistema de los llamados conciertos educativos? ¿Rigen también esos conciertos en otros países europeos, en Italia por ejemplo?
Isabelo Herreros.- Es una cuestión de interpretación, pero, una vez consolidados los conciertos, cualquier iniciativa gubernamental, o de la oposición, en la dirección de acabar con este sistema es interpretado por la propia Iglesia y sus coros políticos y mediáticos como un ataque a la libertad, palabra muy adulterada en los últimos tiempos. El Estado no tiene por qué sostener con nuestros impuestos estos centros privados, que en algunos casos segregan por sexos, y tienen por objetivo la selección social. Es una anomalía, la de España, en el contexto internacional. En el conjunto del Estado estamos ante casi un 40% de centros confesionales, y en comunidades autónomas donde gobierna la derecha, también la nacionalista, estamos ante cifras superiores al 50%. Es decir, lo que hizo el PSOE en 1985, no sé si ingenuamente, fue legalizar algo que no lo estaba hasta entonces. Se dijo que era provisional, pero ahí estamos, con cifras de colegios religiosos, solo superados en porcentajes en Europa por Bélgica y Malta.
Salvador López Arnal.- ¿Y en el resto de Europa?
Isabelo Herreros.- En el resto de Europa, en países como Alemania, Francia o incluso la católica Italia, en educación primaria y secundaria las cifras son de casi el 90% de educación pública. No, no existe nada igual en nuestro entorno, como los conciertos, pagados con nuestros impuestos, que segregan socialmente, y cada vez más reduce la educación primaria y secundaria públicas, a guetos, incluso en barrios tradicionalmente de trabajadores.
En Italia existe un catolicismo mucho más enraizado socialmente que en España, y esto es algo hoy día ajeno a la presencia del Estado Vaticano en Roma; es una historia muy distinta a la nuestra. La Iglesia italiana tiene un historial antifascista que le ha supuesto un gran respeto de buena parte de la ciudadanía, a pesar de su vinculación histórica con la Democracia Cristiana. Existe una financiación de la Iglesia a través del célebre ‘otto per mille‘, en la declaración de impuestos, desde 1984, establecido por el gobierno del socialista Bettino Craxi, y que sustituyó el anacrónico sistema de la ‘congrua‘, destinado al pago de los clérigos y que venía del Concordato de 1929, el que pactó el Vaticano con Mussolini.
Salvador López Arnal.- ¿El Opus Dei sigue ejerciendo mucho poder en España o es más bien una institución del pasado?
Isabelo Herreros.- Actualmente ha visto aparecer una competencia muy preocupante, como lo son las sectas los ‘kikos‘ o los Legionarios de Cristo, que incluso han aterrizado en la enseñanza superior, con universidades propias, y con una militancia muy activa. Otra competencia son centros de estudios profesionales promovidos por grupos católicos muy conservadores, como Educatio Servanda, que curiosamente cuenta con apoyos políticos no solo del PP si no del PSOE, que ha ayudado a su implantación territorial.
Pero el Opus Dei es camaleónico, y, aunque ha perdido parte del poder que tenía en el Vaticano, en particular durante todo el mandato de Juan Pablo II, lo cierto es que en España ha consolidado e incluso aumentado su poder en la estructura del Estado. Sus escuelas de negocios y de posgrado son las que suministran directivos a grandes empresas, y funcionarios a los altos cuerpos del Estado, como abogados del Estado, notarios, registradores, fiscales, jueces, interventores e inspectores, o cuerpos técnicos de la administración, sin desdeñar el funcionariado de inferior rango.
Por otras vías tiene presencia en el generalato, Guardia Civil y Policía Nacional, además del CNI. De otra parte, la propia Iglesia española, en su jerarquía, es aún, y por mucho tiempo, una herencia del papado de un tipo de extrema derecha, como era Juan Pablo II, que hizo una Iglesia a su imagen y semejanza, muy del Opus, con un anticomunismo rayano en lo patológico por bandera. El papel del Vaticano en los procesos militares de Latinoamérica, en los años setenta y ochenta fue fundamental, con personajes siniestros, como el nuncio de Buenos Aires, Pio Laggi y otros altos cargos, y que fueron los que dirigieron la estrategia para acabar con clérigos vinculados o sospechosos de pertenecer a la Teología de la Liberación, como lo eran Ellacuría o monseñor Romero. No fue menor la actividad del Vaticano en el desmembramiento de Yugoslavia, con su decidido apoyo a Croacia, incluso con apoyo económico a aquellas bestias neonazis, también fue muy fuerte su apoyo al sindicato Solidaridad en Polonia. En España tenemos aún la Iglesia de Rouco y Cañizares. A mí lo que más me preocupa es el control que tiene el Opus sobre la judicatura, el Tribunal Supremo y el Consejo del Poder Judicial.
Salvador López Arnal.- No es para menos. ¿Apoya y financia la Iglesia católica a grupos, asociaciones y partidos de la extrema derecha?
Isabelo Herreros.- Lo hace de manera sutil, dándoles entrada en sus medios de comunicación, es decir fue la Iglesia quien dio la patente de partido democrático a Vox, a otros grupos, los antiaborto, por ejemplo, les ayuda cediéndoles sus instalaciones. Está muy claro que organizaciones de ultraderecha, como Hazte Oír o Abogados Cristianos, forman parte de los grupos de acción de la Iglesia, y juegan su papel, como parte de una estrategia de confrontación y de amedrentamiento de feministas, actores, humoristas, periodistas, activistas sociales, militantes de la memoria democrática, titiriteros o raperos. Cuentan con el apoyo de obispos, y, esto es más grave, con la aquiescencia, o incluso asesoramiento de jueces y fiscales en activo. En la medida que los postulados de la Iglesia católica española coinciden con Vox, y con asociaciones y grupos contrarios al aborto o defensores de la enseñanza integrista, o los que siguen viviendo muy bien de rentabilizar el pasado terrorismo de ETA, pues hay una sintonía que los lleva a colaborar, a formar parte de una misma estrategia, por lo que es difícil ver diferencias. La Iglesia tendría muy fácil desmarcarse de esos grupos extremistas, pero no lo hace porque son los suyos, y, cuando llevan a los tribunales a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, ven con simpatía el que se vuelva a plantear en los tribunales reintroducir la blasfemia como delito en el Código Penal, por ejemplo.
Salvador López Arnal.- Se le ve a usted muy admirador de Manuel Azaña. ¿Puede enmarcarse su libro en la tradición azañista? ¿Cuáles fueron las principales consideraciones y tesis del presidente republicano?
Isabelo Herreros.- Mi admiración por la vida y obra de Manuel Azaña me llevó a una militancia política, donde el laicismo es algo sustancial. Creo que mi libro es más una obra de investigación periodística, eso sí, de un periodismo interpretativo, que coincide con el que se hace también en Mongolia, y que es en el que me he movido siempre, que viene a coincidir, en cuanto a conclusiones, con esa transformación que necesita nuestro país, si quiere salir alguna vez del nacional catolicismo y de este Estado confesional heredado del franquismo. Manuel Azaña tuvo un proyecto de cambio, demodernización, en definitiva, una revolución democrática que trató de convertir España en un país culto, laico, con acceso a la enseñanza para todos, de liquidación de privilegios seculares para unos pocos, y de puesta en marcha de una Constitución que hizo posible la justicia social, el gran poder de los sindicatos, el fin de las castas militares, la reforma agraria, la construcción de diez mil escuelas públicas en poco tiempo, los Estatutos de Autonomía o el acceso a la cultura de todos, a través de las Misiones Pedagógicas.
Salvador López Arnal.- ¿Fue la Compañía de Jesús la orden católica que con mayor fuerza arremetió contra la Segunda República?
Isabelo Herreros.- La compañía de Jesús era una poderosa organización religiosa y económica, con presencia en medio mundo, pero muy sometida, por su voto de obediencia directa al Papa, a las decisiones del Vaticano y la propia Iglesia española, por lo que no se puede decir que tuvo un papel más allá de formar parte de una estrategia de acoso y derribo desde el minuto uno contra la República. La comisión que incautó los bienes de los jesuitas, presidida por un gran jurista y persona dignísima, Demófilo de Buen, investigó ingente documentación y llegó a algunas conclusiones,como lade que la orden fundada por Ignacio de Loyola tenía una red de evasión de capitales y otra de testaferros de la propia Iglesia y de unos cuantos poderosos, algunos grandes de España. No era la primera vez que en España se prohibía la actividad de los jesuitas, por lo que la medida, consecuencia de la aplicación del artículo 26 de la Constitución republicana, fue recibida con bastante normalidad por la mayoría de los ciudadanos.
Salvador López Arnal.- En su opinión, ¿cuáles han sido los momentos más importantes en la historia de España en los que se ha plantado cara a la Iglesia?
Isabelo Herreros.- La Iglesia católica, y esto es algo que me parece importante señalar, cuando se sigue, de modo ignorante y malévolo, hablando de las desamortizaciones, era parte del Estado, por lo que lo que se hacía era disponer de algo que era propiedad de ese Estado, en algunos casos, y en esto hay historiadores locales que arremeten contra Mendizábal o Madoz, lo cierto es que se perjudicó a poblaciones que se vieron desposeídas de bienes que cultivaban. Pero insisto de que el contexto es el de un Estado que dispone de aquello que considera que puede disponer. De las desamortizaciones se habla en el Concordato de 1953, es decir como que el Estado tuviera deudas históricas con la Iglesia, cuando lo que se había hecho, en unos casos, era acabar con los bienes de manos muertas, en poder de mayorazgos por linaje, la Iglesia o el propio Estado. El Estado necesitaba liquidez, y por ello las subastas públicas, en parte por la ruina que suponían las guerras carlistas.
En el siglo XIX hubo intentos tímidos de acabar con el poder de la Iglesia en el ámbito de la educación, incluso Romanones, como he dicho, quiso traer a España, a principios del siglo XX, la ley de separación Iglesia-Estado, por lo que tuvo, como antes Moyano, la enemiga del catolicismo; se quejaba en sus memorias del poco apoyo que tuvo, solo los republicanos estaban por la labor, mientras que a los socialistas les era indiferente.
Lo cierto es que la primera vez que se plantó cara de verdad al poder de la Iglesia fue durante la Segunda República, si por plantar cara se entiende asumir la enseñanza como una obligación del Estado, o se obliga a las confesiones religiosas a respetar las leyes, se liquidan viejos privilegios y se les obliga a constituirse en una asociación civil más, con las mismas obligaciones y derechos que las demás.
Salvador López Arnal.- A eso me refería cuando hablaba de plantar cara. ¿Fue cómplice la Iglesia católica del golpe fascista de 1936? ¿No existieron voces disidentes? ¿Por qué las ceremonias católicas por los que llaman «mártires de la cruzada» siguen contando con la presencia de representantes de la Administración?
Isabelo Herreros.- La Iglesia católica fue la principal organización instigadora del golpe fascista de 1936. Su jerarquía, con el cardenal Segura a la cabeza, conspiró desde el mismo 14 de abril de 1931 para acabar por la fuerza con la República, pero esto es ya historia indiscutible. Hubo en el seno del catolicismo voces disidentes, como lo fueron unos cuantos sacerdotes muy conocidos en aquellos años, como el padre Revilla, asesinado por los sublevados al comienzo de la guerra, Régulo Martínez, Josep María Llorens, Juan García Morales, Luis López-Doriga, que fue diputado republicano en 1931 y una larga relación de clérigos comprometidos con los más desfavorecidos, y militantes en algunos casos de partidos republicanos. Eran minoría estas voces, pues la jerarquía estaba comprometida con los sectores golpistas, los aristócratas y las oligarquías.
Se trata de anomalías típicamente españolas, la primera, la propia asistencia a actos religiosos de autoridades civiles o militares; la otra es que se sigan realizando ceremonias de exaltación de la «cruzada» en lugares que son de todos, propiedad del Estado. No hay voluntad política, por parte de los sucesivos gobiernos, de acabar con estas prácticas, claramente contrarias al ordenamiento constitucional y a la democracia. Más grave aún es la asistencia de representantes del gobierno y del cuerpo diplomático a los fastos de beatificación de «mártires de la Cruzada» en el Vaticano, las últimas bajo el mandato del Papa Francisco.
Salvador López Arnal.- Del gobierno y de gobiernos autonómicos (por ejemplo, el de la Generalitat). Desde su punto de vista, ¿cuáles deberían ser las relaciones que debería mantener España con la Iglesia Católica?
Isabelo Herreros.- La Iglesia católica y sus distintas ordenes deberían de estar legalizadas por el mismo registro que autoriza las asociaciones, sin privilegios. Y los asuntos derivados del usufructo que mantiene en bienes de propiedad pública, de raíz religiosa, por los ministerios o consejerías correspondientes, con la exigencia del pago de impuestos en todos aquellos negocios ajenos al culto.
Las relaciones que debería mantener el Estado con la Iglesia católica no deberían de suponer para ese grupo un trato distinto a las que se tiene con otras confesiones religiosas, con la salvedad de un hecho objetivo y que es la existencia de dos Estados católicos vaticanos reconocidos por la comunidad internacional, y que son el propio Vaticano y la Orden de Malta, con los que España mantiene relaciones diplomáticas.
Salvador López Arnal.- Tomemos un descanso si le parece.
Me parece.
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