El resultado, que dio una rotunda victoria al hijo del Juan Jose Arévalo (el primer presidente popularmente electo en Guatemala tras la Revolución Democrática de 1944) con 2 millones 441 mil 661 votos a su favor, (58%) frente al 1 millón 567 mil 472 de votos, (37.2%) de Torres en su tercer balotaje, es la expresión de una voluntad mayoritaria de transformación del país.

Guatemala se caracteriza por su débil democracia luego de décadas de gobiernos militares y guerra civil y sus enormes deudas sociales pendientes. Los niveles de analfabetismo alcanzan el 21.04% (y en algunos municipios hasta el 33.69 % en hombres y del 48.63 % en mujeres) según datos del Comité Nacional de Alfabetización, prevalentemente de origen indígena. La pobreza entre los niños y jóvenes de 0 a 14 años supera el 62% y la informalidad laboral urbana trepa hasta el 57%, según indican informes de la CEPAL.

Semilla, el movimiento surgido al calor de las manifestaciones de calle contra la corrupción en 2015 fue la gran sorpresa de estos comicios y finalmente, contra todo el aparato económico, mediático y judicial que históricamente ocupa el poder institucional político, dio el batacazo. No sin riesgo latente, de cara a una asunción que será efectiva dentro de cinco meses, el 14 de enero del próximo año. Sandra Torres de Casanova aún hoy no reconoce la derrota, mucho menos felicitó a su contrincante.

Vale recordar que el establishment instaló el relato de fraude desde el día siguiente a la primera vuelta y el Tribunal Supremo Electoral no anunció los resultados oficiales hasta después de quince días, luego del recuento del 54% de los votos emitidos, por pedido de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. A partir de allí se intentó anular la participación de Semilla, sin éxito. El titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche alertó el jueves 17 de agosto, apenas tres días antes de la elección, sobre  posibles arrestos de dirigentes de Semilla luego del domingo, sin importar cuales fueran los resultados.

 La Fiscalía guatemalteca está liderada por algunos jueces incluidos en la “lista Engel” de «funcionarios corruptos y antidemocráticos» elaborada por la inteligencia de Estados Unidos. En una entrevista que el embajador norteamericano en el país William Popp concedió al periódico Prensa Libre, aseguró que el presidente Joe Biden “fue muy claro hace dos años en asegurar que la corrupción es una amenaza a la seguridad nacional, y eso es un reflejo del compromiso de Estados Unidos de enfrentar eso donde sea, y tratar de apoyar a las instituciones aquí en Guatemala”. En consonancia, la vicepresidenta Kamala Harris al visitar el país centroamericano en 2021, anunció compromisos e inversiones que suman más de US$4.2 mil millones en el norte de la región, históricamente subordinada a los intereses del imperialismo del tío Sam, como proveedora de materias primas.

La persecución continúa

Este miércoles, la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció que el Ministerio Público (Fiscalía) pidió al Tribunal Supremo Electoral del país información sobre los “miembros de las juntas receptoras de votos, miembros del cuerpo de revisores, de los coordinadores de digitadores y de los centros de votación” de las elecciones presidenciales, asegurando que se trata de una “extrema judicialización del proceso electoral” que pone en riesgo a la democracia en Guatemala.

A pesar de haber ganado en 17 de los 22 departamentos del país, con un abrumador más del 75% en la zona central, aún no se oficializan los resultados y por ello, Semilla suspendió los festejos oficiales, mientras continúa recibiendo el apoyo internacional de mandatarios de la región, de Europa y Asia, y hasta de Joe Biden, quien felicitó a Arévalo “por su elección como próximo Presidente de Guatemala” y agregó “espero trabajar juntos para fomentar la prosperidad y la seguridad en Guatemala”. Por su parte Josep Borrell, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, aplaudió que el actual presidente Giammattei, haya “reconocido” el resultado de la segunda vuelta de las elecciones y haya aceptado el “traspaso de poder” al ganador.

Más allá de las particularidades nacionales, recientes experiencias de los progresismos en latinoamérica y el caribe nos demuestran que las victorias  electorales para el Ejecutivo Nacional son fundamentales, pero con ellas no alcanza para llevar adelante un plan de gobierno. La gobernabilidad de Arévalo dependerá de las (por el momento escasas) alianzas que pueda establecer dentro del parlamento con las principales fuerzas centristas y de derecha.

La profunda fragmentación política es una de las particularidades guatemaltecas. El hasta ahora partido oficial, Vamos, continuará siendo la principal fuerza del Congreso luego de obtener 39 diputados (de 160), mientras que la segunda fuerza será la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que redujo considerablemente su representación pasando de 52 electos en 2019 a 28 diputados, seguido por el Movimiento Semilla que ocupará 23 curules. Además CABAL, el partido del candidato presidencial  Edmond Mulet tendrá 18 legisladores, mientras que un total de 13 agrupaciones sumarán entre uno y nueve legisladores cada una.

Los desafíos de la primavera arevalista

Las problemáticas que atraviesan la sociedad guatemalteca, la enorme desigualdad que la caracteriza y la necesidad de robustecer la presencia y la incidencia del Estado en materia económica, productiva y social en el país, demanda que la clase política asuma con compromiso el mensaje de las urnas. Es voluntad de todo un pueblo, una renovación y un nuevo tiempo.

¿Cómo enfrentará Semilla las exigencias sociales? ¿Cuáles son los recursos y las posibilidades para hacer frente a la deuda social? Es posible que uno de los caminos viables y urgentes sea cumplir un rol activo en la actividad económica, procurando participar de la explotacion e industrializacion con agregado de valor en origen de los recursos naturales disponibles que incluyen pesqueros, hídricos, forestales, petroleros, energéticos renovables, minerales y una biodiversidad única.

La industria minera en Guatemala, dedicada principalmente a la extracción de níquel, plata y oro, por ejemplo, se encuentra dominada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, S.A. (CGN), que es una subsidiaria de Solway Investment Group, HEMCO del Grupo MINEROS de capital colombiano, Panama Development of Infrastructures (PDI) y el Ministerio de Energía y Minas. El problema es la falta de una política fiscal efectiva que contribuya a la distribución de la riqueza y la reducción de conflictos territoriales con las comunidades afectadas. La gestión sostenible de los recursos naturales en Guatemala es un desafío crucial que requiere una cuidadosa planificación y regulación del gobierno.

Pero no solo eso, la sociedad espera respuestas en materia de educación, salud, acceso a infraestructura para el desarrollo, acceso a la salud y a la propiedad de la tierra. Los desafíos son grandes, como grande es la esperanza depositada en el Movimiento Político Semilla que viene enfrentando las trabas y el peso del poder fáctico del país. Al parecer, una mayoría está dispuesta a destronar a la pequeña, conservadora y añejada élite que desde hace siglos, se cree dueña de Guatemala. Y no lo es.

 *Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)