Por: Fabrizio Lorusso
Entre Haití y la vecina República Dominicana no corren buenas relaciones. El 23 de septiembre pasado la Corte Constitucional Dominicana emitió una sentencia que parece una broma, pero no lo es. La Corte ha ordenado retirar la nacionalidad dominicana a todos los ciudadanos, nacidos después de 1929, que desciendan de personas nacidas en el extranjero. Éstas podrían llegar a ser deportadas y a quedarse apátridas, con base en el hecho de que sus padres o abuelos se consideran, ahora, como si hubieran estado simplemente «de paso» en el país en su época. Esta decisión podría afectar a más de 210,000 descendientes de haitianos en la República Dominicana.
El lunes, hubo una manifestación frente a la Embajada dominicana en Puerto Príncipe, capital de Haití. Ese mismo día el presidente dominicano, Danilo Medina, encontró a las asociaciones de descendientes de haitianos y prometió consultarse con los otros poderes del Estado para verificar los caminos posibles, pero por ahora la cuestión queda abierta.
Para el día 8, se prevén otras iniciativas de protesta para presionar al gobierno del país vecino con el fin de emendar la absurda decisión de la Corte o evitar su aplicación. De cumplirse, en efecto, esta «desnacionalización» impuesta contra millares de personas violaría la Declaración Universal de los Derecho Humanos, que establece el derecho de todos a tener nacionalidad y a no verse privado de ella arbitrariamente.
El viernes pasado, algunos congresistas haitianos se encontraron con sus pares dominicanos para formar una comisión especial encargada de analizar la decisión de la Corte y tratar de destrabar la situación. El 4 de octubre, una delegación de la ONU se reunió con Medina para platicar del asunto, pero éste hizo hincapié en las leyes dominicanas que otorgan a otros órganos del Estado la competencia al respecto.
El gobierno Haitiano del mandatario-cantante Michel Martelly ha expresado un desacuerdo profundo en una carta dirigida a la Embajada dominicana, subrayando cómo sería «preocupante» la aplicación de una medida retroactiva contra miles de ciudadanos de ascendencia haitiana. Por tanto, se invita al gobierno del país vecino a considerar de manera «objetiva y equitativa» el asunto de los dominicanos descendientes de haitianos dentro de la sociedad de que son parte.
A pesar de que hubo algunos momentos de solidaridad recíproca en la larga historia de convivencia entre estas dos naciones, las cuales comparten la isla caribeña de La Española, muchos más fueron los episodios de discriminación e incomprensión que han protagonizado estos dos países.
En especial, con referencia al problema del racismo, en la hispanófona, mestiza y relativamente más próspera República Dominicana, cíclicamente se vuelven a presentar brotes de intolerancia contra la «pobre, negra y francófona» República Haitiana. Los gobernantes y magistrados dominicanos podrían recordarse, en cambio, de la solidaridad que en 1929 mostraron los haitianos que prestaron una ayuda determinante a sus vecinos, tras la larga serie de huracanes que devastó la parte dominicana de la isla.
Además, justo esta semana, es el 76 aniversario de la trágica «Masacre del perejil». En el mes de octubre de 1937, el dictador dominicano Rafael Trujillo mandó a matar a cerca de 30.000 haitianos que vivían en el país para tratar de «blanquear la raza», a través de una limpieza étnica sin precedentes en la región. Los que no eran capaces de pronunciar correctamente la palabra «perejil» eran ejecutados. Con su decisión, violatoria del derecho internacional y del sentido común, la Corte parece haber despertado recuerdos nefastos y racismos latentes que son tan anacrónicos como peligrosos.
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