El sitio, que ya fue declarado como tierra indígena en 2005 por el gobierno federal, ha sido disputado entre indígenas Guaraní Ñandeva y terratenientes, que están presionando para que la reintegración del territorio, concedida por la Justicia Federal de Naviraí, en el pasado día 18 de este mes, a favor de Agropecuaria ‘Pedra Branca’. El 31 de octubre, otro fallo de la Corte había favorecido al hacendado Luiz Carlos Tormena, dueño de la Hacienda Chaparral.
Después intento ejecución de la orden de expulsión por la Policía Federal el 06 de noviembre, la justicia ha determinado un plazo de 10 días para los pueblos indígenas salgan voluntariamente de las propiedades ocupadas. El plazo expiró el viernes pasado y los nativos no dejaron la hacienda. El reintegro es inminente. Por eso, los indígenas están acampados en su propio territorio hace 45 días.
Según la comunidad, los hacendados utilizaban la tierra para la ganadería, pero los indios aseguran de que 100% de 7,5 mil hectáreas anteriormente ocupadas por hacienda está ahora bajo el control de los guaraníes, así como caminos, carreteras y alrededores. Según ellos, por lo menos dos veces por semana, líderes y familias de todas las áreas retomadas se reúnen en asambleas para discutir el día a día de los campamentos, compartir información y decidir los rumbos de la lucha por la demarcación de Yvy Katu.
Antes de regresar al territorio de Yvy Katu, los nativos estaban ocupando solamente 10% del total del área reclamada, en virtud de una decisión judicial. «Nosotros aceptamos este acuerdo [de Justicia] con el compromiso de que, mientras que estábamos con 10%, se completaría la demarcación de nuestras tierras. Pero ahora nos damos cuenta, que fue un error aceptar este acuerdo, porque nos engañaron, porque, después de eso, todo quedó parado, como estaba. Ahora, sólo vamos a aceptar acuerdo de recuperar el 100%.El 100% de la tierra es nuestra, nosotros no vamos más a salir”.
Para intentar resolver la situación, las organizaciones indígenas, incluyendo el Consejo Indígena Misionario (Cimi) y la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) enviaron una carta a la Presidenta Dilma Rousseff pidiendo laintervención federal «inmediata», en el estado de Mato Grosso do Sul. «El poder público puede y debe evitar esta «tragedia anunciada», la repetición sistemática de genocidio contra los pueblos indígenas. Y esto debe hacerse ahora. El reconocimiento y demarcación de tierras indígenas es la verdadera solución para la situación que está planteada en Mato Grosso do Sul”, argumenta del documento.
El plazo límite establecida por los productores rurales del Estado para que el gobierno resuelva los conflictos por la tierra es el día 30 de noviembre. Si ocurre una tragedia, nosotros responsabilizamos al gobierno, afirman los indígenas.
Contexto
Estudios de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y de una pericia judicial demostraron que los Ñandeva ocupaban el área de Yvy Katu durante la colonización de la región, de donde fueron expulsados en mediados de 1928. Para tener derecho a recuperar su territorio, ellos vienen reivindicando la terminación de la demarcación de las tierras indígenas Yvy Katu, que comenzó hace 29 años, pero fue interrumpida varias veces por los recursos judiciales. En junio de 2005, el Ministerio de Justicia declaró las 9,4 mil hectáreas de Yvy Katu como área de posesión permanente de los indígenas. A pesar de que la demarcación ya fue realizada, todavía está pendiente la homologación, por parte de la Presidencia de la República, para finalizar oficialmente el proceso.
En la actualidad, los indígenas ocupan 10%del total del área demarcada, en virtud de una decisión judicial. En marzo de este año, la justicia consideró nulo los títulos de propiedad, que inciden sobre la Tierra Indígena Yvy Katu, confirmando la validez del proceso de demarcación del área.
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