Después de muchos vaivenes al respecto, el gobierno ha tomado posiciones frente a las demandas de los sectores «autonomistas» radicales, los que, desde posiciones indigenistas y oligárquicas del oriente del país, pretendían reducir al mínimo el rol del Estado con los argumentos de ampliar las competencias, los recursos y el poder a favor de las autonomías departamentales e indígenas.
Morales, a tiempo de promulgar la Ley en julio último, manifestó que la Asamblea Plurinacional cumplió la tarea de aprobar las cinco leyes fundamentales de la flamante estructura del Estado: del Órgano Judicial, del Órgano Electoral, del Tribunal Constitucional, del Régimen Electoral y de Autonomías, «cumpliendo el mandato del pueblo boliviano y dando los pasos legales para asegurar la transformación de las instituciones centrales».
Las regiones orientales y sureñas de Bolivia, con una fuerte presencia de burguesías y oligarquías locales vinculadas a los capitales agrícolas y petroleros, reivindicaron las autonomías con el objetivo, primero de denunciar el «poder centralizado en La Paz» y después, con el ascenso popular, intentar debilitar la emergencia de los movimientos populares que destruyeron el poder de los partidos neoliberales. Inclusive las transnacionales petroleras financiaron los movimientos «autonomistas».
Durante el año 2008, los Prefectos (Gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, junto a Comités Cívicos y organizaciones empresariales, llevaron adelante una campaña de desestabilización del gobierno que alcanzó altos niveles de enfrentamiento, incluyendo la imposibilidad de que el Presidente Morales y el Vicepresidente Alvaro Garcia Linera visiten estas regiones.
Esto obligó al gobierno a realizar una movilización de las organizaciones sociales que cercaron la ciudad de Santa Cruz y derrotaron a los sectores «separatistas», al mismo tiempo las Fuerzas Armadas ocupaban militarmente el departamento de Pando, frontera norte con Brasil. Esta situación culminó con el triunfo del gobierno, el debilitamiento político de los grupos oligárquicos, que habían organizado grupos paramilitares apoyados por mercenarios europeos, la expulsión del Embajador de Estados Unidos, Philip Golberg por apoyar la sedición y la posterior prisión de Leopoldo Fernandez.
Después de la aprobación de la nueva Constitución (2009) y la reelección de Evo Morales por un segundo periodo (2010-2015), el tema de las autonomías volvió al escenario político boliviano durante este año. Ante las expectativas de algunas comunidades indígenas, pueblos originarios y regiones y el interés de los reelegidos gobernadores de Beni (Ernesto Suarez), Tarija (Mario Cossio) y Santa Cruz (Rubén Costas) y parlamentarios opositores, se produjo una ofensiva social y regional.
La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), que cuenta con parlamentarios elegidos por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y fue parte fundamental del apoyo social a Evo Morales, inició una «marcha por los derechos indígenas» desde Trinidad, en la zona amazónica, hasta La Paz, sede de gobierno, rechazando la Ley de Autonomías.
La CIDOB estableció que la Ley de Autonomías no reconocía sus derechos a tierra y territorio, a contar con recursos suficientes para administrar su autonomía y formar sus gobiernos propios y a ser consultados en relación a concesiones de recursos naturales como minerales, petróleo y forestales. Su principal dirigente, el diputado Adolfo Chavez, manifestó que el gobierno está incumpliendo la Constitución Política del Estado en lo que corresponde a los derechos indígena originario campesinos.
Esta situación fue aprovechada por la oposición parlamentaria y regional. La «caja de Pandora» fue preparada por las oligarquías tradicionales locales, apoyada por los políticos conservadores, las empresas transnacionales interesadas en recursos estratégicos y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) conservacionistas que tienen un doble objetivo: controlar los recursos naturales estratégicos como el gas, el litio, el hierro y la biodiversidad y debilitar el frágil Estado Nacional.
El gobierno avanzó en la aprobación de la Ley Marco de Autonomías con cuatro niveles de gobiernos autonómicos: el departamental, el municipal, el regional y el indígena, el mantenimiento de las competencias fundamentales en el gobierno central y del sistema fiscal e impositivo que distribuye los recursos económicos, obligando, asimismo, que los Estatutos Autonómicos que pretenden ejecutar las Gobernaciones, sean reformuladas por las Asambleas Departamentales, sometidas al control del Tribunal Constitucional y posteriormente a un referendo popular.
Paralelamente, el gobierno creó una poderosa entidad multisectorial destinada a impulsar el desarrollo de las macroregiones y de las zonas fronterizas, entendidas estas como polos de desarrollo geográfico en función de la integración nacional, el uso de los recursos naturales estratégicos y el movimiento poblacional en territorios con baja densidad demográfica, en las fronteras con Brasil, Chile, Argentina y en el centro del país.
Esta entidad multiministerial parece estar enmarcada en una propuesta de fortalecer el Estado Nacional con la elaboración y ejecución de proyectos de envergadura relacionados a la integración vial, la industrialización de recursos naturales y el control soberano de regiones que no han estado vinculadas a los centros urbanos y políticos tradicionales.
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