El año en que Brasil rompió con Estados Unidos

Fue el año diplomático menos pensado. El 31 de mayo de 2013, cuando el vicepresidente norteamericano, Joe Biden, desembarcó en Brasilia para definir la letra chica de los acuerdos a ser firmados durante la cumbre entre Dilma Rousseff y Barack Obama, nadie, posiblemente ni la presidenta, imaginaba cuál sería el descenlace de esa aproximación a Washington, sin precedentes en once años de gobiernos del Partido de los Trabajadores.

«No hay obstáculo que no pueda ser superado por nuestros países… estamos ansiosos por recibirla (a Dilma) en octubre en Washington», aseguraba Joe Biden al dejar el Palacio del Planalto con su sonrisa invicta.

Es inusual que Dilma reciba a vicepresidentes en su despacho y si lo hace es para cumplir algún protocolo rápido: el haberle concedido 90 minutos de su tiempo al número dos de la Casa Blanca alimentó especulaciones fundamentadas sobre el tamaño de los pactos que se estaban gestando. Portavoces anónimos del gobierno, posiblemente alguna fuente militar interesada, dejaron trascender que luego de la conversación con el emisario de Obama, la presidenta había resuelto comprar 36 cazas F-18 Super Hornet fabricados por Boeing, una de las empresas que forman el complejo industrial militar norteamericano, cuyo poderío gigantesco creció aún más desde la declaración de guerra al terror anunciada en 2001 por George Walker Bush, luego de los atentados contra las Torres Gemelas neoyorquinas.

La sonrisa, ahora victoriosa, de Joe Biden al estrechar la mano del siempre contenido canciller Antonio Patriota sellaba el momento más regresivo de la política externa brasileña desde 2003, con el virtual derrumbe de la posición «altiva» ante la Casa Blanca mantenida bajo el mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, secundado por su ministro de Exteriores Celso Amorim y el asesor especial Marco Aurélio García, una troika que se completaba con Samuel Pinheiro Guimaraes, el «enfant terrible» de Itamaraty, a quien le cupo la tarea de revisar planes de estudio y sistemas de admisión en la inexpugnable estructura del Servicio Exterior.

Autor de libros a menudo citados por Hugo Chávez, Pinheiro Guimaraes había sido condenado al ostracismo por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso en los ’90, como escarmiento por haber denunciado el Area de Libre Comercio de las Américas.

Dilma, conocida por sus posiciones nacionalistas de izquierda, no parecía totalmente convencida con el acercamiento abusivo a Estados Unidos, enhebrado desde 2011 por su canciller Antonio Patriota. A fin de establecer comparaciones, podríamos situar a Patriota en las antípodas de Amorim y Pinheiro Guimarães: diplomático sumiso a los poderes establecidos en Itamaraty, muy bien relacionado en Washington, donde se desempeñó como embajador, y uno de los brasileños predilectos de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que suele nombrarlo como «mi amigo Antonio». Afecto que es recíproco.

Rousseff suele pronunciarse a través de gestos y con frecuencia su cara parecía la de una mujer obligada a calzar zapatos dos números menores a los de su horma cada vez que aparecía en público junto a Patriota, eso especialmente luego de la incompetencia con que éste actuó frente al golpe que derrocó al ex mandatario paraguayo Fernando Lugo, en junio de 2012.
En rigor, Patriota fue algo así como el canciller de una nota sola, la de

Washington, a despecho de la agenda sudamericana, en la que luego de la gafe paraguaya de 2012 ocurrió el escándalo con Bolivia en agosto de 2013, cuando los responsables de la embajada brasileña facilitaron la fuga de un dirigente opositor acusado de desestabilizar al presidente Evo Morales.
Esa asimetría diplomática a favor de Estados Unidos era lo deseado por las facciones del Palacio Itamaraty (Cancillería) nostálgicas del mandato de Fernando Henrique Cardoso, que debieron soportar con disgusto la heterodoxia y el latinoamericanismo que imperaron durante los 8 años de Lula-Amorim-García.

Lo cierto es que en agosto de 2014, la política externa de Dilma, siguiendo los postulados de la vieja guardia de Itamaraty, era criticada por lo bajo en el PT mientras parecía encaminarse hacia un pacto de subordinación relativa con Washington, a ser rubricado en la visita de Estado a la Casa Blanca prevista para el 23 de octubre.

Fue entonces, entre julio y septiembre, que se conocieron cientos de documentos obtenidos por el ex analista de la NSA Edward Snowden, revelando que bajo el pretexto de dar caza a terroristas imaginarios, esa agencia instaló una central de operaciones clandestinas en Brasilia desde la cual fueron violadas las comunicaciones de Dilma y robados datos, probablemente sensibles, de la petrolera estatal Petrobras.

Ofendida por la violación de la «soberanía nacional» perpetrada por Estados Unidos, Rousseff solicitó una reunión urgente con Obama, en la que éste no pudo brindarle las explicaciones exigidas al tiempo que admitió ser impotente frente al poder de la comunidad de informaciones, prima hermana del complejo industrial militar.

La fracasada conversación con Obama y, en menor medida, la caída de Patriota, hechos ocurridos en el lapso de un mes, certificaron la defunción de la política externa inaugurada en 2011, y señalaron el reencuentro con varias de las tesis acuñadas desde 2003.

A partir de ese corte, inesperado y drástico, Dilma asumió en septiembre del año pasado el comando de las relaciones exteriores, desplegando una batería de movimientos convergentes. Suspendió la visita de Estado a Washington pese a los esfuerzos en contrario realizados por el sonriente Joe Biden y el secretario de Estado John Kerry, también enviado a Brasilia para reparar los daños causados por el dossier Snowden.

Propuso y obtuvo el acuerdo de los países del Mercosur para elaborar de una estrategia conjunta contra el espionaje electrónico, iniciativa que posteriormente formuló, con algunas modificaciones, ante la Asamblea de Naciones Unidas, que el mes pasado la aprobó con el apoyo conjunto de los países emergentes y varias potencias como Alemania, a pesar de las reservas iniciales de Angela Merkel.

Poco después de asumir, el nuevo canciller, Luiz Alberto Figueireido, emprendió en septiembre una gira por varios países en la que calificó al espionaje norteamericano como «inaceptable» y «violatorio de los derechos humanos». Un simple análisis contrafactual autoriza suponer que si Dilma hubiera realizado la tan anunciada visita a Washington, probablemente las petroleras norteamericanas habrían sido fuertes candidatas en la subasta del megapozo Libra, con 15.000 millones de barriles, y los aviones Super Hornet de la Boeing podrían haber sido escogidos por la Fuerza Aérea para modernizar su flota de guerra.

Como se sabe, ninguna petrolera estadounidense se inscribió para disputar el yacimiento de Libra, en la licitación ganada en octubre por un consorcio encabezado por Petrobras asociada a dos compañías chinas, una francesa y una anglo-holandesa. Y en diciembre, el ahora ministro de Defensa, el diplomático de carrera Celso Amorim, siguiendo instrucciones del Planalto, finalmente optó por comprar 36 cazabombarderos Gripen NG, de fabricación sueca, desechando los norteamericanos F-18, que antes del data-gate parecían imbatibles.

Fueron dos medidas de Estado que trascienden lo coyuntural, en las que se materializa un giro ventajoso para la autonomía nacional y antipático para grupos hegemónicos de las industrias petrolera y militar, lo cual genera resonancias en las grandes empresas mediáticas.

Quien repase la línea editorial de la CNN, The Economist o The Financial Times advertirá cómo ha mutando el tratamiento dado a Rousseff. Dejó de ser aquella estadista de 2011 para tornarse una presidenta «intervencionista y contraria al libre juego de las fuerzas del mercado», un modelo inconveniente para los demás países latinoamericanos, a los que se recomienda, desde esas usinas de opinión global, desechar el ejemplo de Brasil y seguir el aplicado en México por el presidente Enrique Peña Nieto.