El Presidente García, por ejemplo, dijo tener antecedentes de Juan Lázaro Fuentes, el esposo de la acusada, al que sindicó como «embajador de la subversión interna en el Perú».
Y es que, el mandatario peruano, además de confirmar su tácita aceptación de los cargos formulados contra la pareja y otros implicados en el tema, admite en los hechos que el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos opere en nuestro país como Pedro en su casa y luego acuse a personas sometidas a un seguimiento riguroso sin anuencia oficial de las autoridades peruanas.
Una con otra, podría decirse, porque ocurre que en el Perú las autoridades migratorias decidieron cancelar la residencia y disponer la deportación del sacerdote británico Paul Michael John Thomas Mac Auley, acusándolo de sus posiciones ambientalistas y sus intervenciones en defensa de las poblaciones nativas y el medio ambiente.
Para las autoridades peruanas, defender la vida de las poblaciones y proteger el eco sistema y la bio diversidad constituyen, «actividades distintas a su condición de residente religioso».
Según esa opinión, el sacerdote debía constreñirse a hacer misa y orar para que no se produzcan derrames de petróleo como los que hoy afectan severamente la amazonía en el río Marañón y para que los inversionistas foráneos ganen bien como consecuencia de los recursos que asignan a la explotación del suelo en nuestra selva.
Es posible, por cierto, que el Cardenal Juan Luís Cipriani coincida plenamente con esta idea, porque él también es partidario del enriquecimiento de los consorcios mineros aunque éste sea hecho a costa del medio ambiente y la vida de las poblaciones.
Pero las cosas van más allá, por cierto. Ayer nomás el ministro de educación del gobierno peruano -Eugenio Chang Cruz- explicó ante el beneplácito de los anti comunistas de siempre, que los maestros que hubiesen sido acusados de «terroristas» no podrán ejercer jamás la profesión docente aunque hayan sido liberados de tal cargo.
En realidad se trata de expresiones de una misma política. Aquella que, en el plano exterior lleva a usar el terrorismo mediático contra Cuba, provocar a Venezuela y denigrar a Bolivia; y que aquí se manifiesta en una abierta complacencia con la mafia fujimorista que, dispuesta a volver al Poder a cualquier precio, llama siempre a emplear «mano dura» contra la subversión.
Tras todas estas expresiones de odio contra las fuerzas progresistas y los intereses de los pueblos, se maneja un entretejido laboriosamente creado, pero que no tiene sustento alguno. Refleja, solamente, la intención de usar hechos aislados para extraer de ellos una esencia incoherente y flácida. Veamos los casos:
Virginia Peláez, periodista peruana que en los años 80 del siglo pasado tuvo un desempeño calificado en los medios, resultó presionada por las autoridades de entonces -precisamente el primer gobierno de García- y se vio precisada a irse del país para preservar su integridad y su vida.
Y viajó justamente a los Estados Unidos con la idea -como decenas de miles de peruanos- de encontrar allí protección y defensa.
Vivió legalmente en USA. Usó su propia identidad y trabajó en un medio periodístico reconocido. Ocurrió, sin embargo, que tuvo ideas propias ante acontecimientos de importancia mundial, como la guerra de Irak, la política de Bush, la migración, o el reciente derrame de petróleo en los Estados Unidos.
Sus opiniones, ciertamente, no fueron del agrado de las autoridades, que -sin embargo- no podían ejercer contra ella ninguna presión formal diciendo, al mismo tempo, que representaban a una administración democrática.
Resolvieron, entonces, cortar por lo sano, y la acusaron de «espía», un cargo que fundamentaron, como en los viejos tiempos, con conversaciones telefónicas intervenidas, papelitos encontrados, citas grabadas y entrevistas no reportadas.
Para ese propósito se prestaron sin duda de muy buen agrado, los servicios secretos yanquis, que operan en el mundo con la más absoluta libertad.
La CIA y el FBI sustentaron una buena parte de los «cargos» hoy levantados contra 11 personas, hoy procesadas judicialmente. Y les dieron a ellos, una connotación política sorprendente.
Resulta, según la versión proporcionada por los medios, que la izquierdista Vicky Pelaez y sus compañeros trabajaron para el servicio de Rusia -no la Unión Soviética, sino Rusia- y contra los Estados Unidos al tiempo que la Casa Blanca se entendía a las mil maravillas con Yeltsin y Putin para desmantelas el socialismo y sepultar la URSS. ¿Tiene eso lógica?
Y lo hicieron durante más de diez años, sin que nadie dijera una palabra. Y sin que los «servicios» norteamericanos formularan la menor objeción a sus ingresos y salidas del país. Al contrario, los siguieron en sus rutas y los filmaron en otros escenarios, sin respetar en absoluto a las autoridades locales.
Por lo menos aquí, nadie oficialmente autorizó la actividad del FBI o de la CIA habida cuenta que nuestro país -como otros- tiene sus propios servicios de inteligencia y seguridad que – según parece- están pintados en la pared.
Y quizá no estén tan pintados, cuando han descubierto que proteger al medio ambiente no es función religiosa, y que tener «ideología terrorista» inhabilita a alguien para ser profesional.
¿O será que en estos casos también la versión de los hechos la proporcionen el FBI y la CIA?
Es claro que detrás de estos criterios se esconde la misma monserga anticomunista de siempre.
Tras ella asoman los intereses de los monopolios, pero también las truhanerías más escandalosos consumadas contra nuestros países y sus ciudadanos.
Porque a las autoridades que así piensan, les place ignorar la contaminación ambiental, el mal uso de los fondos públicos, la corrupción desmedida, los grupos paramilitares y el accionar de las Mafias.
Todos estos parecen ser el común denominador del capitalismo en nuestro tiempo. (fin)
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