Así ha ocurrido en distintos escenarios de la vida nacional: con los cesante y jubilados, a los que les redujo las pensiones luego de asegurar ante todo el Perú que la economía estaba en su momento de mayor auge y bonanza.
También con las poblaciones amazónicas, a las que encandiló con un proyecto de ley aprobado en el Congreso y que el Ejecutivo se niega a promulgar para no afectar la luna de miel que lo ata a los consorcios multinacionales a los que ha ofertado -o incluso entregado ya- extensas tierras en la región oriental del país.
Y ahora, precisamente en el mes que se celebra el Día del Maestro, pone en boga dispositivos que constituyen una afrenta a la dignidad de los docentes y un nuevo, y duro, golpe a la educación peruana.
Se trata de disposiciones sugeridas, sin duda, por los impulsores del «modelo» neo liberal que agobia a todos los peruanos. Pero que afectan en particular a quienes viven gracias a proporcionar el servicio educativo que la sociedad requiere.
Estas medidas las implementa, a través del Ministro del sector, un extraño personaje ligado al Presidente de la República por muy oscuros intereses.
No hay que olvidar, en efecto, que fue el Rector de la Universidad Privada San Martín de Porras el que pagó los servicios del entonces desocupado Alan García y lo hizo nombrar -nada menos- que Director de la Escuela de Gobernabilidad de la citada entidad universitaria otorgándole la friolera de cincuenta mil soles mensuales.
Eso ocurrió -hay que recordarlo- cuando gobernaba el país el señor Alejandro Toledo y el líder del APRA -y hoy mandatario de la Nación- simplemente aspiraba a retornar a la Casa de Pizarro pensando en la eventualidad de pagar favores.
Y ahora, entonces, el señor Chang Cruz -el Ex Rector aludido- cumple cuatro años como inconmovible conductor de la educación peruana, ejerciendo una función que ciertamente no conoce.
«Conflicto de intereses» suelen decir los que conoces de los delitos que se cometen en el manejo administrativo de las instituciones. Pero aquí no se alude a ello.
¿Cuál ha sido el itinerario del señor Chang en el plano de la educación? ¿Ha trabajado alguna vez en algún centro educativo de cualquier nivel? ¿Ha impulsado alguna reforma en el sector que pudiera ser considerada un «aporte» a la educación peruana? ¿Ha publicado siquiera un opúsculo con sus reflexiones en torno a la materia? Nada, por cierto.
El señor Chang es simplemente un empresario -por no decir, un mercachifle- capaz de vender todo lo que tenga al alcance de su mano. Lo demostró ya de manera fehaciente al vender el local del Ministerio de Educación y llevar la atención a los docentes literalmente bajo tierra, es decir a los sótanos de la Biblioteca Nacional.
Cuando vivimos la etapa de la globalización, y cuando muchos países consideran inherente a ella un proceso educativo altamente calificado, el vocero del gobierno cree que cualquier ciudadano puede ejercer la docencia. Y acaba de disponerlo así asestando un golpe demoledor a la dignidad del Magisterio y a la carrera docente
¿Los médicos admitirían que cualquier ciudadano pudiera ejercer su profesión? ¿Los abogados lo aceptarían? ¿Los arquitectos estarían de acuerdo con que un abogado pudiera ejercer la tarea de construir edificios? ¿Los abogados, a su vez, aplaudirían una medida que facultara a los ingenieros a litigar en los tribunales? ¿Y por que se supone que los Maestros deben tolerar que profesionales de otras áreas ejerzan la función docente?
Lo que ocurre es que, en el empeño de destruir la educación pública, el gobierno ha buscado desacreditar y desmoralizar al magisterio en su conjunto.
Calificativos perversos, como aquellos de «maestros incapaces», «maestros violadores» o «maestros terroristas» se han vuelto el pan del día que el régimen otorga a los trabajadores de la educación a los que, a su vez, forma en las condiciones más adversas, y mantiene con sueldos de hambre.
En el fondo, lo que el régimen ha buscado -y lamentablemente, en buena medida ha conseguido- es derrotar políticamente al Magisterio para descalificarlo como interlocutor válido ante la sociedad.
Por eso el Maestro no goza hoy de la confianza ciudadana, ni siente el respeto ni el aprecio de la comunidad, elementales requisitos para el ejercicio de su actividad docente.
Con el apoyo de la «prensa grande» al servicio siempre de las peores causas, ahora el gobierno ha buscado, mediante un Decreto Supremo, echar del sistema educativo a los profesores que, por una u otra razón, fueron en un aciago momento de la vida nacional, acusados de «terroristas» «subversivos» y otras lindezas.
Ni siquiera se ha detenido en los casos en los que los acusados, lo fueron como resultado de presiones inicuas, o de tortura; o que ellos se vieron complicados en hechos a partir de delaciones pactadas entre rejas.
Esos mismos cargos -recuérdese- fueron usados hace varias décadas contra los propios apristas. A ellos no les importa, sin embargo, revertirlos ahora contra los maestros a los que busca sancionar por razones de orden claramente ideológico.
No otro carácter tiene la disposición mediante la cual se busca prohibir el ejercicio docente a quienes tengan «conductas o ideología terrorista». Bajo ese común denominador podrán caer todos los Maestros progresistas o avanzados, con ideas de cambio, y que no compartan, por eso, el ideal fundamentalista que impulsa el régimen.
La falta de unidad, de claridad de objetivos y de cohesión orgánica, unida a la ausencia de un liderazgo legítimo, ha permitido que esta ofensiva oficial tome fuerza y amague severamente al proceso educativo nacional.
Es bueno que a eso, se le ponga coto, y que la perfidia del gobierno encuentra ya su «estate quieto». (fin)
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