Como resultado de la disposición penal fueron condenados a 25 años de prisión, el asesor de Inteligencia del gobierno de entonces Vladimiro Montesinos Torres; el ex Comandante General del Ejército Nicolás Hermoza Ríos; el entonces Jefe del Servicio Nacional de Inteligencia Julio Salazar Monroe; el Jefe de Inteligencia del Ejército, general Juan Rivero Lazo y los mayores Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue.
La sentencia alcanzó con penas menores a otros integrantes del destacamento operativo del SIN, responsable de diversos crímenes: la matanza de Barrios Altos, en noviembre de 1991; el secuestro y ejecución de 9 estudiantes y un profesor de La Cantuta; el asesinato de pobladores en El Santa; la ejecución del periodista Pedro Yauri; y otros hechos del mismo signo.
El fallo reconoció dos elementos relevantes: el que los servicios de inteligencia del Estado fueron usados para la comisión de asesinatos; y que las victimas -en todos los casos- fueron personas inocentes de los delitos que les fueran adjudicados.
De ese modo quedó confirmada en su mayor dimensión la verdad que levantaran los familiares de los ejecutados, señalando que el terrorismo de Estado, puesto en práctica por el gobierno de Alberto Fujimori, fue el responsable de la comisión de alevosos crímenes que han pasado al recuerdo de los peruanos como delitos de lesa humanidad.
La sentencia judicial puso a los acusados ante un hecho inesperado. Ellos, incubaron recientemente la ilusión de alcanzar su libertad gracias a la dación del Decreto Supremo 1097, una suerte de amnistía forzada que el régimen del Presidente García ideó para sustraerlos de la acción de la justicia.
La indignada respuesta ciudadana no se hizo esperar, y el citado dispositivo fue dejado sin efecto antes de entrar en vigencia.
Hay que reconocer, por cierto, que el puntillazo final, se lo dio una letal carta del escritor Mario Vargas Llosa, renunciado a funciones delegadas por el Ejecutivo en protesta por esa infeliz propuesta que liberaba de responsabilidad a todos quienes estaban en víspera de ser condenados por estos crímenes.
El juicio, que se inició hace cuatro años, fue suspendido por largas temporadas. Conoció, en efecto, diversas maniobras dilatorias planteadas por la Defensa de los acusados, que buscó diferir las sentencias para argüir luego el presunto vencimiento de los plazos judiciales ordinarios previstos por ley. No obstante, la firmeza del tribunal y el manejo diestro que éste hizo del tema en cuestión, permitió que se dictara una sentencia enteramente ajustada a la Ley.
¿Será esta una sanción definitiva? Lo primero que hay que señalar es que la Pena ha sido apelada por los afectados. Ella subirá a la Sala Plena de la Corte Suprema para su ratificación o cambio. Y mientras eso ocurra, es previsible que nuevos artilugios se muevan para dar la m ano a los condenados de hoy.
En el complicado escenario judicial peruano, éste y otros recursos planteados incluso ante el Tribunal Constitucional pretenderán mantener abierta la causa a fin de impedir que la sentencia quede, como suele decirse consentida y ejecutoriada, es decir, con vigencia plena.
Siendo esta una causa eminentemente política, el accionar de estos recursos tendrá asidero mientras subsista el gobierno el Presidente García, quien expresó en distintas ocasiones su voluntad de hacer una suerte de «borrón y cuenta nueva» en relación a estos delitos por cuanto él también afronta acusaciones similares que podrían ser accionadas en cualquier momento.
Los crímenes del Comando Rodrigo Franco -que fueran denunciados en su momento por una comisión parlamentaria- están a la espera de ser ventilados, y los responsables de ellos tendrán -tarde o temprano- que responder ante la ley.
Pero también el resultado electoral del 2011 influirá en el tema. Una victoria de la reacción, podría favorecer a los sentenciados más adelante.
Hay que subrayar que la decisión del Tribunal peruano no tiene que ver solamente con la naturaleza de los delitos cometidos. Tampoco exclusivamente con la probidad de los jueces que tuvieron en sus manos la causa. Fue también resultado del infatigable trabajo de los familiares de las víctimas, y del esforzado empeño de los organismos defensores de los Derechos Humanos, que nunca bajaron la guardia en la materia.
Como el caso no ha concluido, cabe sólo continuar en la batalla. No se trata exclusivamente de lograr que esta sentencia quede «en firme», sino que otros casos -aun pendientes- sean también abordados con el mismo criterio. La impunidad no puede afirmarse en democracia. La daga de la ley debe brillar con filo propio (fin)
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