Pero entre aquella oportunidad y esta ocasión existe al menos una gran diferencia: en aquel momento los partidos políticos que hoy son gobierno se atribuyeron la movilización social para mejorar su posición negociadora. Esta vez, en cambio, la negociación se desarrolló en los marcos de una profunda derrota política, lo que hacía evidente que las reglas del juego iban a ser establecidas por los partidos de la derecha tradicional (UDI, Renovación Nacional, Evópoli).

A pesar de ello, el «Acuerdo por Chile» (como le denominaron esta vez) fue suscrito por casi todas las fuerzas políticas, incluyendo al Partido Comunista, el Frente Amplio, los partidos que fueron parte de la Concertación y la derecha tradicional. Solo el Partido de la Gente —populista de derecha— y el Partido Republicano —extrema derecha, cuyo candidato presidencial fue José Antonio Kast— rechazaron firmar el acuerdo.

Esto generó un proceso sumamente restringido ya desde sus mismos comienzos. Lo primero fue la redacción de doce bases constitucionales que servirían de «bordes» para la (nueva) propuesta de Nueva Constitución. Luego, un Comité de Admisibilidad, integrado por 14 abogados y abogadas designados por el Congreso Nacional, tuvo en sus manos el deber de erigirse en «custodios» de las doce bases constitucionales. Finalmente, una Comisión de Expertos, con 24 integrantes designados por el Congreso y capacidad parcial de veto, se ocupó de la redacción del anteproyecto de Nueva Constitución sobre el cual trabajaría el Consejo Constitucional. Además, el sistema electoral utilizado para la elección de los 50 consejeros y consejeras constitucionales fue el del Senado (D’Hont), vetando la participación de listas independientes y garantizando que como mucho un solo consejero indígena pueda integrar el organismo, como terminó ocurriendo.

Entre las doce bases hubo algunas que, pertenecientes a la tradición constitucional y legal chilena, no generaron mayor discusión e incluso fueron parte de la propuesta constitucional elaborada por la Convención en 2022. Puntos como que Chile es una República Democrática (1), el respeto a los emblemas patrios como el escudo nacional y el himno (2), la protección de los derechos fundamentales (3), la consagración de órganos autónomos como el Banco Central, Justicia y Servicio Electoral, Ministerio Público y Contraloría (4) o que la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales (5) no generaron mayor debate.

Otras bases, por el contrario, tenían como objetivo impedir discusiones al interior del Consejo Constitucional, como aquella que señalaba que Chile era un Estado Unitario (6) —para evitar discusiones sobre Estado Regional o Federal—, la consagración de todos los estados de excepción constitucional actual (7) —incluyendo el estado de emergencia, que había sido eliminado en la propuesta constitucional anterior—, el reconocimiento de los pueblos originarios como parte de la nación chilena (8) —para impedir el debate sobre la plurinacionalidad—, el reconocimiento de tres poderes del Estado separados e independientes (9) —para evitar discusiones sobre el régimen parlamentario— y la consagración expresa de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) como fuerzas de orden y seguridad (10), para evitar que Carabineros y la PDI quedaran con rango legal, como había ocurrido en el proceso anterior.

Finalmente, hubo dos bases constitucionales declarativas que le permitían justificar a las fuerzas políticas del gobierno de Gabriel Boric la existencia de esta Nueva Constitución: la consagración de Chile como un Estado Social de Derecho (11) y la consagración del cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad (12). Tal arquitectura constitucional tejida a partir de estas «bases» (que más que bases fueron verdaderos «amarres») estuvo diseñada para que, independientemente de los resultados electorales, las fuerzas políticas del gobierno se vieran obligadas a negociar con Chile Vamos todas las normas, pues ninguna por sí misma tendría el quórum de tres quintos para aprobar las normas sin negociar.

Este acuerdo «en la medida de lo posible» fue ampliamente criticado desde las organizaciones sociales, pues por sus límites estaba claramente diseñado para que su único mérito fuese parir una Constitución nacida en democracia que reemplazara a la anterior, hija de la dictadura. Pero de cambios sustanciales que dieran respuesta a las demandas sociales exigidas por la revuelta popular de 2019, ni noticias.

El Consejo Constitucional

El 7 de mayo de 2023 se realizaron las elecciones de los 50 consejeros y consejeras constitucionales. Al igual que en el primer proceso, todas las encuestadoras y expertos electorales fallaron en sus proyecciones. Si en el primer proceso constituyente la sorpresa vino por parte de los independientes provenientes del movimiento social y la Lista del Pueblo, en estas elecciones el triunfo fue para la ultraderecha. El Partido Republicano de José Antonio Kast obtuvo casi tres millones y medio de votos, equivalentes a más del 35% de los votos válidamente emitidos y 23 de los 50 escaños del Consejo (número que finalmente se redujo a 22, pues antes de asumir el cargo el consejero Aldo Sanhueza renunció a su escaño como consecuencia de una acusación de abuso sexual en su contra).

La victoria del Partido Republicano se explica por varios factores: en primer lugar, por haber sabido canalizar el descontento de la gente con el gobierno y su desafección respecto del sistema político en general. La campaña del Partido Republicano giró en torno a las políticas de seguridad y posturas antimigratorias que, pese a no constituir la centralidad del debate constituyente, tuvieron efecto sobre el electorado. Otro factor que jugó a su favor fue la crisis que vivió una semana antes de la elección el Partido de la Gente, cuando se descubrió que una de sus candidatas había sido condenada por narcotráfico, lo que redujo su electorado a un 5% y sus escaños electos a cero. Finalmente, el crecimiento de las fuerzas de Kast fue a costa de la derecha tradicional: representada por Chile Vamos, obtuvo poco más del 20% de los votos y solo 11 consejeros constitucionales. Así, con los 33 consejeros constitucionales que sumaban la extrema derecha y la derecha tradicional bastaba para aprobar cualquier norma. Y el Partido Republicano, por sí solo, contaba con derecho de veto, lo cual le permitía impedir la negociación de Chile Vamos con los partidos políticos del gobierno.

Las fuerzas oficialistas, representadas en la Lista de Unidad para Chile —Partido Comunista, Frente Amplio, FRVS, Partido Liberal y Partido Socialista—, obtuvo poco más del 28% de los votos, garantizándose 16 escaños. Si bien mantuvieron porcentajes similares a los obtenidos en las últimas elecciones parlamentarias y en la primera vuelta presidencial, no lograron llegar a los 20 escaños necesarios para vetar una norma en el Consejo Constitucional. Gran parte de la responsabilidad por estos resultados amargos se le atribuye al Partido por la Democracia (PPD) que, pese a ser el partido de la Ministra del Interior y del Ministro de Relaciones Exteriores, decidieron conformar una lista aparte junto al Partido Radical y la Democracia Cristiana. Esta coalición alcanzó un 9% de los votos, insuficiente para obtener al menos un escaño. Pero de haber ido junto al resto del gobierno se presume que Unidad para Chile habría logrado hacerse con los 4 escaños que le faltaron para alcanzar el quórum necesario para vetar normas.

El último consejero electo fue Alihuén Antileo, por el escaño de pueblos indígenas. En este caso, la Constitución imponía un umbral de votos de 190.000 para integrar con un escaño. Obtuvieron más de 370.000.

La propuesta

Como consecuencia de estos resultados electorales, el Consejo Constitucional quedó liderado por el Partido Republicano. La paradoja no puede ser más grande: fueron justamente aquellos que no querían cambiar la vieja Constitución quienes terminaron redactando la nueva. En el camino, lograron subordinar a la derecha tradicional, cuyos consejeros apoyaron las iniciativas republicanas. Esto significó que el Anteproyecto redactado por la Comisión Experta fuera modificado en todas aquellas materias que eran parte del programa del Partido Republicano. Así, lejos de ser parecerse siquiera a una propuesta constitucional, el texto se asemeja más al programa de gobierno defendido por José Antonio Kast: profundización neoliberal, autoritarismo y normas conservadoras.

La profundización neoliberal se expresa en las normas que constitucionalizan el negocio privado y en la provisión de los derechos sociales, impidiendo reformas legales que avancen en su desmercantilización y desprivatización. Por ejemplo, se constitucionalizan las administradoras privadas de fondos de pensiones, las instituciones previsionales privadas en el derecho de salud y se obliga al Estado a subsidiar en igualdad de condiciones a instituciones privadas y públicas en materia de derecho a la educación. Además, se consagran restricciones a la labor sancionadora del Estado a través de sus organismos fiscalizadores, lo cual beneficia directamente a las grandes empresas en materia de fiscalizaciones laborales, tributarias, de libre competencia y de protección al consumidor.

Y, como premio a los más ricos del país, se establece una norma tributaria que exime la primera vivienda del pago de contribuciones sin distinguir el nivel de ingreso de la persona, lo cual solo beneficia al 20% más rico de la población.

El autoritarismo se refleja en el estatuto privilegiado para las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, en las mayores atribuciones del Presidente de la República para declarar el estado de sitio, en la inexistencia del derecho de manifestación y las restricciones al derecho de reunión, de asociación y de huelga y en la expulsión inmediata (aunque impracticable) de personas migrantes en situación migratoria irregular. Estas y otras normas no solamente son autoritarias sino que atentan contra el derecho internacional de los derechos humanos.

Además se consagra nuevamente como enclave autoritario el Tribunal Constitucional, el cual puede vetar normas aprobadas por el Congreso Nacional, y se establece como regla de cierre la imposibilidad de una Asamblea Constituyente como mecanismo para reemplazar la Constitución. Más aún, permite que los criminales de lesa humanidad de la dictadura, que actualmente se encuentran presos, puedan solicitar el cumplimiento de sus penas en libertad.

Finalmente, los rasgos conservadores o «moralistas» aparecen en una serie de normas que protegen de forma absoluta la libertad de conciencia y de culto, amparando constitucionalmente conductas discriminatorias en contra de las mujeres y las disidencias sexuales. Se permite, por ejemplo, la «objeción de conciencia institucional», lo cual permitirá que las empresas puedan discriminar a personas LGTBQI+. Se consagra también la vida de «quien está por nacer», amenazando la legislación de aborto en tres causales e impidiendo cualquier avance hacia el aborto libre. Garantiza completamente la libertad de los proyectos educativos para excluir de su currículum la educación sexual y pone restricciones generales al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Esta dimensión de la Constitución responde a la influencia del Opus Dei, secta a la cual pertenece el numerario Luis Silva, jefe de bancada del Partido Republicano al interior del Consejo Constitucional.

A diferencia del proceso anterior, los grandes medios de comunicación no estuvieron acosando a los consejeros constitucionales ni a sus equipos, dejándolos trabajar tranquilos durante los seis meses que duraba su mandato. Entre los consejeros electos existían personas denunciadas por acoso sexual e involucradas en casos de corrupción, como el caso de Ivonne Mangelsdorff, imputada por fraude al físco. A pesar de ello, era entrevistada e invitada sin problemas a los paneles de televisión para hablar sobre la propuesta de Nueva Constitución.

El 7 de noviembre de 2023 la Presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, entregó la propuesta de nueva Constitución al presidente Gabriel Boric para convocar al plebiscito de salida. En su discurso de cierre, Hevia se permitió transparentar a quién iba dirigido el texto: a los «verdaderos chilenos», en sus palabras. En definitiva, la (nueva) Nueva Constitución de Chile es un proyecto redactado a la medida de los intereses de las élites económicas para cobrar revancha contra el pueblo que se rebeló en octubre de 2019.

La campaña: a favor o en contra

En el Plebiscito del próximo domingo 17 de diciembre la pregunta será «¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?». Debido al plazo de tan solo un mes entre el cierre del proyecto y la votación, la campaña se ha concentrado en el espacio mediático televisivo y en las redes sociales. El trabajo territorial, si no brilla por su ausencia, es sin dudas una excepción a la regla. Pero el alineamiento de las fuerzas sociales a uno y otro lado del plebiscito dejan pocas dudas acerca del contenido de la Nueva Constitución.

A favor de la Nueva Constitución están las élites políticas, económicas y mediáticas. Los partidos políticos que impulsan la campaña son los mismos que apoyaron la opción «Rechazo» en el proceso constitucional de 2022, entre los cuales se cuenta la derecha tradicional de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), el Partido Republicano, el Partido de la Gente y dos partidos escindidos de la Democracia Cristiana de baja capacidad orgánica pero alta presencia mediática (Partido Demócrata y Partido Amarrillos por Chile). Estos partidos participaron en la redacción de la Nueva Constitución y hoy dirigen la campaña por el «A Favor» con el mismo equipo que usaron para la campaña del «Rechazo».

Solo existieron dos pequeños sectores que se descolgaron de la campaña del «Rechazo» anterior: un sector de extrema derecha que incluye a militantes del Partido Republicano y algo de su periferia —que consideran que se realizaron demasiadas concesiones al proceso— y un sector del «liberalismo» clásico que no apoya la propuesta constitucional por considerarla demasiado conservadora.

Las élites económicas también se han cuadrado públicamente en apoyo a esta campaña. A nivel gremial, el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio —principal organización patronal del país— llamó a aprobar el nuevo texto constitucional: «yo creo que si analizamos todos los acuerdos que ha habido en materia económica (…) el texto que hoy día tenemos da para cerrarlo y da para ser aprobado». Igual mensaje dieron los referentes de los dos principales grupos empresariales del país: Bernardo Larrain Matte por el Grupo Matte y Andrónico Luksic por el Grupo Luksic. Son los financistas de la campaña «A favor», que en aportes privados ha recibido el 98% del total (mientras que el porcentaje de fondos privados sobre el total para «En contra» fue de solo un 2%).

Las élites mediáticas, en especial el grupo Edwards (que incluye a El Mercurio y La Segunda) y el Grupo Copesa (dueños de La Tercera) están editorialmente con el «A favor». Desde inicios del proceso generaron desde sus grandes medios una campaña no paga por esta opción, que durante el último mes se ha vuelto totalmente abierta a través de varias editoriales. En los canales de televisión ocurre lo mismo, aunque con algunas salvedades.

El discurso político orquestado alrededor de esta posición se ha basado en tres ejes: 1º) que la Constitución se hace cargo de la seguridad expulsando a migrantes en situación irregular, estableciendo el derecho a la seguridad y una defensoría de las víctimas; 2º) que aprobando la nueva Constitución se cierra el proceso constitucional y 3º) que un voto a favor es un voto en contra del Gobierno de Boric (el cual, según las distintas encuestas, tiene una tasa de desaprobación en torno al 60% o 70%).

En la otra vereda, en contra de la Nueva Constitución se han aglutinado los partidos políticos del oficialismo, organizaciones políticas que no son parte del Gobierno de Gabriel Boric y casi la totalidad de las organizaciones sindicales y los movimientos sociales. Los partidos políticos con participación en el Consejo Constitucional (Partido Socialista, partidos del Frente Amplio y Partido Comunista) esperaron hasta que la propuesta estuviese entregada para manifestarse en contra de la misma: una diferencia importante respecto al primer proceso, en el que los partidos políticos del Rechazo comenzaron a preparar la campaña en contra del proceso desde el mismo día que fue electa la Convención Constitucional. La campaña oficial por el «En contra» ha estado liderada por figuras clásicas de los gobiernos de la Concertación, entre las que se encuentra la propia ex Presidenta Michelle Bachelet y aquellos «expertos» del oficialismo que participaron en este último proceso constitucional.

En cuanto a las organizaciones sociales y sindicales que han liderado las luchas de las últimas décadas se han manifestado públicamente en contra de este proyecto de Nueva Constitución, aunque —a diferencia del proceso anterior— con un rol bastante pasivo e informativo. Esto se debe a que buena parte de estas organizaciones consideraron un error impulsar el nuevo proceso constitucional inmediatamente después de la derrota el 4 de septiembre. Esta misma postura ha sido adoptada por organizaciones políticas que tuvieron participación activa en el proceso anterior y se mantienen en una posición de autonomía frente al Gobierno, tales como los Partidos Solidaridad, Transformar (en formación) y aquellos agrupados en el Pacto Por Chile Vota en Contra (Partido Igualdad, Partido Humanista, Partido Popular y Patria Progresista). Al contrario de la iniciativa de Gabriel Boric, en ese momento aquellas organizaciones argumentaron que antes de reabrir el proceso era indispensable rearmar las propias fuerzas.

Más allá de esto, votar «En contra» lejos está de representar la opción cómoda para las organizaciones sociales: no debe olvidarse que la Constitución que se mantiene es la redactada durante la dictadura de Pinochet que, a pesar de las reformas que se le han hecho, sigue siendo fundamentalmente la misma. Pero más vale malo conocido… La propuesta constitucional redactada por el partido de Kast, aunque resulte difícil de creer, es peor. Sí, peor. Y en esta interpretación no han existido fisuras al interior del movimiento social: de aprobarse la nueva propuesta constitucional, todas las organizaciones se verán afectadas.

En definitiva, la campaña por el «En contra» se ha basado discursivamente en los siguientes relatos: (i) la propuesta constitucional constituye un retroceso en derechos sociales al consagrar el negocio de empresas privadas en salud, pensiones y educación; (ii) se amenazan los derechos de las mujeres, en especial el aborto en tres causales y la no consagración de la autonomía política; (iii) la propuesta constitucional beneficia a quienes más tienen, lo cual se expresa en normas como la eliminación del pago de contribuciones por la primera vivienda y (iv) la nueva propuesta es una «Kastitución», por lo cual de aprobarse allana el camino para que Kast gobierne.

17 y después

En las últimas semanas el promedio de las encuestadoras proyecta un rechazo de la Nueva Constitución por una diferencia de 15 puntos porcentuales aproximadamente. Mientras las encuestas más favorables sitúan al «A favor» con un 46% y al «En contra» con un 54%, hay algunas que amplifican esta diferencia hasta una relación 35%-65%. Si bien en las últimas semanas se vino estrechando la diferencia entre ambas opciones, pareciera ser que el «A favor», pese a contar con el apoyo de la élite económica y mediática, no sería capaz de revertir el resultado. No obstante, no debemos olvidar que estas encuestas no han demostrado ser precisas con el voto obligatorio y las diferencias entre ellas, a pesar de la tendencia compartida, dan cuenta de ello.

De todas maneras es esperable que este domingo sea la opción «En contra» la que termine imponiéndose, producto de las críticas de fondo al contenido de la Nueva Constitución autoritaria, neoliberal y conservadora, como también por la desafección que existe en la población respecto a la discusión constitucional. Por lo pronto, ningún partido ni organización social ha llamado a impulsar un tercer proceso durante este gobierno. Entre las alternativas que emergen está el cierre definitivo de la discusión constitucional, el cambio constitucional impulsado en el actual Congreso Nacional a partir del Anteproyecto de la Comisión de Expertos o retomar esta discusión en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, en noviembre de 2025, manteniendo abiertas las puertas a una Asamblea Constituyente en el futuro.

Las políticas neoliberales demuestran su agotamiento a cada paso y han sido el fertilizante para generar amplios descontentos sociales que el sistema político es incapaz de resolver. La tendencia electoral vira hacia el fortalecimiento de una fuerza destituyente, pero que se muestra sistemáticamente incapaz de transformarse en una fuerza constituyente. De triunfar la opción «En contra» de la Nueva Constitución el interregnum chileno se prolongará, y lo único seguro es que Chile continuará en disputa.