Por: Juan José Dalton
El Salvador, de apenas 21 mil kilómetros cuadrados y un poco más de seis millones de habitantes, es hoy por hoy, el cuarto país más peligroso del mundo por sus altas tasas de homicidios, según estadísticas de las Naciones Unidas (ONU). La tendencia en lo que va del presente año ha sido de alza en los niveles de violencia y convierte en el desafío más importante que enfrentará el nuevo presidente Salvador Sánchez Cerén, un exjefe guerrillero que ha prometido ponerle paro a la criminalidad a partir del primero de junio cuando asuma el Gobierno.
El nuevo mandatario heredará un país con una tasa de homicidios superior a los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes; esa cifra convierte a El Salvador en uno de los países más letales, especialmente por el auge del pandillerismo, que oficialmente se sitúa como la principal causa generadora de violencia incontrolable por el dominio de las llamadas maras en casi todo el territorio nacional.
En la más reciente encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) –centro regentado por sacerdotes jesuitas-, se indica que el 71,3 por ciento de los salvadoreños considera que la delincuencia es el principal problema que sufren y estiman que aumentó en los últimos cinco años en los que ha gobernado Mauricio Funes y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del cual Sánchez Cerén es uno de sus máximos líderes.
De acuerdo a estadísticas del Gobierno de Funes 17.400 personas fueron asesinadas producto del embate de las pandillas o «maras», así como de otras organizaciones del crimen organizado y de la violencia social; esta cifra representa un cuarto de todos los asesinados durante los 12 años de guerra civil. Hubo un respiro a mitad del período de Funes, dado que los liderazgos de las «maras» que están encarcelados lograron establecer una tregua en marzo de 2012. Inmediatamente los homicidios se redujeron de 15 a 5 diarios; durante 15 meses esa baja se mantuvo, pero a mediados de 2013 el Gobierno realizó un cambio en la seguridad pública, con lo que la «tregua mara» dejó de recibir apoyo.
Por otra parte, los homicidios no es la única preocupación de los salvadoreños: a decenas de miles de micros, pequeños y medianos empresarios los golpea la extorsión. A pesar que el obierno saliente afirma haber disminuido tal flagelo, los mismos empresarios indican que tienen pérdidas de más de 170 millones de dólares anuales por ese delito, el cual no sólo provoca el cierre de pequeños negocios, sino de migración de las familias afectadas.
En tanto, otro de los grandes retos que Sánchez Cerén tendrá que resolver será el de la sobrepoblación carcelaria. Las autoridades reconocen que las cárceles salvadoreñas tienen capacidad de albergar sólo para 8.000 personas, pero la población real es de 27.000; es decir, el hacinamiento es de más del 300 por ciento.
Para la magna tarea contra la ola delincuencial Sánchez Cerén designó como nuevo ministro de Justicia y Seguridad, al actual diputado Benito Lara, quien lleva nueve años al frente de la comisión de Seguridad y Defensa del parlamento y como jefe general de la Policía Nacional Civil (PNC), al comisionado y fundador de la fuerza policial, Mauricio Ramírez Landaverde. Ambos se han comprometido en hacer una combinación de prevención de la violencia con represión de la delincuencia, también con la depuración y modernización de la policía, lo que requiere de muchos recursos económicos, lo cual escasea actualmente en El Salvador, sumido en una crisis de falta de crecimiento y de generación de empleo.
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