Por: ÀLvaro Arreola Avala*
La coalición opositora de derecha no quiere entender que hoy, a diferencia de aquella elección de hace 18 años, su fuerza electoral y poderío político es muy relativa en la República. El Prian sigue teniendo una influencia en ciertas áreas y decisiones de algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Igualmente, presionan constantemente a los integrantes del Tribunal Electoral para beneficiarse de sus decisiones, pero sin mayor éxito. Después de nueve meses de haber iniciado el proceso comicial mexicano, las autoridades electorales no han encontrado mayores ilegalidades que justifiquen su intervención para hacer severas sanciones. Hasta el momento no existe evidencia de que haya intervención ilegal y facciosa del gobierno federal en los comicios, como fue la costumbre en nuestro país hasta 2018.
En el momento anterior al inicio de la verdadera lucha política de 2024 por la presidencia, gubernaturas, congresos y ayuntamientos, lo único que están esperando la mayoría de los mexicanos es la urgente intervención de oficio de la autoridad electoral para contener al Prian, sus comunicadores, escribanos y robots por lo absurdo de su comportamiento grosero, injurioso y vulgar en contra el titular del Ejecutivo federal y la candidata a la Presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
Una campaña negra que, por cierto, sólo enrarece al territorio de la Ciudad de México. En el resto de la República, donde se va a decidir la elección presidencial e integración del Poder Legislativo federal, no hay indicios de un gran impacto como lo testimonian las encuestas que hasta ahora siguen ubicando a Morena y aliados como los claros vencedores de los próximos comicios.
Lo que también es evidente en este proceso inédito es la enorme cantidad de recursos monetarios que los dirigentes de la coalición Fuerza y Corazón por México poseen para seguir creyendo que con campañas negras de mentiras y desinformación se puede obtener éxito electoral. La violenta campaña que se extremó con el reciente y presunto reportaje periodístico del New York Times, que sin ninguna prueba pretendió involucrar a Andrés Manuel López Obrador con cárteles del narcotráfico y haber recibido millones de dólares, llegó a su punto culminante: fue un verdadero fiasco político, sin ganancia visible, como era el deseo de la oposición de derecha.
La patética debacle de la coalición conservadora se muestra en su insistencia de pretender forzar y judicializar los próximos comicios. Esta creciente campaña orquestada para negarle al actual gobierno su derecho a proponer reformas electorales tuvo uno de sus momentos culminantes en el violento y falaz discurso del domingo 18 de febrero que el principal orador dirigió al gobierno federal.
La derecha intelectual se presentó absurdamente como la dueña absoluta de los organismos electorales. La estupidez de calificar al Presidente como un tirano es sólo la manifestación intelectual y política por frenar la mínima reforma constitucional en materia electoral. Es la declaración de quien ha estado acostumbrado a aplaudir las viejas prácticas políticas oficiales de negociar todo con las cúpulas partidarias y empresariales por encima de los legisladores.
El proceso electoral que comenzó hace meses está dejando claro que tanto dirigentes del PAN como del PRI siguen pensando que el país es un botín. Desde 1989 quedó claro que su alianza política no permitiría a nadie más involucrarse en el diseño de las instituciones de nuestra democracia. Impunes durante décadas para cometer todo tipo de tropelías electorales utilizando los recursos públicos, saben que el verdadero enemigo común que tienen en su empeño de seguir haciendo prevalecer una serie de intereses espurios sobre los derechos de los mexicanos es el pueblo que, desde el pasado 1º de marzo, se moviliza políticamente para defender lo logrado en los últimos cinco años.
*Sociólogo e historiador. Investigador titular del IIS-UNAM
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