El 17 de junio de 2022, el gobierno británico aprobó la extradición del periodista australiano Julian Assange a Estados Unidos. Assange lleva más de cinco años librando una batalla legal para evitar una posible condena a 175 años de prisión por su trabajo en WikiLeaks, el sitio web responsable de sacar a la luz crímenes de guerra en Oriente Medio, ciberespionaje y otros delitos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno estadounidense y otros países de todo el mundo.

El de Assange es un caso testigo para el ecosistema mundial de la comunicación, en un momento en que los despidos masivos están afectando al sector de la prensa y a la labor del periodismo de investigación en todo el mundo. El miércoles 21 de febrero, un tribunal británico escuchó el último recurso de Assange para evitar la extradición. Ahora se trata de todo o nada.

¿Qué es WikiLeaks?

Fundada en octubre de 2004, WikiLeaks es una organización de prensa basada en la transparencia que se propone escrutar las instituciones de poder, ya sean públicas o privadas. A lo largo de los años, el sitio ha recibido, analizado y publicado cientos de miles de documentos, datos e información interna de gobiernos de todo el mundo que son de interés público.

El trabajo más conocido de WikiLeaks probablemente sea Cablegate: en 2010, más de 251.000 telegramas internos del Departamento de Estado estadounidense enviados desde sus 274 embajadas y consultados fueron publicados por el sitio. Es en gran parte debido a este trabajo —aunque hay otras cuestiones— por lo que Assange está amenazado de extradición. Los documentos, que databan de 1996 a 2010, contenían información esencial sobre el espionaje a líderes mundiales y conflictos internos que los estadounidenses sabían que se estaban produciendo.

Una de las informaciones publicadas por el sitio web se refiere a un vídeo en el que periodistas de la agencia de noticias Reuters son asesinados a sangre fría por militares estadounidenses, a pesar de llevar equipo de prensa y portar las identificaciones en su ropa, algo similar a lo que está ocurriendo en la guerra de Gaza en estos momentos.

En lo referente a América Latina destaca el caso de Brasil. La embajada estadounidense en Brasilia elaboró siete informes y telegramas sobre el Movimiento de los Sin Tierra (MST). En ellos se evaluaba la estructura y organización del movimiento, así como su peso político en el país. Existe un telegrama, escrito en 2008 por el entonces embajador estadounidense en Brasilia, Clifford Sobel, que afirma que el Movimiento de los Sin Tierra (MST), al igual que los movimientos sociales, aparece como un obstáculo para la creación de una ley antiterrorista en Brasil.

André Luís Woloszyn, entonces analista de inteligencia estratégica en la Escuela Superior de Guerra, aparece mencionado en el telegrama en una conversación con el embajador estadounidense cuando afirma que el gobierno del entonces expresidente Luiz Inácio Lula da Silva estaba «lleno de militantes de izquierda que habían sido blanco de leyes de la dictadura militar creadas para reprimir la violencia por motivos políticos». Woloszyn continúa diciendo que «es imposible crear una ley antiterrorista que excluya las acciones del MST».

Los documentos se publicaron en colaboración con otras organizaciones de prensa de todo el mundo, como el New York Times, El País, The Guardian y otros. Este tipo de asociación, que fue clave para establecer la relevancia de WikiLeaks en un momento en que Internet y los blogs empezaban a ganar terreno, ayudó a consolidar la credibilidad de la organización en la escena periodística mundial.

Procedimientos (i)legales

Tras la filtración de los cables del gobierno estadounidense, las investigaciones internas descubrieron que la persona responsable era Chelsea Manning, antigua analista de inteligencia del Ejército. Una de las principales acusaciones de la fiscalía en el caso, si no la principal, es que Assange animó a Chelsea Manning a entregar documentos del Ejército. El motivo de esta última acusación es que, en una conversación con Manning, cuando aún no conocía su identidad, Assange escribió la frase «los ojos curiosos nunca se secan».

El pilar del caso estadounidense contra Assange es la Ley de Espionaje de 1917, un dispositivo legal estadounidense que se remonta a la Primera Guerra Mundial y se estableció para perseguir a los comunistas del país en aquella época. Se ha utilizado para perseguir a socialistas, como el candidato presidencial Eugene V. Debs, inmigrantes y activistas políticos. La ley forma parte del aparato estadounidense de «protección de la seguridad nacional», que otorga al Estado amplios poderes sobre la persona detenida. Sumando los más de veinte cargos presentados por la fiscalía, Assange podría enfrentarse a 175 años de prisión. Dependiendo del tribunal donde se le juzgue en Estados Unidos, la pena de muerte podría ser una posibilidad, aunque poco probable.

El 4 de enero de 2021, un tribunal británico denegó la extradición de Assange a Estados Unidos por considerar que este proceso conduciría inevitablemente a su suicidio. La salud mental del periodista se ha deteriorado rápidamente desde que fue detenido en 2019, tras abandonar su exilio en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. Su esposa, Stella Assange, ya ha hablado de cómo ha estado en observación psiquiátrica en numerosas ocasiones dentro de la prisión de Belmarsh, donde se encuentra actualmente a la espera de que se resuelva su caso.

En realidad, ninguna persona que haya mantenido o mantenga un contacto estrecho con WikiLeaks ha estado en paz desde mediados de 2010. A finales de 2021 se descubrió que la CIA, la mayor agencia de inteligencia de Estados Unidos y posiblemente del mundo, había ideado un plan para secuestrar y asesinar a Assange, evitando el procedimiento legal de extradición. La CIA niega que esto haya ocurrido. Los periodistas que trabajaban para el medio fueron fuertemente vigilados y monitoreados durante años, al igual que la propia Stella.

Cuando entra en juego la diplomacia

Tras las últimas vistas celebradas entre el 20 y el 21 de febrero, hay dos posibles conclusiones sobre el caso. Si el tribunal acepta su recurso, el caso pasará a una apelación completa, lo que significa que potencialmente se rehará por completo. Si se deniega, las autoridades podrían extraditarlo finalmente. Una última alternativa es solicitar la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para detener su extradición, pero puede que sea demasiado tarde para cuando el tribunal pueda actuar, ya que los casos tardan muchos años. Ya está pendiente ante el tribunal una solicitud para detener su extradición.

Los pactos internacionales de extradición son habituales en la mayoría de los países, incluidos el Reino Unido y Estados Unidos. Es extremadamente difícil que una de las dos partes decida romper el acuerdo por pura elección y opinión sobre el individuo que va a ser extraditado. Por eso no se tuvo en cuenta la decisión de 2021 de denegar la extradición, ya que para el gobierno británico —que desde que abandonó la Unión Europea se ha enfrentado a una serie de controversias y polémicas internas, así como a una recesión económica que puede depender de los pactos con Estados Unidos— soportar las pérdidas de esta elección es extremadamente difícil.

El problema es que, en este caso concreto, todas las organizaciones respetadas ya se han pronunciado en contra de la extradición. Las mayores organizaciones de prensa del mundo han escrito innumerables cartas a Biden pidiendo a su gobierno que retire los cargos. La ONU también se ha pronunciado. Decenas de líderes mundiales, como Lula, ya han ofrecido asilo político a Assange, e incluso la propia Australia ha pedido al Reino Unido que lo devuelva a su país.

Hasta ahora, el gobierno de Biden parece haber desechado la idea de intervenir en la persecución de Assange por parte del Departamento de Justicia estadounidense. El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró el año pasado que era «muy importante» que «nuestros amigos» de Australia comprendieran la preocupación estadounidense por el «presunto papel de Assange en uno de los mayores compromisos de información clasificada en la historia de nuestro país».

Síntoma de un mundo en declive

Al hablar de la extradición de Assange, lo más evidente es que se trata de un periodista y que ningún profesional de la prensa —según las tradiciones y leyes que todos hemos impuesto al mundo a lo largo de los años— debería tener que pasar por un proceso como este. Pero en 2024, el caso representa algo más que eso.

El mundo está confundido y, con él, también la prensa. Desde enero, algunas de las mayores organizaciones de prensa del mundo, que ayudan a distribuir información al resto del mundo debido a su predominio de recursos, han promovido despidos masivos que han afectado a miles de personas. Los medios de comunicación han cerrado sus puertas y han empezado a utilizar herramientas de inteligencia artificial para producir historias y artículos.

Los algoritmos de las redes sociales se distancian cada vez más de las noticias, después de que las grandes tecnológicas temieran perder anunciantes y se vieran envueltas en polémicas por su falta de criterio y moderación al tratar temas delicados tras las elecciones estadounidenses de 2016. En algunos casos, empresas como Google están bloqueando la distribución de noticias simplemente negándose a pagar a los medios de prensa los beneficios de los anuncios. Todos los motores de búsqueda están manipulados, y cada vez es más difícil encontrar información en Internet sin tener que dedicar un buen rato del día a comprobar cada hecho.

Al mismo tiempo que esto ocurre en la esfera pública de la tecnología, en la privada —no en el sentido comercial, sino en el interno— las empresas se están pareciendo cada vez más a socios de entidades estatales y son más sumisas a las amenazas de las grandes figuras de poder. Cada dato e información sobre las personas, desde el momento en que abrimos una aplicación, es recopilado por una empresa y posiblemente analizado por al menos otras tres, y el mundo, más allá de la Unión Europea, es incapaz de crear una legislación global para proteger la privacidad de las personas.

Redes como Twitter (ahora renombrada X) fueron en su día pilares de la democratización de la información mundial. Ahora, son bastiones de la extrema derecha. Se pliegan a cualquier petición de vigilancia estatal para retirar perfiles disidentes, mientras permiten a neonazis pulular a sus anchas por la plataforma.

Los reportajes y las denuncias de crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos siguen produciéndose, y solo hay que mirar la situación en Gaza para comprobarlo. Pero llegar a estas personas es cada vez más difícil para los periodistas. Muchos profesionales han sido despedidos en los últimos meses por apelar simplemente al lado humanitario de la causa, aunque no entraran en las cuestiones políticas o ideológicas que rodean al conflicto.

Investigar nunca ha sido fácil, pero con la conjunción de factores que tenemos en este momento, esta práctica se ha vuelto aún más complicada (y ni siquiera hemos tocado la falta de financiación de los medios de comunicación independientes). Por eso la extradición de Assange significa más de lo que es, aunque signifique mucho por sí misma. Es un síntoma de un mundo en decadencia, donde la información está paralizada, contenida y guardada en secreto cada vez más celosamente por poderosos organismos y organizaciones. Mientras, las cosas empeoran. Pero cada vez menos gente se entera.