Proyecto oficial de limpieza étnica en Ucrania

Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro ordenó el internamiento en Talergof de más de 20 000 rutenos y lemkos, principalmente intelectuales. Talergof no fue un campo de concentración en todo el sentido de la palabra sino más bien un terreno a cielo abierto donde los prisioneros trataban de sobrevivir a la intemperie, totalmente expuestos a las inclemencias del tiempo.

Cien años después del internamiento en campos de concentración de las poblaciones rusoparlantes (los rutenos) que entonces vivían dentro de las fronteras de la actual Ucrania, la historia parece estar a punto de repetirse.

El ministro de Defensa de Ucrania, Mijaíl Koval, anunció públicamente su proyecto de internar a los residentes del Donbass en campos de «filtraje» para reinstalarlos por la fuerza en otras regiones de Ucrania.

 

 

Unos días después, el primer ministro Arseny Yatseniuk calificó de «subhombres» a los defensores del federalismo de las regiones orientales de Ucrania.

Fuente: Embassy of Ukraine in the United States, 15 de junio de 2014.

Los padrinos estadounidenses del régimen de Kiev no sólo se han abstenido de condenar las intolerables declaraciones de Yatseniuk sino que además lo han defendido abiertamente al declarar, por boca de la portavoz del Departamento de Estado Jen Psaki, que Yatseniuk «ha abogado constantemente por la búsqueda de una solución pacífica» [1], lo cual es mentira.

Desde la Agencia de Bienes Inmobiliarios del Estado ucraniano se han filtrado declaraciones más inquietantes aún que hacen pensar en la preparación de una profunda limpieza étnica. Se anunció que extensiones de tierra serán asignadas gratuitamente a los miembros de los servicios especiales del ministerio del Interior y del ejército que están luchando contra los federalistas [2]. Ante la perspectiva de una limpieza étnica de gran envergadura en Ucrania no es necesario ser particularmente inteligente para adivinar a expensas de quiénes se organizará esa entrega de «tierras gratuitas» que recuerda la necesidad de «espacio vital» (Lebensraum) que otros reclamaron en otra época.

 

Al menos 1 000 prisioneros murieron en Talergof como resultado de la política de internamiento que aplicaba el Imperio Austrohúngaro.

Fue en 1914 cuando se aplicó por vez primera una política de internamiento en campos de concentraciones contra las poblaciones a las que se condenaba por su empatía con Rusia. Los austriacos internaron a los rutenos y los lemkos (subgrupo étnico estrechamente emparentado con los rutenos o rusinos) afirmando que la obstinación con la que ambos grupos reivindicaban su propia identidad olía a traición. De la misma manera, la negativa de los pueblos del Donbass a renunciar a su propia identidad les vale ahora las actuales acusaciones de traición, lanzadas específicamente por el ministro de Defensa ucraniano, Mijaíl Koval. Este último llegó a ese cargo cuando su precedecesor fue destituido por no haber logrado impedir la reunificación de Crimea con la Federación Rusa [3].

Las declaraciones extremadamente radicales del ministro Koval demuestran que Rusia no estaba errada cuando expresó preocupación, desde marzo de 2014 –o sea, antes de la reunificación– ante el riesgo de crisis humanitaria. Las pruebas de ese riesgo inminente fueron ampliamente expuestas en un Libro Blanco sobre las violaciones de los derechos humanos en Ucrania [4]. Todos sabemos ahora, después de las revelaciones sobre el método que el ministro ucraniano de Defensa piensa aplicar para poner fin a la crisis, que si la población de Crimea no hubiese tomado en sus manos la defensa de sus derechos y solicitado la reunificación con Rusia, los habitantes de Crimea probablemente irían a parar también a los «campos de filtraje» cuya apertura se está programando y que los sobrevivientes serían después deportados lejos de la tierra que los vio nacer.

El destino que Korval reserva a los habitantes del Donbass contradice gravemente las normas del derecho internacional y constituye un crimen contra la humanidad. La deportación forzosa y el desplazamiento de poblaciones, su internamiento motivado por el hecho de residir en determinada región así como la adopción de medidas discriminatorias contra un grupo étnico y cultural están formalmente prohibidas a la luz del Artículo 7 del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI).

Para Yatseniuk y sus acólitos del régimen de Kiev, los habitantes de las regiones orientales de Ucrania que se oponen a su política no son otra cosa que «subhombres» [5]. Así que los derechos humanos no se aplican a esas poblaciones. Por consiguiente, esos «subhombres» ya no tendrán derecho a que se les reconozcan sus propiedades, de las que se verán desposeídos durante las “reubicaciones” a las que han de verse sometidos. Sus casas, sus tierras y sus empresas serán el tributo («las tierras gratuitas») que el régimen de Kiev ha prometido a sus jenízaros desplegados en las provincias del este.

 

Según el gobierno ruso, desde el inicio de la crisis cientos de miles de ucranianos han buscado refugio en Rusia, donde están siendo albergados por sus familias y amigos. Las autoridades occidentales refutan la importancia del éxodo arguyendo que no se han creado campamentos de refugiados.

Los dirigentes occidentales han optado por ignorar esas violaciones flagrantes de los derechos humanos, aunque siempre se apresuran a emitir denuncias ante supuestas violaciones y en amenazar con intervenciones militares a los culpables que ellos mismos designan. Así se demuestra que la retórica del «deber de intervención humanitaria» y los eslóganes que la acompañan no han sido nunca otra cosa que mentiras al servicio de ambiciones estratégicas hábilmente disimuladas.

La realidad es que, contrariamente al papel pacificador que se atribuyen, los países occidentales encabezados por Estados Unidos que tanto reclaman un supuesto derecho de intervención humanitaria aportan un criminal respaldo al régimen de Kiev, que se dispone a emprender su proyecto de limpieza étnica en Ucrania. Desde que se produjo el golpe de Estado de febrero, numerosos consejeros militares han llegado a ese país y han llovido los dólares mientras que el FBI y la CIA no escatiman la ayuda al nuevo régimen ucraniano. Es indudable que todos esos medios servirán a la junta de Kiev para liquidar, con uso de la fuerza, los movimientos de protesta que se mantienen en la parte oriental del país y para aplastar a los federalistas ucranianos. Estados Unidos se hace directamente cómplice de todos los crímenes de guerra que están cometiendo las fuerzas armadas [6] y los mercenarios [7] a sueldo de Kiev. Así que Washington compartirá igualmente la responsabilidad en el proyecto de limpieza étnica que está preparando el ministro ucraniano de Defensa Mijaíl Koval.

Los 6 millones de habitantes del Donbass se ven hoy ante la amenaza de un desastre humanitario similar al que fue impuesto a sus mayores hace 70 años. Muchos creyeron, erróneamente, que las fuerzas criminales causantes de aquellos horrores habían sido definitivamente barridas del continente europeo y que aquellos tiempos de barbarie, que el régimen de Kiev reinstaura hoy en día con la complicidad y el activo apoyo de sus padrinos occidentales, se habían terminado para siempre.