El neofacismo de la derecha en América Latina y sus principales desafíos en la economía global

Desde el consenso de Washington, y el acuerdo logrado en 1989 entre FMI, El Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de EEUU, luego de la imposición de los gobiernos dictatoriales en el sur global se desarrolló una política económica cuyo objetivo era lograr la privatización de las empresas energéticas estratégicas para el desarrollo que en los hechos trucaron cualquier posibilidad de desarrollo de las economías de enclaves, dicha política que en el discurso iba dirigida a disminuir la pobreza y controlar la inflación solo incrementó las brechas de desigualdad social entre ricos y pobres pero además incrementó la recesión el estancamiento de la economía y la hiperinflación elevando drásticamente los niveles de pobreza en la región latinoamericana en más de un 50%. Como resultado, lo que se vivió en nuestra región a principios del siglo XXI fue una suerte de nacionalismo regional que permitió la emergencia de gobiernos progresistas, con Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Kirchner en Argentina y otros, en el contexto de una crisis social política y económica y convulsión social política, en respuesta a la imposición de políticas neoliberales impuestas por el FMI y el Banco mundial como parte de dicho Consenso.

El primer elemento fue crear una estabilidad económica a través del control de la inflación y reduciendo el déficit fiscal. Ya que luego del período de dictaduras Latino América en 1980 atravesaba por un período de hiperinflación. Como resultado se recomendó una política monetaria, donde el gasto del gobierno sería reducido y la tasa de interés sería elevada para reducir el suministro de la moneda. La segunda fase fue la reforma del comercio y de las políticas de la tasa de intercambio así el país podría ser integrado en la economía global, lo que incluía levantar las restricciones en la importación y exportación que a menudo involucraba una devaluación de la moneda. La fase final fue permitir a las fuerzas del mercado operar libremente para remover los subsidios y los controles y enganchar la economía en un programa de privatización.

En LatinoAmérica con un banco central en manos de la derecha esto no representaba un problema en tanto la economía y el aparato público se encontraba en manos de grupos de élite que por décadas detentaron el poder público y que estaban ampliamente dispuestas a implementar dichas políticas económicas aún cuando esto significara empobrecer aún más la economía de sus pueblos y condenarlos a la miseria, bajo un discurso de desarrollo sostenible y progreso.

Luego del cambio que vivió LatinoAmérica durante los gobiernos de Izquierda denominados progresistas el discurso de desarrollo ya no se proyectaba hacia la copia del desarrollo de los países más ricos, sino más bien a un desarrollo que priorizaba una política de sustitución de importaciones y que empoderaba la producción nacional bajo el resguardo de un modelo de Estado regulador que negociaba la propiedad de sus recursos energéticos estratégicos en condiciones mucho más justas para la región y que priorizaba la repartición del excedente entre los sectores más vulnerables de la población.

Tal es el caso de Bolivia que con la presidencia del primer gobernante indígena el año 2005 comienza un desarrollo endógeno que lleva al país a liderar el desarrollo económico de la región reconocido por el FMI y el Banco Mundial y cuya política económica se basó principalmente en la recuperación de los hidrocarburos con la nacionalización de los mismos y que incrementó visiblemente las regalías que se destinaban a los 9 departamentos para impulsar su desarrollo. Esta política incrementó el gasto del gobierno ciertamente con la creación de nuevos ministerios, pero al mismo tiempo permitió una mayor presencia del Estado como ente regulador que permitió una estabilización de la moneda y que a través de una política de bonos generó una dinámica interna protegiendo la economía de los sectores más vulnerables de la población. Por lo tanto, a diferencia de lo recomendado por el consenso de Washington y el FMI se incrementó el gasto público, se incrementó el ingreso por hidrocarburos, se desarrolló una política de bonos para proteger al sector más vulnerable, se impulsó un mayor proceso de circulación del capital, y se generó una mayor productividad que se demostró con 14 años de crecimiento económico sostenido, reconocido por el FMI. La segunda fase de la reforma incluyó una mayor participación en el MERCOSUR, el ALBA como respuesta al Tratado de Libre Comercio que pretendía imponer EEUU con la imposición de aranceles a los productos en desmedro de economía de los países del sur, y que en contraste a esta política del FMI permitió a la moneda una estabilidad y una mayor valorización frente al dólar. Todo ello para en una fase final estimular la recuperación de los recursos estratégicos para el desarrollo por tanto tiempo concesionados a empresas extranjeras, revertir las empresas capitalizadas y estimular el crecimiento de Bolivia en este caso como centro regional energético.

No obstante, todo ello en el contexto global de una política económica global que apostaba por una reducción del Estado y su función reguladora para permitir una mayor penetración de una economía financiera especulativa que iba reduciendo cada vez más el control del Estado en un EEUU que estimulaba la quiebra de sus fábricas masiva para dar paso a una élite financiera cuya forma de acumulación especulativa basada en la corrupción masiva penetraba cualquier barrera legal de control jurídico internacional, bajo el discurso de libre mercado y la imposición de escenarios de guerra simultánea en la apropiación de los recursos energéticos del planeta, comenzando por el Medio oriente.

Del otro lado sin embargo, la multipolaridad que representa Brasil Rusia, India, China, y SudAfrica con la formación del BRICS y el proceso de desdolarización que implica el comercio en su propia moneda ha reducido visiblemente su dependencia a la fluctuación del dólar que acaparaba el 100% del comercio sobre el petróleo realizando un quinto de ese comercio bajo su propia moneda. Pero si bien esto implica nuevos desafíos para el BRICS en la creación de una moneda y de un banco central para dicho grupo económico también involucra el temor de la hegemonía del dólar para EEUU en tanto de acuerdo a un artículo de Rachel Savage el 24 de Agosto del 2023 en Reuters, según datos del Fondo Monetario Internacional, la participación del billete verde en las reservas oficiales de divisas cayó al 58% en el último trimestre de 2022, el nivel más bajo en 20 años, y al 47% cuando se ajustan las variaciones de los tipos de cambio. Más aún al año 2024, la situación del Yuan frente al dólar posiciona a China como la nueva potencia hegemónica en economía a nivel mundial, lo cual ha generado nuevas repercusiones en el contexto de la contienda electoral en EEUU sobre los productos de importación de China principalmente en el caso de los vehículos sobre los cuales Trump refirió que implementaría una política de aranceles del 100% y que en una análisis anterior veíamos como esto afectaría mucho más al consumidor Norte Americano en desmedro de otros consumidores de otros países desarrollados. Datos del 2022 del FMI, según el sitio web de Breakingviews de Reuters al 23 de septiembre del 2024 revelan que las participaciones del yuan en las acciones del PIB global ascienden a un 16.9% frente a un 25.8% del dólar y que en las acciones del comercio global el Yuan representa un 12.8% frente a un 13.1% del dólar.

Y que hoy en día demuestran una solidez económica del país en cuestión que ahora habla de una importante inversión de más de 4 trillones de yuanes tal y como se hizo durante la crisis financiera del 2008 y que dieron como resultado un impulso significativo de la inversión pública en infraestructura y el financiamiento de la industria de los vehículos a través de los gobiernos locales con la deuda LGFV, algo que ahora el ministro de Economía de China en una conferencia de la Oficina de Información del PRC del Consejo de Estado, reconoció por primera vez como una serio obstáculo al crecimiento, de ahí que tres de las cuatro medidas anunciadas para impulsar el crecimiento de hoy en día en China están dirigidas al arrendamiento de presupuesto financiero por los gobiernos locales que permitan la expansión a larga escala del programa de conversión de la deuda para reemplazar la deuda LGFV con nuevos bonos. En ese sentido el gobierno central vendería en este caso bonos especiales para recapitalizar a los prestamistas estatales que han sido más absorbidos por la nueva deuda de los gobiernos locales y las provincias y que podrán usar los procesos desde los bonos especiales hasta comprar casas o tierras para estabilizar la propiedad en el mercado; lo que cristalizaría una reserva de funciones que se desarrollaron en el 2009, solo que esta vez el Gobierno Central haría los préstamos para tomar sobre las inversiones en activos fijos e implementaría más medidas fiscales para el gasto y la inversión pública. Lo que resulta en que por el momento la clase política se centralice más en las bases de la nueva economía política en el actual escenario global de disputa hegemónica del Yuan frente al dólar antes que precipitarse para inducir a la demanda, como se expone en el mismo sitio web de Reuters Breakingviews.

Esta política económica que redunda en una mayor presencia y control del Estado, contraria a la política económica de Wall Street que lo relega a un segundo plano, en lo que a acumulación y manejo del excedente público se refiere evidencia la actual lucha de titanes que vive Wall Street en donde el debate entre las grandes corporaciones pasa antes que por el desarrollo de nuevas estrategias de acumulación sobre los impuestos de la población, sobre la preservación del patrimonio acumulado como resultado de tantas burbujas financieras que han llevado a esta nueva forma de política genocida que hoy aplica el gobierno de EEUU a través de Israel como una extensión de la política neoliberal del consenso de Washington que ahora se recicla en la imposición de gobiernos criminales que financian como en el caso de EEUU con más de 22 billones de dólares a Israel en la masacre contra Gaza. Un EEUU donde 23 billones de dólares es aproximadamente lo que se recabó de los ciudadanos que pagaron sus impuestos el 2023; y que según documentos oficiales y de acuerdo a una entrevista realizada por Nima Alkhorshid a Michael Hudson y Richard Wolff el pasado 9 de Octubre y que está publicado en el sitio web www.michaelhudson.com es lo que se usó para financiar esta guerra genocida.

En dicha entrevista, sin embargo, también se evidencia nuevamente este fascismo de una derecha recalcitrante que va cobrando protagonismo en Europa frente a una emergente izquierda que va ganando apoyo cada vez más en una abierta confrontación sobre esta nueva política genocida.

En ese sentido frente a la protesta de la población mundial sobre la cantidad de armas y dinero que se entregan a Israel para la masacre y el genocidio de más de 200 mil palestinos en Gaza según el sitio web de Ronz Unz, www.unzreview.com, en un artículo publicado por Wyatt Peterson el pasado 14 de Octubre, otros miles en Líbano, con miras a Irán, bajo el discurso irracional de protección de los intereses de Israel frente al peligro que representa un HAMAS, o ahora un Hezbolá que justifica la barbarie; lo que no se dice como señala el periodista Mehdi Hassan en un debate con Eylon Levy en el programa Open To Debate, disponible en youtube, es que previo al 7 de Octubre del 2023, el gobierno de Israel realizó un envió de dinero a Gaza, y que según Levy para entonces asesor del gobierno de Nethanyahu acusado de crímenes de guerra, se pensó ingenuamente que se usaría para el desarrollo social y la inversión en educación y salud y no en el financiamiento de HAMAS para el ataque del 7 de Octubre del 2023 en Israel, lo que hace suponer que dicho ataque fuera indirectamente financiado por Israel para desatar el genocidio posterior bajo el discurso de seguridad de Israel y que se justificó en el imaginario colectivo como el sometimiento de un grupo de salvajes, sub humanos propio de un discurso de una derecha fascista zionista.

No obstante, este mismo discurso es el que sostiene en Latino América la nueva arremetida de una derecha genocida como en nuestro caso Peruano en el que el gobierno de Dina Boluarte se mantiene gracias a una política de represión e impunidad a cargo de los militares y policías a quienes ahora a través de un marco legal aprobado recientemente, pretende absolver de la barbarie que vienen cometiendo contra el pueblo peruano contra cuya protesta usa la criminalización para realizar ejecuciones arbitrarias, desapariciones encarcelamiento y tortura de una población cada vez más vapuleada y que el pasado 10 de Octubre tomo las calles para elevar su protesta contra la aprobación de la Ley 32108, que absuelve más de 14 delitos de ser considerados como tal, entre ellos la trata y tráfico de personas, así como la extorsión y el sicariato que se viene cometiendo contra los transportistas y cuyas asociaciones y sindicatos salieron a protestar en la fecha mencionada, y que ahora convoca a un paro nacional para pedir el cierre del congreso y la dimisión de Dina Boluarte.

Además, dicho gobierno es ahora acusado de haber aprobado una ley que faculta a la misma policía que reprime al pueblo a realizar las investigaciones preliminares retirando esta facultad al Ministerio Público, pero aún más aprueba normativas como la 31980 que impiden a sector informal vinculado al comercio desarrollar actividades en los mercados más conocidos de la ciudad, limitando la libertad empresarial y reduciendo el comercio informal a 4 rubros, artesanías, alimento, librerías y hoteles, exceptuando, electrodomésticos, juguetes entre otros, generando una pérdida de más de 100 mil empleos a una población en más de un 60% sumida en la pobreza, esto es, en una población que casi en un 90% se dedica al comercio informal para sobrevivir.

Es decir, asistimos a un tipo de genocidio económico de un típico golpe suave en la región. Y del cual Bolivia no es la excepción, ya que con la demonización de Evo Morales por parte del gobierno de Arce se pretende consolidar un golpe a los movimientos sociales y a la democracia bajo el argumento de la acusación del líder sindical de pedofilia, en un contexto socio cultural donde el estupro era el pan de cada día sobre todo el oriente del país y que ha sido denunciado por múltiples ONG´s dedicadas a la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, y en donde estas prácticas se asimilaban como algo naturalizado, y por supuesto vinculado a una conducta machista y patriarcalista, de la que no se eximen fácilmente los Bolivianos en una sociedad que asesina a sus mujeres cada tres días, y en donde las instituciones que deberían velar porque estos feminicidios no ocurran, continúan haciéndose de la vista gorda ya que el reglamento de sanciones es como se dice un “saludo a la bandera” por lo que ninguna institución pública se hace responsable del incremento de estos asesinatos y las autoridades como la ministra de la presidencia se atreven a señalar que estos ocurren solo por falta de educación.

En este contexto, surge la denuncia de una ex amante, de 20 años, del presidente Arce que lo acusa de haber sostenido con ella una relación sentimental de la que quedó embarazada y que extrañamente después de comentárselo al presidente y este de rechazar el embarazo de la joven, ésta sufre un accidente en moto por parte de una camioneta sin placa que la induce al aborto y que se vincula extrañamente con el rechazo del presidente Luis Arce a la nueva paternidad. En este escenario surge una sociedad escandalizada frente a un Evo Morales que se cita a declarar en condiciones de irregularidad con la presencia de 600 guardias, cita a la que no se presenta por condiciones obvias de irregularidad jurídica y procesal, comenzando por la autoprórroga inconstitucional de jueces y magistrados y de un poder judicial corrupto y manejado por consorcios, seguido por una demanda activada por parte del Ministerio Público y sin mediación de la víctima con fallos en el control jurídico y procesal, además del arresto arbitrario del padre de la menor que ahora es mayor de edad, padre que hace tiempo se había separado de la madre y que tampoco sabía nada de la vida de su hija. Y la búsqueda de llevar a declarar a Evo Morales sea por un caso o por el caso golpe de Estado 1 contra Yanine Añez, Fernando Camacho y Pumari. Frente a lo cual las organizaciones sociales convocan a un paro nacional y que el gobierno de Arce reprime con varios detenidos criminalizando la protesta y atribuyendo a los bloqueos, la falta de combustible y la especulación de los alimentos que su política económica impuso en el país y endureciendo la política de represión con el cambio de mando policial arbitrarios y sin respetar el derecho de sucesión que corresponde en dicha institución.

Nuevamente lo que no se dice es Evo liderizó una marcha por la depauperación de la economía de los Bolivianos afectados con la política económica de Arce y que en connivencia con el Banco central estimuló el alza de la cotización del dólar en el mercado paralelo con una política de escasez del mismo coincidente con la política del FMI de recesión y de inflación para la región, en vísperas de la contienda electoral de noviembre en EEUU. Y que esta recesión económica coincide con la política represiva y militarizada contra las organizaciones sociales así como la cooptación de líderes sindicales afines al Arcismo, para socavar el liderazgo de Evo Morales que se condice con una política de limpieza étnica donde lo indio debe ser exterminado por ser considerado salvaje y subhumano, claro para que al final como en el caso peruano el gobierno criminal de Luis Arce que no tiene reparos en aplicar este terrorismo económico contra los sectores más vulnerables de la población, la política de represión se vaya cerrando ya no solamente contra los indígenas sino contra toda una sociedad que en un 80% trabaja en el sector informal limitando su accionar laboral y aprobando leyes que legalicen la delincuencia y criminalidad en un marco jurídico impune y que se condice ya no con una política de depauperación de la economía bajo el consenso de Washington sino que bajo ningún consenso excepto el de las corporaciones de Wall Street se consolide el genocidio y la masacre de las sociedades tercermundistas que se consideran propias de salvajes y subhumanos lo que justifica la barbarie económica y ahora genocida en la región.

En este marco social, político y económico se resuelve la política económica de Luis Arce y de una derecha que como siempre carece de un proyecto país, de desarrollo colectivo. Sin entender que el desarrollo científico tecnológico de la Inteligencia Artificial restará en los próximos años la participación de al menos el 40% de la fuerza de trabajo de la población mundial lo que promueve el uso de esta nueva política de genocidio de EEUU. Todo ello en un escenario mayor de cambio climático que hoy por hoy se convierte en una amenaza múltiple según lo califica el pentágono, en tanto los aviones de guerra se encuentran anegados por las inundaciones, las tropas militares obligadas a generar su propia energía en lugares inhóspitos o a enfrentar los cambios de temperatura súbitos y alarmantes con el calentamiento global, y una nueva carrera espacial que suma al ataque cibernético el problema de la transición energética y el control de los recursos energéticos claves para la sobrevivencia.

Esta situación impulsa lo que muchos denominan un nuevo sistema tipo Bretton Woods. Vale decir un acuerdo de 1945 que dio paso a la fundación del FMI Banco Mundial y otros organismos internacionales que hoy vienen jugando un rol decisivo en la imposición de los Estado criminales y en la subversión de una democracia que a todas luces resulta en un genocidio masivo que encubre un neofacismo cuyo objetivo de limpieza étnica radica en la difusión de una ideología fascista y genocida manifiesta como en el caso de una Gaza destruída y economías derrumbadas, poblaciones criminalizadas y asesinadas en la impunidad como en el caso Peruano. Un Bretton Woods que permita a los BRICS disputar este poder hegemónico del dólar que cada vez más va mermando y da paso a otro orden mundial en el que necesariamente las grandes corporaciones de Wall Street deberán asentar su política especulativa en una necesaria reorganización de la política monetaria donde nuevamente el oro se convierte en la principal reserva de respaldo monetario y en una política donde el cambio climático se convierte en un nuevo contraataque para esta política criminal de EEUU. En este escenario es donde Bolivia juega sus cartas a seguir, bien el modelo Peruano de destrucción del país y entreguismo de nuestros recursos en un genocidio abierto y que ahora lucha por organizarse para recuperar el aparato público e instalar una Asamblea Constituyente o bien a buscar su inclusión en los BRICS, bajo una política de desarrollo colectivo y de respeto a sus organizaciones sociales que va cobrando cada vez mayor protagonismo en el contexto de la nueva transición energética mundial.