Por: Fernando de la Cuadra
En este artículo el autor analiza los desafíos y riesgos que se presentan ante la segunda mitad del mandato de Lula.
El próximo 1 de enero, el Presidente Lula da Silva inicia la segunda mitad de su mandato de cuatro años, en un escenario marcado por fantasmas y adversidades que se instalan sobre el gobierno. En el plano interno, el Ejecutivo va a tener que enfrentar un Congreso hostil y resentido, especialmente ahora que el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Flavio Dino, ha sancionado el bloqueo de 4 mil doscientos millones de reales (US$ 660 millones) de las enmiendas parlamentarias de comisiones y la investigación por parte de la Policía Federal sobre el posible uso fraudulento de esos recursos.
La cuestión problemática de estas enmiendas es que el 40 por ciento de ellas pasarían a beneficiar al Estado de Alagoas, tierra natal y reducto electoral del actual presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira. Como hemos señalado en artículos anteriores, Lira se desempeña como un ilustre capo mafioso desde su cargo, distribuyendo recursos e influencias dentro del Congreso y chantajeando al gobierno con el poder que detenta sobre la mayoría de los diputados del llamado Centrão.
La intención de Lira y sus secuaces del Congreso siempre ha sido que los recursos obtenidos por la vía de las enmiendas formen parte del presupuesto secreto, es decir, que los parlamentarios no tengan la obligación de informar quien liberó el gasto, para quien y en qué actividad u obra se utilizaron esos montos. Una verdadera caja negra del destino del dinero público. Como el gobierno se encuentra en una posición débil para enfrentar a los congresistas y sus grupos de intereses, le ha correspondido al STF velar por el buen uso del patrimonio público, asegurando que dichos recursos cumplan con el requisito de la transparencia y rastreabilidad. Por eso, los honorables parlamentarios acusan al gobierno central de estar coludido con el Poder Judicial para obstaculizar las actividades de diputados y senadores. Ante lo cual, amenazan con boicotear las próximas votaciones de suma importancia para el Ejecutivo, como, por ejemplo, la aprobación de la Ley Anual de Presupuesto.
La discordia del actual parlamento con el gobierno se ve reforzada por el clima beligerante insuflado por las huestes bolsonaristas y los sectores de la extrema derecha. Falsamente la prensa se ha dedicado a llamar la atención sobre la peligrosa radicalización o polarización del país, pero objetivamente los únicos sectores que se han radicalizado en esta última década son los grupos de la ultraderecha brasileña. Si, por una parte, la respuesta intuitiva a la crisis es construir un clima de tolerancia y diálogo en la sociedad que permita tener un debate pluralista y ponderado sobre los diversos proyectos en disputa, por otra parte, parece que la única manera de contener las amenazas de los grupos golpistas debiera ser la aplicación de sanciones ejemplares a quienes han promovido acciones conspirativas conscientes para quebrantar el Estado democrático de derecho.
Quienes participaron de las invasiones a las sedes de los Tres Poderes en enero de 2023 vienen solicitando la aplicación de una amnistía presidencial a todos los inculpados como un gesto del Ejecutivo que ayude a la “pacificación” del país. Junto con ello, piden el indulto para anular la inelegibilidad del ex Presidente Bolsonaro pensando en su postulación para las elecciones de 2026. Mientras apelan a la comprensión del presidente Lula, simultáneamente conspiran en todos los ámbitos posibles contra el gobierno federal, culpándolo hasta de tragedias climáticas como las inundaciones de Rio Grande do Sul o de los devastadores incendios en Sao Paulo, Amazonas y Pantanal, cuando la mayoría de las incompetencias observadas en estos casos son de responsabilidad de las administraciones estaduales, controladas precisamente por representantes de la derecha.
No obstante, en el ámbito de las políticas sociales y las acciones de combate a la pobreza, el saldo es negativo. La desigualdad y la exclusión siguen siendo uno de los grandes problemas que se arrastran desde hace décadas y el porcentaje de familias que viven en situación de miseria sigue siendo una afronta a la democracia que la actual gestión no ha conseguido revertir. Los servicios públicos continúan en una situación deplorable y miles de personas son condenadas anualmente a la muerte o a una vida de sufrimiento por la falta de atención adecuada en el sistema público de salud. Enfermedades como el cólera, la fiebre amarilla, malaria o dengue, siguen causando la muerte de miles de habitantes todos los años. Solo en el caso de esta última enfermedad, según datos del Ministerio de Salud, para lo que va del presente año, fueron registrados 6.630.766 casos de dengue, de los cuales casi 6.000 terminaron en óbitos confirmados y otros mil casos de fallecidos se encuentran en fase de investigación para confirmar la causal.
Para mejorar la vida de las personas que más lo requieren, el gobierno debe aumentar necesariamente su gasto social, pero las barreras impuestas por el Congreso con el argumento de que se mantenga el equilibrio fiscal, inviabilizan cualquier decisión del Ejecutivo encaminada a asignar más recursos para programas sociales, bajo la amenaza de sufrir un proceso de impeachment por irresponsabilidad en el uso del dinero público, tal como sucedió en el año 2016 con la presidenta Dilma Rousseff.
El país también experimenta una epidemia de violencia, no solamente de las organizaciones criminales del narcotráfico y las milicias, sino que de las diversas policías que están utilizando métodos truculentos e ilegales para enfrentar a los delincuentes. Varios casos de asesinatos sumarios realizadas por las “fuerzas del orden” han conmovido a los ciudadanos de este país. Institutos y Centros de Estudios dedicados al tema advierten que se ha producido un incremento notorio en la letalidad policial durante este año, siendo que en algunos estados ella se ha incrementado en un 160 por ciento, como es el caso de Mato Grosso do Sul. Otros Estados con cifras alarmantes de ejecuciones son São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina y Distrito Federal. Para el especialista en seguridad pública, José Vicente, esto es intolerable: “Nosotros sabemos que cuando hay un incremento de esa letalidad, mucha cosa errada está sucediendo. Es muy probable que personas murieron sin deber estar muriendo a manos de agentes del Estado”.
En torno a la cuestión ambiental el escenario es decepcionante. A pesar de que Brasil va a ser sede de la próxima Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP 30) que se realizará en la ciudad de Belén, Estado de Pará, en noviembre de 2025, la actuación gubernamental en este ámbito tiene muchas tareas pendientes. Son especialmente graves la negligencia en las políticas de preservación y cuidado en los biomas brasileños, sobre todo en los territorios del Cerrado, Pantanal, Amazonas y Mata Atlántica. Miles de hectáreas de bosques son quemados o destruidos todos los años, sin que los órganos de vigilancia y protección puedan cumplir con su papel, por diversos motivos: por falta de funcionarios para fiscalizar las áreas de riesgo, por escasez de recursos e infraestructura para realizar el monitoreo o por la colusión de funcionarios con empresas forestales y empresarios inescrupulosos que desarrollan actividades criminales en esos espacios. De esta manera, quemadas, desforestación, extractivismo ilegal, polución de las aguas y depredación de ecosistemas valiosos, forman parte de una constelación de problemas que comprometen seriamente las prácticas de sustentabilidad prometidas en el programa de Lula y su coalición de partidos.
En el plano internacional, la reelección de Trump y la ascensión de líderes de la extrema derecha por el mundo, colocan en alerta a las autoridades de gobierno y del Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty). La política exterior brasileña siempre se ha caracterizado por su pragmatismo y neutralidad, pero las guerras y los conflictos existentes en diversas regiones, desafían la capacidad de Lula para operar como un mediador eficaz en el concierto mundial. Es consenso entre los cuadros diplomáticos que Brasil ya no tiene el protagonismo que poseía antes como una nación capaz de participar en acuerdos para promover la paz en la región y en el planeta.
La conjunción de todos estos aspectos le ha impedido a Lula aumentar o incluso mantener su popularidad, la que, si bien no ha descendido bruscamente, tampoco ha conseguido estabilizarse en los niveles que tenía al inicio de su mandato. Por ello, el gran desafío para la segunda mitad de su gestión será exorcizar estos y otros demonios que se han venido robusteciendo en el curso de los dos últimos años. Si la tendencia es que estas amenazas aumenten en un futuro próximo, las posibilidades de que el actual mandatario se constituya en una carta segura en las próximas elecciones para encabezar un cuarto gobierno, se verán seriamente comprometidas o directamente anuladas.
Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales, editor del blog Socialismo y Democracia, autor del libro De Dilma a Bolsonaro: itinerario de la tragedia sociopolítica brasilenha (editorial RIL, 2021) y coeditor del libro EP Thomson en Chile: solidaridad, historia y poesía de un intelectual militante (Ariadna Ediciones, 2024).
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