Por: Vladimir Castillo Soto
La CPI es una creación del occidente colectivo, y junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y buena parte de la estructura de las Naciones Unidas son los principales mecanismos con los cuales pretenden mantener el control hegemónico de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) sobre el orbe, intentando detener el avance de la multipolaridad.
Después de promover la creación de la CPI e incluso sumarse al Estatuto de Roma, EE.UU. decidió no formar parte de la misma, ya que consideraron que sus ciudadanos no deberían ser juzgados por tribunales fuera de su territorio. De hecho los acuerdos bilaterales con los Estados en que establece bases militares, exoneran a sus soldados y personal administrativo a ser juzgados por cualquier clase de delito por tribunales locales, en caso de necesidad sus delitos serán juzgados por tribunales propios.
El funcionamiento de la CPI ha revelado en la práctica su ineficacia e incapacidad de actuar imparcialmente. El cuerpo de jueces está en plena dependencia de los patrocinadores occidentales, y la estructura completa se convirtió en un instrumento de la política neocolonial de Londres y los atlantistas.
El fiscal general, Karim Khan, es ciudadano británico y fue impuesto por los británicos, y aunque ahora se encuentra apartado de su cargo por una investigación sobre “presunta conducta sexual inapropiada”, siempre ha velado por los intereses occidentales. Los jueces, fiscales y demás funcionarios de la CPI son seleccionados en base a sus supuestos méritos académicos, muchos de ellos logrados en universidades occidentales, con los valores occidentales y siempre dispuestos a salvaguardar plenamente los intereses occidentales.
Por ejemplo, el actual primer vicepresidente, el italiano Rosario Salvatore Aitala fue uno de los promotores de la “congelación” de la investigación de los crímenes de los soldados americanos en Afganistán en 2003-2004. De igual manera, Karim Khan puso fin a la investigación en contra de americanos y británicos, y además cambió el procedimiento de la aceptación de las causas en la Corte, debido a lo cual fueron retiradas todas las acusaciones hacia los británicos por sus crímenes y torturas en las prisiones de Irak.
En Nuestra América, un ejemplo de lo anterior fue el trato dado a la acusación contra autoridades colombianas, acusadas de crímenes de guerra (caso de los falsos positivos), crímenes de lesa humanidad y el asesinato sistemático de líderes campesinos e indígenas (genocidio), la cual fue desestimada y archivada por el señor Khan, mientras mantiene abierto un caso contra las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela por su accionar contra los actos violentos de la oposición durante 2017, quienes llegaron al extremo de quemar personas vivas.
La CPI está facultada solo para recibir y gestionar información proveniente de los países firmantes del Estatuto de Roma, el Consejo de Seguridad de la ONU o de la Procuraduría de la Corte. Con eso en mente, la información sobre “la barbarie y crímenes de Rusia en Ucrania”, que servía como base para la orden en contra del presidente Putin, fue entregada a la CPI por el equipo del presidente Biden, suministrando directamente “datos de los servicios de seguridad nacional americanos”. Debido a esto, algunos servidores de la Corte califican esta información como dudosa y anti jurídica, por lo que la información mencionada no puede ser usada para la investigación, ni como pretexto para acusar y menos para dar orden de captura contra nadie.
Desde su entrada en funcionamiento en 2002 la CPI siempre “vio” hacia los países del “tercer mundo”, sobre todo África. La mayoría de los expedientes tratados en la CPI, se han dado contra africanos, siendo condenados muchas de ellos a largas cadenas de prisión, pero jamás ha sido juzgada alguna persona o funcionario europeo por su complicidad en estos casos, muchos de los cuales estuvieron estimulados por la avaricia y los intereses neocoloniales occidentales. Por el contrario, los crímenes de la OTAN y sus amigos en Afganistán, Irak, Libia, Siria y Yemen nunca fueron visibles para la Corte.
El doloroso caso del genocidio continuado en Palestina desde 1948, es la mayor de las pruebas de la ineficacia, ineficiencia e incluso la complicidad de la CPI con “Israel” en este horrendo crimen. Solo bajo la persistente presión de Sudáfrica y otros valientes países y ante la avasallante evidencia diaria de los crímenes de “Israel”, de su genocidio crudo y declarado, la CPI se encontró ante la obligación de actuar y emitir las ordenes de aprehensión contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ex ministro de la defensa Yoav Galant. Sin embargo, ante las presiones de Washington, que ha emitido sanciones en contra de algunos jueces, una parte de la administración de la Corte apoya la normalización de relaciones con EE.UU. y no se excluye el retiro de las órdenes de detención en contra de Netanyahu y Galant.
Como hemos visto, la actuación de la CPI hasta ahora ha dejado mucho que desear. Su actual fiscal ha mostrado su parcialidad en varias actuaciones y su comportamiento personal está siendo investigado; la información de los casos procesados y sobre todo los casos de funcionarios y mandos militares occidentales, con méritos más que suficientes para haber sido juzgados y que no lo han sido, demuestra claramente el doble rasero existente en la Corte; la velocidad de su accionar y las medidas tomadas ante los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por “Israel” y sus socios occidentales contra el pueblo palestino son el culmen de su ineficacia e inutilidad, lo cual plantea serias dudas sobre la conveniencia de su existencia o la pertinencia de la permanencia en el mismo de los países fuera del ámbito del occidente colectivo. Sin duda, el mundo basado en reglas y sus instituciones solo sirven a los intereses del amo imperial y sus lacayos.
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