Alberto Montero Soler/
Una vez agotada la carta mediática de que en Podemos confluyen todas las representaciones posibles, ya sean reales o imaginarias, del Mal (así, con mayúsculas), la ofensiva ha pasado a un plano mucho más interesante por cuanto entra, por fin, a discutir el contenido real del proyecto.
Creo que se trata de un plano mucho más interesante porque eso nos obliga no sólo a defenderlo sino también a irlo perfeccionando y mejorando con la perspectiva de que, de cara a las próximas elecciones generales, sea un proyecto de gobierno no sólo mucho más sólido sino también alternativo. Un proyecto que marque claramente la división entre las políticas que nos han traído hasta esta catástrofe social de aquellas otras que nos permitirán salir de la misma con mayores cuotas de igualdad, dignidad y bienestar para todas y todos.
El problema se presenta cuando quienes se han lanzado a cuestionar las medidas económicas propuestas por Podemos lo hacen tan burdamente como quienes antes lo convertían en la encarnación del Mal.
Un buen ejemplo de ello es el artículo de opinión publicado por El País el pasado 25 de agosto y titulado “¿Es Podemos una alternativa para la izquierda?”, de Antonio Roldán Monés. En el mismo, el autor confronta algunas de las medidas contenidas en el programa para las europeas de Podemos con las que, a su parecer, debería aplicar un gobernante “responsable” y “de izquierdas”. Resalto ambos términos porque resulta curioso que califique de responsables políticas idénticas a las que los dos partidos mayoritarios que se han sucedido en el gobierno en las últimas legislaturas vienen aplicando con los resultados por todos conocidos. Y, sobre todo, porque califique de izquierdas a políticas que confrontan abiertamente con los principios y valores que la izquierda tradicionalmente ha asumido como propios.
A toda esta confusión se suma, además, que el autor parece no haber entendido que Podemos no es un proyecto de izquierdas sino una iniciativa ciudadana para construir democracia a través de la participación popular, para promover condiciones de vida digna para la población y para devolver la dignidad a un Estado podrido por la corrupción, el clientelismo y la subordinación del bienestar de la mayoría a los intereses de los grupos de poder económico y político. Podemos no es una alternativa para la izquierda, como titula Roldán, Podemos es una alternativa de gobierno para todas y todos y eso es, precisamente, lo que les asusta.
En cualquier caso, aún obviando que gran parte de las medidas del programa económico de Podemos que Roldán considera como irresponsables estaban planteadas para un entorno europeo y no exclusivamente estatal y que, por lo tanto, habrá que reformularlas, adaptarlas o suprimirlas cuando se elabore el programa para las próximas elecciones generales, los argumentos que expone para rebatirlas y las propuestas para enmendarlas son muy cuestionables. Veamos la razón para cada uno de los casos.
En primer lugar, el autor descontextualiza completamente la medida acerca de la prohibición de los despidos en las empresas con beneficios, al tiempo que muestra abiertamente su concepción mercantilista del trabajo. De entrada, porque la medida no tiene como destinatario esencial a las pequeñas empresas (que son las que utiliza el autor para explicar peregrinamente por qué sería contraproducente) sino a las estrategias de aquellas empresas medianas y grandes que utilizan los despidos para incrementar sus beneficios y repartir dividendos entre sus accionistas, generando así una redistribución injusta de la renta a favor de éstos y en contra de los asalariados.
Pero, además, esa propuesta trata de que los empresarios no asuman que el trabajo puede ser tratado como un coste variable más para la empresa -como las materias primas, por ejemplo-, sino que el trabajo en una sociedad asalariada es esencialmente una relación social y la única fuente de renta para la mayor parte de la población y, por lo tanto, debe ser protegido por el Estado (no ha sido otro, desde sus orígenes, el sentido del Derecho del Trabajo). En consecuencia, apostar por esta medida supone estimular mecanismos alternativos de adaptación a las condiciones de la demanda por parte de las empresas, como el reparto de trabajo o de rentas, que tan buenos resultados ha tenido en otros espacios mucho más competitivos económicamente como, por ejemplo, Alemania.
En todo caso, lo que desde luego no es una alternativa (mucho menos de izquierdas) es defender, como hace el autor, que para crear empleo lo mejor es abaratar su destrucción, obviando las consecuencias que las sucesivas reformas laborales han tenido sobre el empleo en España.
En segundo lugar, se acusa a Podemos de promover el impago de la deuda pública. Al respecto, el programa de Podemos plantea tan sólo el impago de la deuda pública considerada como ilegítima tras una auditoría ciudadana (sobre lo cual es cierto que podrían existir discrepancias que habría que dilucidar en el proceso); sin embargo, para la mayor parte de la deuda pública, lo que plantea Podemos es su reestructuración. Una medida que se plantea de la misma manera que lo hacen autores de esa izquierda responsable como, por ejemplo, José Carlos Díez quien, en su popular libro “Hay vida después de la crisis”, afirma (pp. 147-8): “[Deudores y acreedores] son las dos caras de una misma moneda y están condenados a entenderse. Los deudores son responsables por sobreendeudarse y los acreedores por financiarles cuando las dinámicas son insostenibles. Sin embargo, ambos se culpan mutuamente de la crisis. Existen incentivos perversos tanto para los acreedores como para los deudores que les llevan a no cooperar. (…). La historia nos enseña que los deudores son honorables si los acreedores son razonables. (…) Ninguna economía puede adaptarse a cambios tan bruscos, y si los acreedores no son razonables, el impago de la deuda es inevitable. Para no aceptar la realidad de la insostenibilidad de la deuda y la reestructuración, se apela al miedo y se crean escenarios apocalípticos”.
Ese mismo economista, poco sospechoso de radical y crecientemente vinculado al PSOE, reconocía en un artículo reciente que España ya ha entrado en zona de peligro en términos de sostenibilidad de la deuda pública tras superar ésta el umbral del 100% del PIB.
Evidentemente, la reestructuración sería más llevadera socialmente si viniera acompañada de la solidaridad europea -especialmente, de la de los acreedores- pero, como hemos visto en el caso griego, ésta parece estar ausente en sus planes de ajuste. Así que, a mi modo de ver, sería mejor impulsar un proceso de reestructuración desde nuestra condición deudora que esperar uno impuesto por los acreedores. Cuanto más tardemos en reconocerlo mayor será el sufrimiento social y menor nuestra capacidad negociadora. Por lo tanto, ¿a qué estamos esperando?
En tercer lugar, el autor demuestra una cierta confusión en materia de pensiones: tras pronosticar la insostenibilidad de la reforma del sistema de pensiones pasa a plantear propuestas relacionadas con la política fiscal ignorando que las pensiones contributivas se financian vía Seguridad Social y que da igual lo que se haga en materia de fraude fiscal para garantizar la sostenibilidad de las pensiones contributivas.
Podemos cree que frente a esa propuesta es necesario repensar el sistema de pensiones en su conjunto y someter a discusión si este derecho social no debería atenderse desde los Presupuestos Generales del Estado, es decir, convertirlo en un derecho de ciudadanía en lugar de en un derecho de naturaleza contributiva. Esto permitiría romper definitivamente con los análisis actuariales, que ponen el acento en los flujos de gastos e ingresos y apuntan desde hace décadas a la insostenibilidad del sistema, y favorecería la toma de decisiones, al igual que ocurre en el caso de la sanidad o la casa real, en función de una decisión política acerca de cuántos recursos nos queremos gastar los ciudadanos en pensiones públicas. Si nadie habla de la insostenibilidad del ejército o de la casa real, ¿por qué tenemos que tolerar entonces una ofensiva de esa naturaleza sobre las pensiones públicas?
En cuarto lugar, la reducción de la jornada laboral a las 35 horas semanales que plantea Podemos es consustancial a la evolución de las jornadas laborales de nuestro entorno: la española es superior en unas 220 horas a la francesa y en unas 270 a la alemana. Y no debemos olvidar que en Francia, esta medida aplicada por Jospin permitió crear más de un millón de empleos netos entre 2000 y 2002. Igual también es conveniente compararnos y asimilarnos a nuestros socios europeos cuando de beneficios para los trabajadores se trata.
Finalmente, sorprende que el autor hable de la toma del control político del BCE como si esa fuera una medida radical e irresponsable y que desembocaría en un escenario apocalíptico de hiperinflación. Parece ignorar que, a través de su política de flexibilización cuantitativa, la Reserva Federal estadounidense ha inyectado cientos de miles de millones de dólares en la economía y los “únicos” efectos que han tenido sobre la misma han sido la recuperación de los niveles de producto y empleo a los anteriores a la crisis sin provocar ningún efecto sobre la inflación. Ignora, además, que un partido de izquierda responsable, como el PSOE, recogió como primera medida de su reciente “Nuevo Pacto europeo por la competitividad, el trabajo y la cohesión social” que el pleno empleo y la estabilidad de precios debía ser el doble objetivo del BCE. Junto a eso, lo que Podemos está pidiendo en materia de política monetaria es consecuente con lo que pide para el resto de ámbitos económicos, políticos y sociales: mayor democracia y transparencia.
Así que sí, Podemos también es una alternativa de gobierno económico. Y, si no, al tiempo.
Alberto Montero Soler (Twitter: @amonterosoler) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.
http://youtu.be/rc03EnzNAq8
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