Por: Olga Rodríguez
La relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, presentará su nuevo informe, titulado “El genocidio en Gaza: un crimen colectivo”, el próximo día 28. En la página web de la ONU se ha publicado ya un adelanto del mismo, en el que destaca que “el genocidio en curso en Gaza es un crimen colectivo”, sostenido por “la complicidad de Estados terceros influyentes”, que han permitido “las prolongadas y sistemáticas violaciones del derecho internacional” por parte de Israel.
Este miércoles, en sus redes sociales, la relatora ha hecho referencia al mismo de este modo: “Mi nuevo informe ya salió. Con sus acciones y omisiones, terceros Estados han permitido la opresión del pueblo palestino y su genocidio. Esos Estados tienen la obligación de poner fin a su complicidad y hacer justicia. Y nosotros, el pueblo, tenemos que hacerlo realidad”.
El informe hace hincapié en que el genocidio en Gaza no se ha cometido de manera aislada, “sino como parte de un sistema de complicidad global”. A lo largo de sus páginas explica cómo muchos países siguieron ofreciendo “apoyo militar, diplomático, económico e ideológico” a Israel mientras este “utilizaba el hambre y la ayuda humanitaria como armas” de guerra, por lo que “pueden y deben ser considerados responsables de ayudar, asistir o participar conjuntamente” en esos y otros crímenes israelíes.
En sus conclusiones subraya cómo operan “narrativas coloniales que deshumanizan al pueblo palestino”, con las que “esta atrocidad retransmitida en directo” ha sido facilitada, mediante “el apoyo directo, la ayuda material, la protección diplomática y, en algunos casos, la participación activa” de esos Estados. También señala “un abismo sin precedentes entre los pueblos y sus gobiernos, traicionando la confianza sobre la que descansan la paz y la seguridad mundiales”.
“El mundo se encuentra ahora al borde del colapso del Estado de derecho internacional o de la esperanza de su renovación”, advierte, recordando la obligación de los países de suspender todas sus “relaciones militares, diplomáticas y económicas” con Israel para evitar “complicidad directa o indirecta en esos crímenes” y para pararlos.
“La renovación solo será posible si se enfrenta la complicidad, se asumen las responsabilidades y se defiende la justicia”, añade, con una crítica a “los flagrantes dobles raseros”. También recuerda la obligación de garantizar rendición de cuentas no solo con juicios penales, sino con “reparaciones, restitución, compensación y garantías de no repetición”, tanto por parte de Israel como “de los Estados que han apoyado sus crímenes”.
Peticiones a los Estados
El informe de la relatora de la ONU señala que el genocidio en curso es un “crimen facilitado internacionalmente”, ante el que “muchos Estados, principalmente occidentales, han facilitado, legitimado y finalmente normalizado la campaña genocida perpetrada por Israel”. “Los Estados, mayoritariamente, han evitado adoptar medidas para cumplir con sus obligaciones legales”, añade.
Por ello advierte de que “en este momento crítico es imperativo” que los países “suspendan y revisen de inmediato todas sus relaciones militares, diplomáticas y económicas con Israel”, ya que cualquier forma de cooperación podría constituir un medio de ayuda, asistencia o participación directa en actos ilícitos, incluidos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.
Además, solicita a las naciones la investigación y procesamiento de “empresas o individuos implicados en el genocidio o en su incitación” y “las reparaciones, incluida la reconstrucción completa”.
Hace un llamamiento a “reafirmar y fortalecer el apoyo a la UNRWA y al sistema de la ONU” y pide la suspensión de Israel de Naciones Unidas, “conforme al Artículo 6 de la Carta”, por incumplimiento de sus obligaciones. También solicita a los Estados que actúen bajo el marco de la resolución “Unión Pro Paz” (377) para garantizar el desmantelamiento de la ocupación israelí. Esta resolución permite que la Asamblea General de la ONU pueda adoptar decisiones ante las amenazas para la paz con el envío de fuerzas internacionales cuando hay obstáculos –vetos en ese sentido– en el Consejo de Seguridad.
La relatora de Naciones Unidas exhorta a “los sindicatos, juristas, sociedad civil y ciudadanía a vigilar las acciones de sus gobiernos” y a presionar para que haya “boicots, desinversiones y sanciones hasta que finalice la ocupación ilegal y los crímenes asociados”. No solo hace referencia a los crímenes israelíes de estos dos últimos años, sino a la segregación racial y la ocupación ilegal del territorio palestino, “que ahora ha escalado hasta convertirse en un genocidio en toda regla”.
“Sin la participación directa, la ayuda y la asistencia de otros Estados la prolongada ocupación ilegal israelí no podría haberse sostenido”, señala. También destaca “la falta de voluntad para que Israel rinda cuentas” como otro de los factores clave que ha permitido a Israel “consolidar su régimen de apartheid colonial”.
Las relaciones con Israel
Sobre el campo de la diplomacia, resalta que “las iniciativas diplomáticas han normalizado la ocupación israelí y no han logrado alcanzar un alto el fuego permanente”. En el armamentístico, indica que la ayuda militar a gran escala, la cooperación y las transferencias de armas —“principalmente hacia y desde EEUU y los Estados europeos”— han permitido el dominio israelí sobre el pueblo palestino.
En cuanto a las relaciones comerciales, señala que “la cooperación económica ha alimentado la economía israelí, que se ha beneficiado de la ocupación ilegal y del genocidio”: “Solo Colombia, que prohibió las exportaciones de carbón a Israel en 2024, ha actuado”. Rusia y Estados Unidos fueron los principales proveedores de productos de combustible refinado a Israel, mientras que Azerbaiyán, Kazajistán, Brasil y Sudáfrica siguieron suministrando materias primas esenciales.
El comercio internacional de bienes y servicios representó el 54 % del PIB israelí en 2024. “La Unión Europea, su principal socio comercial, aportó casi un tercio del comercio total durante los dos últimos años”, recuerda. El comercio israelí “se ve reforzado por al menos 45 acuerdos de cooperación económica”, incluidos con la UE, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos (en aplicación de los Acuerdos de Abraham).
Es imperativo que los Estados suspendan y revisen de inmediato todas sus relaciones militares, diplomáticas y económicas con Israel Informe de la relatora de la ONU
El informe pide embargos integrales de armas y comerciales, el veto a tránsitos y transbordos de productos y la denegación del paso por aguas territoriales cuando “el tránsito de un buque no esté en conformidad con las normas del derecho internacional”.
Sobre la complicidad, más allá de las relaciones y apoyos mencionados, también incluye la falta de “presión diplomática o política”, así como de sanciones, o la no ejecución de órdenes.
En concreto, recuerda que EEUU usó su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU siete veces, controlando las negociaciones para un alto el fuego y “brindando cobertura diplomática al genocidio israelí”. Pero Estados Unidos no actuó solo, añade. “Las abstenciones, los retrasos, los borradores de resolución diluidos y una retórica simplista de ‘equilibrio’ reforzaron la protección diplomática y la narrativa política que Israel necesitaba para continuar el genocidio”.
También menciona a Reino Unido como Estado “alineado con la posición estadounidense hasta noviembre de 2024”. Por lo demás, destaca que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu “viajó libremente por el espacio aéreo europeo” y que Israel “ha estado protegido de la rendición de cuentas tanto en los tribunales como en foros globales”, con instituciones “que impiden su merecida expulsión de eventos deportivos (por ejemplo, los Juegos Olímpicos de París, los clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA, FIBA o Copa Davis) y culturales (Eurovisión, Bienal de Venecia)”.
Sobre el reconocimento del Estado palestino por otros diez países, incluidos Francia y Reino Unido, afirma que, “si bien es un paso importante, estos reconocimientos tardíos han sido hasta ahora simbólicos, sin efecto tangible para abordar el genocidio en curso”. Destaca que “solo Belice, Bolivia, Colombia y Nicaragua han suspendido relaciones diplomáticas con Israel desde octubre de 2023”, y “únicamente seis Estados” (Bahréin, Chad, Chile, Honduras, Jordania, Turquía y Sudáfrica) han rebajado el nivel de dichas relaciones.
También hace referencia a que varios países, “entre ellos Egipto, Indonesia, Jordania, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes Unidos” respaldaron el “Plan Trump”, “a pesar de que este no aborda el fin de la ocupación ni la rendición de cuentas, y propone un mecanismo temporal de administración extranjera en Gaza, que socava aún más la autodeterminación palestina”.
Relaciones armamentísticas
El informe señala a Estados Unidos, Alemania e Italia como máximos proveedores de armamento a Israel, y a Reino Unido como Estado clave en colaboración militar, a través de sus vuelos de vigilancia. Además, informa de que otros países han suministrado piezas, componentes y armas a Israel “a través de un sistema opaco que oculta las transferencias, incluidas las de uso dual y las transferencias indirectas”.
Sobre esto, menciona que entre octubre de 2023 y octubre de 2025 veintiséis países enviaron al menos diez cargamentos de “armas y municiones” (Código HS 93) a Israel, “siendo los más frecuentes China (incluido Taiwán), India, Italia, Austria, España, República Checa, Rumania y Francia”.
También cuenta que el programa del avión de combate F-35, pieza clave en la ofensiva militar israelí en Gaza, involucra a 19 Estados: Australia, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, Polonia, Corea del Sur, Rumania, Singapur, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos.
Además, hace referencia al “apoyo a las fuerzas armadas israelíes” mediante “asociaciones militares y maniobras de defensa conjuntas”, como el ejercicio INIOCHOS, que en 2025 se realizó con las Fuerzas Aéreas de Israel, junto con las de “Grecia, Estados Unidos, Italia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Francia, España, Montenegro, India, Eslovenia y Polonia.”
La relatora de la ONU, Francesca Albanese, no podrá presentar su informe desde la sede de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, debido a las sanciones que el Gobierno de Trump ha impuesto sobre ella por colaborar “directamente con la Corte Penal Internacional en iniciativas para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de EEUU o Israel”. Washington también ha emitido sanciones contra la Corte de La Haya, en una muestra de su rechazo a este tribunal y a la aplicación del derecho internacional.
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