Fuente: La Jornada
El presidente Donald Trump recibió en su campo del golf de Doral, Miami, a sus homólogos de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; República Dominicana, Luis Abidaner; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, junto con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
Los asistentes, seleccionados a dedo por su afinidad ideológica y su vasallaje político hacia el magnate, no acudieron a la presentación del denominado Escudo de las Américas en condición de iguales que comparten preocupaciones y puntos de vista, sino como subordinados que reciben órdenes y aplauden con estruendo todas las ocurrencias de su jefe, incluso cuando éste se planta frente a 10 hispanoparlantes y les suelta un “no voy a aprender su maldito idioma”. En su recepción, Trump declaró que el “consenso” es que la única manera de derrotar al crimen organizado y los inexistentes grupos narcoterroristas es “desatar el poder de nuestras fuerzas armadas”, para lo cual desplegará “el poder supremo de Estados Unidos” que, gracias a él, es “otra vez” la máxima potencia militar del planeta. En realidad, nunca ha dejado de serlo ni ha experimentado ningún incremento sustancial en sus capacidades bajo el trumpismo, sólo cambió el nivel de disposición al uso unilateral y arbitrario de la fuerza.
Más allá de los dislates del republicano y de su manía de culpar a México por el insaciable consumo de sustancias ilícitas de la sociedad estadunidense, lo más notorio del encuentro reside en que cada uno de los mandatarios asistentes usa discursos de mano dura contra el crimen al mismo tiempo que arrastra un extenso prontuario. Milei ha promovido en dos ocasiones estafas mediante criptomonedas; puso en primer lugar de sus listas al Congreso a José Luis Espert, cuando ya era de dominio público que éste recibió 200 mil dólares del narcotraficante Fred Machado; vendió las candidaturas de su partido; consintió que su hermana cobrara “comisiones” a proveedores de la Agencia Nacional de Discapacidad. Paz fue imputado por corrupción, malversación y contratos lesivos al Estado por impulsar obras con graves irregularidades y sobreprecios cuando era alcalde de Tarija. Chaves tiene decenas de causas abiertas por corrupción, incluyendo prevaricato, peculado, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campaña. Fue sancionado y degradado por el Banco Mundial tras comprobarse un patrón de acoso sexual hacia subalternas. Noboa, quien mantiene a Ecuador bajo Estado de excepción y maneja una imagen de gángster dispuesto a todo contra el narcotráfico, ha justificado los constantes hallazgos de cargamentos de cocaína en buques de la compañía naviera de su familia. La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) de Honduras acusa a Asfura de estructurar un esquema de lavado de dinero, malversación de caudales públicos y fraude desde la alcaldía de Tegucigalpa. La lista de faltas se extiende al resto de dirigentes latinoamericanos y caribeños y, por supuesto, el anfitrión es el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito grave. Así, queda claro que el Escudo de las Américas no tiene nada que ver con el combate al crimen, sino con avanzar en la imposición de la Doctrina Monroe.
Un par de días antes de la cumbre, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, calificó a México de “un referente de a dónde no queremos llegar” en materia de violencia, crimen organizado y narcotráfico. Fernández fue ministra de la Presidencia y ministra de Planificación Nacional y Política Económica en la administración de Chaves, cuya agenda suscribe sin matices. Si en verdad la futura mandataria quiere evitar a su país los grandes sufrimientos padecidos por el nuestro en las dos últimas décadas, debería tener en cuenta que la crisis de inseguridad inició cuando un político de su misma corriente ultraderechista hizo lo que ella se apresta a hacer: abrir México de par en par a las agencias de espionaje estadunidenses, supeditar las decisiones internas a los intereses de Washington, ignorar las raíces socioeconómicas del fenómeno delictivo, y declarar una guerra contra sus propios ciudadanos, en la que la violencia de Estado se convirtió en criterio de éxito de la estrategia de control disfrazada como de seguridad. Las lecciones del calderonato valen también para el resto de gobernantes (y gobernados) que todavía ven o fingen ver en la “guerra contra las drogas” de la Casa Blanca una ofensiva contra las estructuras criminales y no el mecanismo de dominio imperialista que es.
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