Por: Andrés Gaudin
Una de sus primeras medidas desde la llegada a la presidencia fue mandar retroexcavadoras al norte para cavar las zanjas de su proyecto de Escudo Fronterizo. Sin avisar a Bolivia ni a Perú.
Allí donde la violencia no la marcan ni la gente ni el territorio, porque la geografía de la cordillera y el desierto son más duras, pero no tanto como las acciones de los doctores de Santiago, allí llegó como una fuerza del cielo el presidente chileno José Antonio Kast. Del helicóptero, en Arica, bajaron en comitiva el ministro de Defensa y el comandante en jefe del ejército. Fue una imagen deliberadamente preparada para mostrar que la primera salida del presidente tras la jura en La Moneda era una verdadera exhibición militar. Llegó para cumplir una promesa de campaña –sellar la frontera norte– pero Arica no es un punto cualquiera para Perú y Bolivia, sus vecinos. En el siglo XIX y durante cinco años, fue el epicentro de una guerra en la que murieron miles de peruanos y bolivianos.
Al amparo del resurgimiento ultraderechista que castiga al mundo occidental, con su mejor cara Kast prometió a los votantes la construcción de un vallado que impediría el tránsito fronterizo de personas. En un escenario barrido por las ráfagas polvorientas del desierto de Atacama, Kast explicó a un mínimo auditorio cómo será su democrática barrera. “Lo que vengo a hacer es a poner en marcha el Plan Escudo Fronterizo, que nos garantizará la paz interior”. Sus laderos dijeron que el proyecto está inspirado en las políticas de seguridad del norteamericano Donald Trump y el salvadoreño Nayib Bukele. Y, de alguna manera, de otro de sus gobernantes admirados: Javier Milei y su motosierra. Entonces, rodeado por la maquinaria vial del ejército, lo dijo: “Estas retroexcavadoras van a construir soberanía”.
El Escudo Fronterizo arranca con 3 kilómetros de extensión y pasará a más de 30 en su etapa inicial de duración no especificada. Está contemplado el cavado de zanjas de 3 metros de profundidad, 3 de ancho y vallas de 5 metros, con cercos electrificados, sensores, torres con radares térmicos y drones autónomos con reconocimiento facial. El plan completo llegaría a unos 500 kilómetros en un tiempo a precisar en un acuerdo mixto entre las autoridades políticas y militares. Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que aún hay un problema de escala a resolver. La frontera norte chilena es de 1029 kilómetros, 168 con Perú y 861 con Bolivia. Ante esta realidad, precisaron, 30 kilómetros de zanjas y muros representan menos del 3% de esa extensión. No es un dato irrelevante.
El discurso oficial se apoya en una crisis migratoria real, pero con matices que la narrativa del gobierno tiende a mitigar. Las fuentes divergen. Kast dijo que la inmigración irregular de los últimos años trajo a más de 180 mil personas que entraron por la ventana. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, Chile alberga a cerca de 337 mil migrantes en situación irregular sobre una población de 20 millones, y la migración total representa más del 8% del total de habitantes. Son cifras impactantes, pero Kast y los suyos saben que no dicen la verdad. La realidad muestra una tendencia que contradice el tono de la emergencia: los ingresos irregulares llevan años bajando. En 2025 las denuncias cayeron un 10,2% respecto del año anterior, lo que representa una reducción del 54% frente al pico de 2021.
Una norma básica de toda política de buena vecindad indica que Kast debió consultar a sus pares, y más todavía cuando se trata de países que han vivido en tensión desde que finalizó la sangrienta Guerra del Pacífico (1879-1884), cinco años en los que murieron de 23.000 a 30.000 combatientes. No lo hizo. El operativo no fue acordado. Si Chile blinda su frontera, el flujo migratorio no desaparece, se acumula. Bolivia y Perú quedarían con una población migrante en tránsito y sin salida. La situación se agrava desde que la medida chilena incluye, además, una inamistosa ofensiva legislativa. Kast pedirá al Congreso que vote una ley que sancione a quienes asistan a los migrantes y buscará tipificar el ingreso clandestino como un delito y no sólo como una falta. Además, prevé establecer una franja de exclusión de 10 kilómetros, donde todo indocumentado será expulsado sumariamente.
Tres semanas después de una medida chilena que los peruanos califican como inamistosa, el boliviano Rodrigo Paz sigue en sepulcral silencio. Según sus asesores, tiene la prioridad de amasar unas buenas relaciones que lo planten en la historia como el artífice de la ruptura del aislamiento marítimo sufrido desde el fin de la Guerra del Pacífico y reanudar las relaciones diplomáticas rotas en 1978. Entre Paz, que admite que “hay un pasado pero yo quiero pelear por el futuro” y todo ensaya resolverlo con una retórica más o menos florida, y el peruano José María Balcázar, que asumió en febrero y se irá en abril –cosas de Perú–, Kast halló el mejor terreno pasa sus planes. De todas maneras, la realidad aconseja estar alerta ante mensajes como el del gobernador de Tacna, que pidió al gobierno de Lima un “significativo refuerzo militar de la frontera”.
El desmantelamiento de la política ambiental
En ninguna otra plaza electoral José Antonio Kast habría podido trotar como en Chile. La fibra nazifascista siempre estuvo latente en esa sociedad y Augusto Pinochet la exacerbó. Con todo, al extremo de dejar una cría que anuló lo poco y malo que hicieron los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura, todos y sin excepción, hasta parir a estos nuevos personajes, transparentes, que apenas asumidos, así como indultaron a violadores de los derechos humanos y prometieron reeditar en las fronteras los episodios más crueles de su historia, ocultaron lo que exactamente fue su primerísima medida de gobierno: anular toda la legislación que ponía algún límite a las mineras del litio.
Algunos miles de personas desparramadas por el largo mapa de Chile, nada en comparación con el aluvión de votos que le dio a Kast el pase libre para romper el país, salió a protestar por el desmantelamiento de la política ambiental heredada de Gabriel Boric. Hicieron foco en la defensa de los elementos naturales, en especial los recursos hídricos en este mundo de 20 millones de habitantes de los que 1,4 millones nunca accedieron al agua potable. En total, el gobierno congeló, voló del digesto jurídico, 43 decretos. Entre ellos están los planes rectores para la descontaminación de zonas críticas, regulaciones para las emisiones de centrales termoeléctricas y la creación de una red de parques para resguardar especies “idolatradas” por los biólogos, como la Ranita de Darwin y el Pingüino de Humboldt.
Entre los 43 decretos decapitados hay 6 orientados a la declaración de áreas protegidas en la región de Atacama, que resguardan humedales de altura, piezas clave en la Estrategia Nacional del Litio de Boric. Académicos de la Universidad de Atacama denunciaron que estas áreas “quedan a merced de la expansión del capital que toma forma de minería del litio”, arrasando con todo e ignorando el derecho al agua. Afines a ello, los manifestantes que se expresaron el martes 24 corearon consignas de defensa de los recursos naturales y exhibieron pancartas caseras con una fuerte consigna, en inglés, para que el presidente lo entendiera: “Don’t KAST-igate Nature” (La naturaleza no se KAST iga).
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