Cuando desde Estados Unidos se insinúa la posibilidad de desconocer unas elecciones se abre paso al mecanismo clásico de deslegitimación preventiva
Lo que se disputa en Colombia este año no puede leerse únicamente en clave nacional. Las elecciones presidenciales de 2026 serán un episodio decisivo dentro de una confrontación más amplia: la que enfrenta a los proyectos de soberanía democrática latinoamericana con una renovada ofensiva de disciplinamiento hemisférico impulsada desde Washington y articulada por las renovadas derechas continentales.
Durante décadas, el intervencionismo estadounidense operó mediante golpes militares, invasiones, bloqueos y operaciones encubiertas. Hoy la lógica es más sofisticada, pero no menos peligrosa. El nuevo repertorio combina sanciones financieras, campañas de desinformación, operaciones mediáticas, presión diplomática, judicialización selectiva y cuestionamientos preventivos a procesos electorales cuando el resultado amenaza intereses estratégicos de Washington.
Colombia aparece ahora como el principal objetivo de esa estrategia. No es casual. Después de décadas de subordinación casi automática a la política exterior estadounidense, el gobierno de Petro rompió consensos históricos:
- cuestionó la guerra contra las drogas made in USA,
- defendió la causa palestina,
- impulsó una transición energética soberana
- y promovió una integración latinoamericana menos dependiente de Estados Unidos.
- Más importante aún: convirtió a Colombia —tradicional aliado militar de Washington— en una voz incómoda para el orden hemisférico conservador.
Por eso las declaraciones del senador Bernie Moreno no pueden interpretarse como simples exabruptos. Cuando desde Estados Unidos se insinúa la posibilidad de desconocer unas elecciones colombianas bajo el argumento de la violencia, se abre paso al mecanismo clásico de deslegitimación preventiva. No se busca proteger la democracia colombiana, se busca condicionar el resultado aceptable de esa democracia.
La operación es conocida en toda la región. Primero se construye un relato sobre la supuesta fragilidad institucional del país. Luego se amplifican denuncias selectivas en redes sociales, medios internacionales y plataformas digitales. Después aparecen las advertencias diplomáticas, las “preocupaciones” de congresistas estadounidenses, los informes ambiguos de observación de la OEA y las campañas de miedo económico. Finalmente, si el resultado no favorece a las élites alineadas con Washington, se instala la narrativa del fraude, la ilegitimidad o la amenaza autoritaria.
La desinformación cumple aquí un papel central. América Latina enfrenta hoy una maquinaria continental de manipulación digital financiada por sectores empresariales, laboratorios ideológicos y operadores políticos vinculados a las nuevas derechas globales. Lo ocurrido en Brasil contra Lula, en México contra López Obrador o en Bolivia tras el golpe de 2019 muestra que las fake news ya no son fenómenos marginales: son instrumentos de guerra política. Colombia es, con el Proyecto Júpiter el próximo gran laboratorio de esa ofensiva.
No se trata sólo de intervenir en la opinión pública. Se busca producir un clima permanente de sospecha social donde cualquier triunfo progresista pueda ser presentado como ilegítimo, peligroso o fraudulento. El objetivo estratégico es impedir que las mayorías populares consoliden proyectos políticos duraderos capaces de disputar recursos naturales, soberanía energética, integración regional y autonomía internacional.
La gravedad del momento exige entender que la democracia no puede reducirse al ritual electoral. Una democracia sometida al chantaje financiero, a la manipulación algorítmica y a la tutela extranjera deja de ser plenamente soberana. Y eso es precisamente lo que hoy está en disputa en Colombia.
Por eso las elecciones colombianas tienen una importancia continental. Si el progresismo logra sostener democráticamente un proyecto de transformación pese a la presión externa, América Latina enviará una señal poderosa: todavía es posible construir soberanía en medio de un escenario global crescientemente hostil. Pero si triunfa la lógica de la intimidación internacional y de la deslegitimación mediática coordinada, el mensaje será igualmente claro: ninguna experiencia autónoma será tolerada en el hemisferio.
La respuesta no puede ser el repliegue nacionalista ni el aislamiento. Debe ser más democracia, más organización popular y más articulación regional. La defensa de la soberanía colombiana no corresponde solo a Colombia. Concierne a toda América Latina. Porque lo que está ocurriendo no es un episodio aislado, sino parte de una disputa histórica sobre quién decide el destino político de nuestros pueblos: los pueblos o las oligarquías.
Colombia no es una servidumbre. Tampoco lo es América Latina. Y defender esa verdad será una de las tareas políticas decisivas de nuestro tiempo.
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