La encrucijada

En lo que va de año, Cuba ha recibido un único barco de petróleo. El país necesita, al mes, ocho del mismo calado para el normal funcionamiento de su actividad económica y social. La sostenida falta de combustible ha conducido a la cuasi paralización del país (movilidad, generación eléctrica).

El impacto de esta situación en la vida cotidiana es profundo. Meses que suman apagones de más de 20 horas (que en algunas regiones alcanzan las 48), se concretan en la dificultad para preparar los alimentos, mantenerlos refrigerados, recibir agua potable, realizar labores domésticas y lograr el debido descanso físico y psicológico. Una realidad que se agrava por el intenso calor tropical.

En este escenario, servicios públicos como la salud, la educación, las telecomunicaciones, el transporte, las gestiones legales y otros, se ven severamente afectados.

La inflación permanente, el limitado acceso a insumos y finanzas en el ámbito productivo, el debilitamiento de sectores estratégicos de la economía (tales como el turismo, la producción de níquel y cobalto, la exportación de habanos) y la retirada de importantes inversores extranjeros, implican datos dramáticos para la crisis cubana.

Se añaden a esta realidad unos niveles de complejidad no vista con posterioridad a 1959: el descontento social, la desesperanza, la disminución de la legitimidad del gobierno y el avance de una narrativa que sustenta la causa de la crisis en la revolución y el socialismo.

Al mismo tiempo, y como una de las causas básica de esta situación, desde enero de 2026 se agudizó el cerco del gobierno de los EE. UU. en contra del pueblo cubano. La invasión a Venezuela marcó un punto de inflexión, seguido por la presión a México para que detuviera su intercambio comercial de hidrocarburos con Cuba.

La firma, el pasado 29 de enero, de una nueva orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos derivó en este drástico cierre del grifo. La medida titulada «Haciendo frente a las amenazas del Gobierno de Cuba a Estados Unidos» declara una «emergencia nacional» y anuncia la imposición de aranceles a los países que proporcionen petróleo a la isla, por ser esta «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de los Estados Unidos.

El pasado 1 de mayo, se publicó una nueva orden ejecutiva que implica sanciones para pilares de la economía: energía, defensa, minería y servicios financieros. Cualquier empresa extranjera o estadounidense que opere con empresas cubanas puede sufrir bloqueo total de sus activos en EE. UU.

Se añade a estas condiciones la constante, y cada vez más creciente, amenaza de una escalada militar en la isla, una nota más a la agresión multidimensional del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba.

Este hecho genera mayor tensión e incertidumbre sobre los destinos de la isla en general, y sobre la vida cotidiana en particular, como parte de una realidad en la que se presentan situaciones sumamente complejas en cada detalle de la vida personal, familiar, social y económica.

Como expresión del agotamiento acumulado, crece el descontento social y se multiplican las protestas, en su mayoría pacíficas: hay quemas de basura en las calles, cacerolazos y muestras de desobediencia civil (como no llevar a los menores a la escuela después de varias horas de apagón).

Respuesta en la encrucijada

En este escenario crítico, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez, anunció un conjunto de decisiones relacionadas con los ámbitos económicos, sociales e institucionales.

Este Programa Económico y Social para el 2026 es el resultado de una consulta y debate popular de fines del 2025, del cual salieron propuestas de transformación en el modelo económico y social. Con esas propuestas se trabajó con expertos nacionales y foráneos. Las mismas cursaron los niveles de debate y aprobación previstos en la ley cubana: la aprobación en el Buró Político del PCC y de la Asamblea Nacional.

En su anuncio, el jefe de Estado cubano refirió la necesidad de concretar un sistema de dirección de la economía que permita resolver contradicciones entre la planificación y los incentivos del mercado: se propone la eliminación de trabas para que el mercado se estimule con la producción nacional y la exportación.

Como parte del paquete de medidas, se prevé una reestructuración del aparato estatal, que abarcará al Gobierno, al sector empresarial, al Partido y a las organizaciones políticas y de masas de todo el país. También se contempla una reducción significativa tanto del número de ministerios como de los cargos públicos.

Según lo proyectado en la propuesta, esta reducción propiciará ahorro de gastos del Presupuesto, que quedarían disponibles para apoyar programas sociales o para apoyar la reforma salarial. Se busca, además, construir un Estado, un Gobierno y unas organizaciones menos burocráticas, más dinámicas y con mayor capacidad para a las exigencias propias de los tiempos actuales.

Otro punto del paquete de propuestas atiende a la autonomía municipal, con medidas que deben permitir que cada municipio decida quiénes son sus actores económicos y cómo se relacionan entre ellos. A partir de este diseño, se espera que cada municipio pueda importar y exportar sin necesidad de estructuras superiores, así como gestionar ingresos en divisas e inversiones extranjerass, ya sea con empresas o con cubanos residentes en el exterior, además aprobar inversiones de cubanos residentes en la isla.

En referencia a la autonomía de la empresa estatal, existe el propósito de que funcione sin intermediarios, que puedan exportar e importar, ingresar divisas y retener una parte de ellas para sus producciones. Se les facultará para hacer asociaciones económicas con otros actores, decidir sus clientes y proveedores, sin objetos sociales limitados. Asimismo, se permitirá que la empresa estatal participe en el mercado cambiario.

Según lo diseñado, a partir de la participación de los trabajadores en la toma de las decisiones, las empresas definirán sus dimensiones y sus sistemas de salario, teniendo facultades ilimitadas para el uso de sus utilidades en las áreas que aprueben.

Frente al deterioro creciente del sector agropecuario, las decisiones propuestas buscan que el productor tenga acceso directo al mercado de insumos y el mercado cambiario. En tal sentido, se propiciarán las asociaciones entre actores económicos (de nivel estatal,  cooperativo, privado o vinculado a la inversión extranjera), con la posibilidad de acceder con cuentas reales en divisas en los bancos.

En el deprimido sector turístico se pretende darle un giro a la manera de gestionarlo, no solo pensando en las grandes cadenas, muchas de las cuales han salido de la isla por las presiones de la administración estadounidense. Para ello, se priorizarán los negocios en el ámbito inmobiliario con otros actores que no sean los tradicionales.

El dinamismo en el comercio exterior es otro de los puntos de esta propuesta. Entre las medidas figura permitir la importación y exportación de los actores económicos sin intermediarios, con beneficios arancelarios para quienes importen insumos y materias primas, sobre aquellos que importen productos acabados.

Se limitarán las actividades prohibidas para los actores económicos no estatales, se aprobarán mipymes que tenían sus proyectos estancados (y esas facultades se transferirán a los municipios), se agilizarán las aprobaciones de la inversión extranjera, sin trabas y con un marco legal que ofrezca confianza, tanto para cubanos como para extranjeros.

Respecto al delicado tema de la energía, se pretende potenciar en todos los espacios el empleo de fuentes renovables y, como parte de ello, se priorizará el plan de atraer a empresas que puedan ofrecer sistemas fotovoltaicos para la población y los negocios.

Esta orientación se acompaña del aumento de la importación de equipos eléctricos, con prioridad para los vehículos, del estímulo al ensamblaje en el territorio nacional y de la instalación de estaciones de carga en distintos puntos del país.

En las propuestas se incorporan disposiciones para incentivar la inversión extranjera directa. Este ámbito incluye los derechos de superficie, eliminar trabas, el uso de las cuentas bancarias y la aceleración de los plazos de aprobación de la inversión extranjera directa.

También se han analizado dos formas particulares de inversión para cubanos: la de los cubanos residentes en el exterior y la de los residentes en Cuba, para que puedan, en igualdad de condiciones, participar como actores económicos junto a la inversión extranjera directa, a las empresas estatales y a las formas no estatales y cooperativas en el entramado económico y productivo del país.

Bajo el principio de que «todo lo que hagamos contribuya a atender las desigualdades sociales», en el ámbito de la asistencia social se avanzará en la eliminación de los subsidios para productos, apuntando a reemplazarlos por subsidios directos para las personas. En tal sentido, se buscará aprovechar la responsabilidad social de cada actor económico en la atención de personas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad.

También se apunta a acciones y medidas orientadas hacia el capital humano, sobre todo buscando la protección del potencial de fuerza de trabajo calificada joven (con incentivos salariales y potencialidades para desarrollo de proyectos dentro del país).

Preguntas en la encrucijada

¿Qué condiciones existen para la aplicación de estas propuestas? ¿Qué relación tienen este paquete de medidas y las negociaciones con los EE. UU.?

Ningún análisis objetivo sobre la crisis multidimensional que vive Cuba puede obviar el impacto negativo y persistente de la política estadounidense. Con las más recientes órdenes ejecutivas tomadas por el gobierno norteamericano contra la isla, la declarada intención de asfixiar al gobierno y al pueblo cubanos alcanza rango de genocidio.

Es cierto que la cercanía del cáncer que representa el imperialismo norteamericano es un problema mayúsculo. Tal cercanía complejiza el encaminamiento de cualquier plan de desarrollo que pretenda ser, cuando menos, impulsado con cierta dosis de autonomía en el área de influencia («patio trasero») del imperio.

El destino de Cuba está condicionado por esas políticas, pero no determinado. En ese sentido, tampoco sería riguroso desatender la responsabilidad del Gobierno cubano en la prolongada postergación de toda una serie de transformaciones económicas, sociales y políticas que resultan imprescindibles desde hace casi dos décadas.

El ejemplo más conocido es el de la errática y sostenida prioridad económica que representó, durante varios años, el elevado gasto del presupuesto de inversión en bienes raíces, al tiempo que se desatendieron sectores como la agricultura, la producción de energías y la infraestructura vial.

La mayoría de las propuestas anunciadas de manera reciente están presentes en la agenda de debate hace mucho tiempo. Pero esa agenda no entraba con facilidad en los medios públicos ni en las ofertas de las principales instituciones económicas.

En los últimos cinco años han sido varias las voces que sugerían soluciones que, en lugar de remiendos, apuntaran a cambios profundos en las estructuras, lógicas de funcionamiento y dinámicas económicas, lo que incluye las políticas de protección social a las personas, grupos y comunidades en situación de pobreza (término no reconocido por las instituciones nacionales).

No es la primera vez en los últimos lustros que nos encontramos con algo parecido a un plan de reformas generales. ¿Qué podría ser diferente en esta ocasión? ¿Qué se puede esperar de estas medidas cuando son tomadas por los mismos actores políticos que ya han frenado otros programas similares?

¿Por qué se desaprovecharon escenarios más favorables para acometer las reformas estructurales requeridas, las mismas que hoy ven la luz en las peores condiciones? ¿Las condiciones de crisis extrema no serán en sí mismas un freno a la viabilidad de estas medidas?

¿Está en la base de esta propuesta el crear condiciones más propicias para el desarrollo, en espera de que cambien las actuales circunstancias de asfixia? ¿Estas medidas serán señales para una mejor condición en las negociaciones con el gobierno que representa los intereses del capital estadounidense? O, por el contrario, ¿se aceleran las condiciones para un relacionamiento concreto con actores estratégicos de primer orden como Rusia, China e Irán?

Resulta comprensible, en las condiciones de asedio brutal que vive el país, la idea expresada por el presidente cubano de que hay temas y procesos en curso de los que no es posible hablar para evitar que se malogren. ¿Serán asuntos operativos, de gestión de bienes o finanzas? ¿Serán esfuerzos diplomáticos, serán negociaciones estratégicas con algún par internacional? Habrá que esperar por las respuestas.

Volviendo a los nudos internos del problema cubano, es sabido que buena parte de las dificultades de un modelo de desarrollo que hace tiempo hizo aguas radica en la extrema centralización económica, sobre todo de las decisiones, en los constantes vaivenes de las políticas, sometidas a revisiones y retrocesos permanentes, en planes inconclusos y elaborados sin consulta y en la burocratización de los procesos productivos, atravesados por regulaciones, prohibiciones, controles y aprobaciones interminables.

Por otro lado, se debe añadir la limitada autonomía de los actores económicos, la escasa participación de las y los trabajadores en la decisión, gestión y control de los procesos productivos y los estrecho márgenes de maniobra institucional para la pluralidad de actores que conforman el panorama económico nacional. Estas medidas tienen carácter estructural, toda vez que intenta reducir la carga que representa el aparato burocrático hipertrofiado para los procesos productivos. La autonomía es alérgica al burocratismo.

¿Dónde quedan los procesos democráticos productivos en esta fórmula? La estrategia, o al menos las medidas anunciadas, apuntan una vez más a la liberalización económica, pero no así a la democracia económica.

No es un secreto para nadie, y las nuevas medidas lo confirman, que el modelo cubano se compone, en lo esencial, de formas estatales de gestión y de formas privadas capitalistas (estas últimas con un sostenido auge en los últimos tres años).

Dado el contenido y alcance de las propuestas recientes, entran a escenas actores capitalistas nacionales de mayor peso, residentes o no en la isla. ¿Contarán con alguna representación política a futuro? ¿Estarán dispuestos a invertir capital en Cuba, con todo el riesgo que entraña, sin un respaldo de ese calibre?

¿Estarán por llegar algunas reformas a la institucionalidad política? Un asunto pendiente, entre otros muchos, es el de la actualización de la Ley de Asociaciones, la que permitiría dar cuenta de la pluralidad de actores sociales en la isla, al tiempo que, dada la nueva propuesta, abriría condiciones más favorables para la procuración de fondos que garanticen la reproducción de las organizaciones de la sociedad civil.

En el paquete de medidas, presentadas más en términos de soluciones técnico/económicas que en término de estrategia política, es preciso preguntar sobre la estrategia de potenciación de formas socializadoras de la producción, lo cual debería representar el carácter de la transición socialista (término ausente en la narrativa institucional cubana, por cierto).

Resulta notorio que no existen propuestas que potencien formas de gestión directa de los trabajadores o den impulso prioritario a las formas cooperativas de producción y a las formas comunales. Debemos recordar que la propiedad cooperativa o comunal ha quedado fuera del aparato legal, empezando por la propia Constitución.

No existe, por ejemplo, ni en condición experimental, la propuesta de poner en manos directas de los trabajadores y trabajadoras algunas de las instalaciones hoteleras que, sin embargo, están se ofertan para ser gestionadas por capitalistas nacionales, residentes o no en el país.

Una vez más la encrucijada

Acelerar las reformas en el peor momento de la crisis dispara algunas preocupaciones. Esa sensación se refuerza por la limitada capacidad mostrada por el gobierno para administrar la crisis y sortear sus condicionantes. Las prácticas más recientes hablan de medidas reactivas y no de una sostenida estrategia de desarrollo.

Sin embargo, dilatar las decisiones colocaría más cerca un posible estallido popular que, además de ser una legítima válvula de escape a la prolongada situación de crisis, serviría de pretexto para la intervención norteamericana directa en la isla, con los consabidos daños que acarrearía en cuanto a vidas e infraestructura.

Son muchas las necesidades acumuladas y muchos los problemas a resolver. El margen de maniobra en las actuales condiciones es cada día más estrecho. Se necesitan buenas noticias que impacten en la vida cotidiana: más horas de electricidad, disminución de la inflación, ampliación y diversificación de las ofertas de bienes y servicios, entre otras.

Aun en estas condiciones, resulta alentador que se presente un plan integral y más abarcador que los anteriores, como una posible vía de salida a la prolongada y multidimensional crisis cubana.