Por: Eduardo Nava Hernández
Este 2026 está marcando un interesante viraje: el del prematuro desgaste de los gobiernos elegidos por procedimientos democráticos que con gran velocidad pierden legitimidad: Bolivia, Estados Unidos, Chile, Argentina, Albania, México. Las causales de la inconformidad son diversas, pero todas ellas llevan a la movilización social defensiva contra medidas antipopulares de los gobiernos.
La oleada actual de movilización popular guarda algunas similitudes con momentos como 1989 en Europa Oriental, cuando se dio el derrumbamiento del Muro de Berlín y la caída de los gobiernos asociados a la URSS y el Pacto de Varsovia; con la Primavera Árabe de 2011 que llevó al desplome de los gobiernos de Túnez y Egipto y cimbró al de Siria; y con la más reciente coyuntura de 2019 en la que coincidieron grandes movilizaciones populares de protesta en Francia, Hong Kong, Haití, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. En varios casos, la pandemia de 2020 limitó el alcance de esos movimientos, pero subsistieron las causas de la inconformidad social.
Lo que vimos en 2025, fue una serie de cambios de gobierno que permitieron la llegada de partidos y políticos de derecha extrema en varios países. Ya antes el desplazamiento político con ese signo se había dado en la Argentina, con Javier Milei y su movimiento “libertario”, en realidad ultraliberal. El segundo arribo de Donald Trump a la Casa Blanca dio un impulso decisivo para la instalación o reelección de gobernantes derechistas como Rodrigo Paz en Bolivia, José Antonio Kast en Chile, Laura Fernández en Costa Rica, Daniel Noboa en Ecuador y Nasry Asfura en Honduras; en estos dos últimos casos, con abierta intervención del gobierno estadounidense y muchos indicios de fraude electoral. No hay duda de que Washington busca repetir la fórmula en las elecciones de Colombia este domingo 21, apoyando al ultraderechista Abelardo de la Espriella, y en las próximas en Brasil en la figura de Flavio Bolsonaro, mientras en el Perú forcejean en el conteo definitivo de los sufragios Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
En varios de esos casos la diferencia de votos entre los candidatos triunfadores y los del segundo lugar fue mínima, de menos de 3%, lo que habla de una alta polarización social que se refleja en candidaturas muchas veces extremistas y en una baja participación electoral de los ciudadanos. La decepción de los votantes con gobiernos surgidos de procesos democráticos ha encontrado una salida a través de opciones populistas de derecha que, con grandes recursos propagandísticos y oferta de soluciones mágicas a los problemas sociales logran cautivar a una parte importante de los electores.
Pero resulta que los gobiernos apadrinados por Donald Trump y las oligarquías locales muy pronto se han vuelto contra los sectores populares, adoptan medidas de alto impacto contra la población, generando un extendido descontento de los gobernados.
En Bolivia, a seis meses de haber tomado posesión, Rodrigo Paz —a quien los grupos movilizados identifican como un presidente cipayo, al servicio de Washington— aplicó el acostumbrado programa de ajuste económico que eliminó subsidios a los combustibles, recortó el gasto, congeló salarios a los empleados del gobierno y dispuso la privatización de terrenos y bienes públicos en beneficio del capital transnacional. En el fondo está la entrega del litio —que fue nacionalizado en el gobierno de Evo Morales— y de otros minerales estratégicos demandados por la industria electrónica. Además, importó gasolinas adulteradas que dañaron los motores de una gran cantidad de vehículos. Los mineros de la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia, los aguerridos “ponchos rojos” de la ciudad de El Alto y los pueblos indígenas quechuas y aymaras han paralizado la economía desde principios de mayo, cerrado carreteras y tomado las calles de La Paz exigiendo la renuncia del presidente y revertir las medidas de ajuste. Aunque Paz ha decretado el estado de sitio y la represión ha cobrado hasta ahora siete vidas, la movilización popular continúa creciendo y no parece que cederá hasta obligar la salida del presidente y un cambio radical en el impuesto programa de austeridad.
Los estudiantes universitarios chilenos liderados por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se oponen al programa “Escuela Protegida” del presidente Kast que impone en las universidades un régimen de control policiaco e impugnan la reforma fiscal que reduce impuestos a las grandes empresas y el programa de austeridad que afecta a los sectores más pobres del país. Han sufrido la brutal represión de los carabineros, con decenas de manifestantes lesionados, al tiempo que el pueblo mapuche mantiene en el sur del país la defensa de sus territorios —donde han empezado a privatizarse tierras en favor de colonos israelíes— y por la liberación de sus activistas y dirigentes presos. Por el momento, el movimiento se ha replegado, pero subsisten las causas que lo han originado, y resurgirá en breve enfrentando la política del gobierno del ultraderechista presidente de origen alemán.
La rebelión en Albania, ese pequeño país ubicado en las costas del Mar Adriático, ha estallado en rechazo a la entrega de la isla Sazan y del humedal Vjosa-Narta, zona natural protegida por la ley, en los que los flamantes compradores, Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense, y su marido Jared Kushner, han empezado a construir, con grave devastación, grandes desarrollos turísticos, con 10 mil habitaciones y muelle para yates y veleros en los que se invertirán cuatro mil millones de dólares. Los albaneses inconformes, que en un principio eran un grupo de afectados de la región y que rápidamente concitaron el apoyo de muchos miles que se concentraron en las plazas de Tirana, demandan la salida del primer ministro Edi Rama, quien ha facilitado la adquisición por los magnates yanquis y es un decidido partidario del capital turístico transnacional, y también la eliminación de las disposiciones legales que han permitido la privatización de esos territorios esenciales para la conservación de la biodiversidad. Enfrentan, así, una de las expresiones de la depredación ambiental y el privatismo que caracterizan el capitalismo de nuestra época. En el proyecto de Kushner y Trump participan también inversionistas de Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.
Los albaneses se mantienen en resistencia no sólo por la defensa de sus territorios y reservas naturales, sino contra la corrupción y entreguismo que han caracterizado al gobierno de Rama, que modificó la Ley de Áreas Protegidas para abrirlas al capital extranjero.
El contexto en las protestas argentinas es el espectacular incremento en los índices de desaprobación del presidente Javier Milei, que ahora rondan el 60%. El ultraconservador ha desmantelado el Estado, desplegado un programa de privatizaciones sin precedentes, entre otras cosas de la energía y el agua, y empeorado de manera dramática los niveles de vida de la población con despidos, reducción o desaparición de subsidios y reducción a las pensiones. La respuesta principal, como en Chile, ha sido de los universitarios, ante los recortes presupuestales, y también los jubilados. Las movilizaciones han sido violentamente reprimidas y las han obligado a replegarse, pero el rechazo social al gobierno está latente, y quizá permitirá que nuevamente se expresen en las plazas y las calles.
Como se sabe, las manifestaciones de protesta contra las políticas belicistas y antimigratorias de Donald Trump han llenado desde hace un año las calles y plazas de las ciudades estadounidenses con la consigna “No Kings”. Se calcula en más de ocho millones los que el pasado 28 de marzo expresaron ahí su rechazo a las políticas totalitarias con las que el magnate neoyorkino ha venido gobernado, especialmente en su segundo periodo en la Casa Blanca. Se consideran las protestas más grandes en la historia de los Estados Unidos, y la inconformidad se ha expresado también en diversos foros públicos y por personalidades reconocidas por la sociedad estadounidense e internacional. La manifestación decisiva contra la guerra en Irán y sus consecuencias económicas, contra el racismo del ICE —virtual policía política que ha cometido abusos entre los que están la ejecución extrajudicial de ciudadanos estadounidenses, la detención violenta de inmigrantes y su reclusión den campos de concentración— y otros abusos que han atentado contra la división de poderes, serán las elecciones legislativas y de algunos gobiernos estatales en noviembre, donde los sondeos indican un retroceso más que considerable para el Partido Republicano en el poder.
En México, si bien la protesta protagonizada por la CNTE, las familias buscadoras,+ y otros grupos no alcanza grandes dimensiones, sí ha puesto, en las últimas semanas, el dedo en la llaga de grandes problemas: la inseguridad y violencia sociales extendidas ante la incapacidad del Estado para dar garantías a la población; la injusticia económica para los productores agrícolas; las pensiones cuyo manejo permite el enriquecimiento del sector financiero mientras da a los trabajadores ingresos indignos; las deficiencias del sistema de procuración y administración de justicia. Y se ha aprovechado la exposición del país derivada del campeonato mundial de futbol para visibilizarlos.
Con desiguales magnitudes y formas de expresión, el descontento en diversos países vuelve a plantear el cuestionamiento a la democracia procedimental, que ha resultado en muchos casos una mera formalidad para instalar determinados grupos en el poder, pero no para garantizar resultados en materia económica y social a la mayoría de la población. Gobiernos que han llegado con el respaldo mayoritario de los votantes se vuelven luego contra éstos. Es la llamada democracia liberal misma la que está comprometida, cuando permite que quienes representan sustancialmente los intereses de minorías o de potencias externas, reciban el soporte electoral de las mayorías, que luego serán afectadas por el gobierno mismo.
La respuesta no deseable es el escepticismo y la desconfianza de los gobernados hacia la democracia misma y la opción por formas de mando más autoritarias, cesaristas y autocráticas. No es algo nuevo. Incluso un liberal como De Tocqueville percibió en el siglo XIX que la elección popular del gobierno no aseguraba que el régimen fuera realmente democrático. Sobre el voto popular se podía levantar un régimen despótico. También Marx atestiguó cómo los campesinos parcelarios franceses llevaron al poder por elección a Luis Napoleón Bonaparte, quien luego se proclamaría emperador. Nuestro tiempo revalida esa dinámica perversa del poder que se vuelve, como el monstruo de Frankenstein, contra quienes le han dado vida.
La otra respuesta es la lucha social que busca poner en primer plano los intereses colectivos, más amplios y abarcantes. Y de ahí los posibles avances en la defensa o consecución de derechos que son de interés general. Es la siempre recurrente disputa entre lo viejo y lo nuevo, entre el orden de los poderosos y la interpelación de los excluidos. Se viven tiempos de inestabilidad política en los que el extremismo de derecha se hace más presente y amenazante contra la democracia. Han quedado atrás, para sectores crecientes, el centrismo y la moderación que no hace mucho se proclamaban, y las tendencias al fascismo y al Estado de excepción están cada vez más presentes. Pero la disputa desde el otro polo es manifiesta, y no cesará, por esa misma razón.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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