El domingo por la tarde, luego del cierre de las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato de izquierda Iván Cepeda reunió a su militancia más fiel para el cierre de campaña en un teatro colmado del barrio de Chapinero, en Bogotá. La expectativa inicial era celebrar esa misma noche una victoria contundente de la izquierda. Sin embargo, a medida que goteaban los boletines del preconteo, quedó claro que la elección se definiría voto a voto. Con el 99% de las mesas escrutadas, Cepeda quedaba abajo de su rival de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, por menos del 1%: una diferencia que no llegaba a los 250.000 votos sobre un total de más de veinticinco millones de sufragios emitidos.

Con la tendencia del preconteo ya consolidada, Cepeda subió rápidamente al escenario para calmar la ansiedad general. En un discurso medido, enfatizó que no reconocería la derrota hasta que se contara el último voto en las treinta y tres mil mesas de votación. También remarcó la necesidad de un gobierno que busque unir al país y destacó el hecho de que su campaña logró sumar más de un millón de nuevos votantes. Cerró su intervención citando al asesinado presidente chileno Salvador Allende: «La historia es nuestra y la hacen los pueblos». Al terminar, el teatro estalló en aplausos y en el canto unánime de «Cepeda presidente».

Pocas horas después y a cientos de kilómetros de allí, en la caribeña Barranquilla, su rival De la Espriella subió al escenario para montar un discurso que solo puede describirse como puro espectáculo. Vestido con la camiseta de la selección colombiana de fútbol —que su campaña expropió descaradamente como símbolo partidario— y hablando desde un cubículo blindado, rodeado por una pantalla gigante que proyectaba su propia imagen haciendo el saludo militar, De la Espriella ensayó una retórica de reconciliación y prometió garantías para la oposición. Sin embargo, no se privó de lanzar sutiles amenazas contra quienes planeen protestar pacíficamente contra su gestión.

De hecho, dedicó la mayor parte de su intervención a machacar con el discurso de mano dura que hoy domina a las derechas de toda la región, atacando de frente el proceso de paz colombiano y los intentos de la administración de Gustavo Petro por desactivar a los grupos criminales mediante el diálogo. Y a pesar de que apenas el día anterior había amenazado abiertamente a los congresistas que pretendieran votar en contra de su agenda neoliberal, De la Espriella cerró la noche jurando un supuesto compromiso con la Constitución y prometiendo que gobernará para todos los colombianos.

Trabas legales y retórica violenta

Esa misma noche, los simpatizantes de Cepeda ganaron las calles para repudiar lo que una gran parte de la sociedad percibió como un robo liso y llano por parte de las élites tradicionales, las mismas que manejaron Colombia a su antojo hasta la llegada de Gustavo Petro en 2022. Las movilizaciones se replicaron en varias ciudades del país, incluida la capital, donde cientos de personas se concentraron frente a la Universidad Nacional de Colombia y las inmediaciones de Corferias, uno de los centros de votación más importantes del país. Equipos de abogados acompañaron las protestas para fiscalizar desde el primer minuto el escrutinio definitivo y garantizar que el recuento reflejara fielmente la voluntad popular expresada en las urnas.

El clima hostil contra la campaña de Cepeda fue indiscutible desde el arranque. La izquierda debió navegar un mar de trabas burocráticas que jamás se aplicaron con la misma vara a los candidatos del establishment, en el marco de un sistema político corroído por la corrupción estructural y condicionado por la descarada injerencia del presidente estadounidense Donald Trump junto a los sectores más reaccionarios de la Casa Blanca.

Desde el inicio de la carrera presidencial, el Pacto Histórico —la plataforma de izquierda que respaldó a Cepeda— enfrentó escollos que la derecha ni siquiera conoció. El año pasado, la fuerza tuvo que librar una batalla legal extenuante para transformarse de coalición a partido político unificado. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dilató durante meses la consolidación unitaria mediante un laberinto burocrático asfixiante.

Una vez superado ese frente judicial y lograda la personería jurídica, el sistema proscribió la posibilidad de que el Pacto Histórico dirimiera sus candidaturas en una primaria interpartidaria con otros sectores de la izquierda y el centroizquierda. Curiosamente, a los partidos de la centroderecha sí se les permitió utilizar esta herramienta. Este corsé legal le quitó un enorme impulso inicial a la campaña, impidiéndole traccionar a franjas del electorado que habitualmente participan en las internas de centro.

La militancia de Cepeda también denunció las prácticas de compra de votos y las amenazas de violencia que siguen siendo endémicas en el régimen político colombiano. Durante la jornada del domingo llovieron denuncias de fraude clientelar en distintos puntos del país, una práctica tristemente naturalizada por los partidos tradicionales y de derecha. También se registraron graves irregularidades en los consulados y embajadas en el exterior, donde los fiscales detectaron el uso de identidades falsas y un fuerte hostigamiento por parte de los militantes de De la Espriella en los centros de votación de los Estados Unidos, territorio donde el candidato derechista arrasó con el 80% de los sufragios.

La retórica de campaña de De la Espriella fue de una agresividad escalofriante: prometió textualmente «destripar a la izquierda» y reivindicó abiertamente a las estructuras paramilitares que ejecutaron a casi cien mil personas durante el conflicto armado interno. En sintonía con este discurso, De la Espriella recibió el respaldo explícito de la mayor organización armada ilegal del país: el Ejército Gaitanista de Colombia, popularmente conocido como el Clan del Golfo.

A pesar de que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos cataloga a esta red narcotraficante y paramilitar como una organización terrorista, se trata de una de las principales herederas de los escuadrones de la muerte que el propio De la Espriella defendió durante años en su carrera como abogado. Esta organización ejerce un control territorial de hierro en vastas zonas de Antioquia, un departamento que terminó siendo una pieza fundamental para garantizar la ventaja de De la Espriella en el preconteo.

Intervención estadounidense

Las trabas burocráticas, la corrupción y la retórica violenta han existido, de una forma u otra, en casi todas las elecciones anteriores. Sin embargo, la intervención hiperagresiva del Departamento de Estado bajo la administración de Donald Trump le dio a este proceso un carácter único, consolidando lo que ya se conoce como la «Doctrina Donroe»: un nuevo patrón de injerencia abierta de Washington en la región.

Esta doctrina se ha materializado en el apoyo explícito a candidatos derechistas en todo el continente y en amenazas de uso de la fuerza bruta para imponer la voluntad de la Casa Blanca. Ya vimos la intervención directa de Trump para apuntalar a la extrema derecha en los comicios de Argentina y Honduras, combinada con amenazas de tomar el Canal de Panamá y el secuestro ilegal sin precedentes del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

A lo largo de junio, Colombia sufrió el impacto pleno de esta doctrina en su proceso electoral. Todo empezó el día 2 con una publicación de Trump en Truth Social donde respaldaba abiertamente a De la Espriella. El mandatario estadounidense afirmó que su candidato predilecto «tendría un éxito tremendo liderando a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, aplastar el crimen y las drogas, y restaurar la LEY Y EL ORDEN». Al mismo tiempo, tildó a Iván Cepeda de «marxista de izquierda radical» y sentenció que la elección era «crucial para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos».

El mensaje fue replicado de inmediato por legisladores republicanos de origen hispano en Estados Unidos, por políticos de la derecha colombiana e incluso por la cuenta de X de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, lo que constituyó un uso flagrante de recursos públicos estadounidenses en una campaña política extranjera. En los días previos a la votación, Trump redobló la apuesta con más mensajes en la misma sintonía para mantener su respaldo a De la Espriella en el centro de la agenda mediática colombiana.

El espaldarazo formó parte de una estrategia mucho más amplia de Washington para legitimar el programa de De la Espriella: una lista de supermercado de recetas neoliberales y reaccionarias que van desde habilitar el fracking en áreas protegidas y privatizar la salud, hasta la construcción de megacárceles y el retiro de Colombia de organismos internacionales como la ONU y la OEA. Otro componente clave de la estrategia fue la campaña de desinformación encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el propio De la Espriella, orientada a revocar las visas de cualquier persona a la que la campaña de derecha acusara, sin prueba alguna, de «manipular» las elecciones, una maniobra burda para sembrar miedo y deslegitimar a los partidarios de Cepeda.

La cara más grotesca de esta avanzada de la administración Trump fue la detención del periodista y solicitante de asilo colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes sociales como Beto Coral. Agentes del Departamento de Seguridad Nacional lo arrestaron el 16 de junio, poco después de haber participado en una protesta de la diáspora colombiana en Florida contra De la Espriella.

Según reveló el New York Times, Coral fue detenido el mismo día en que el secretario de Estado, Marco Rubio, firmó un memorándum afirmando que la presencia del activista en Estados Unidos «atentaba contra los intereses de la política exterior estadounidense en los procesos democráticos de Colombia». Los tuits publicados por De la Espriella justo antes del arresto, celebrando que pronto habría «noticias» para la diáspora, dejan en claro que el entorno del candidato derechista estuvo directamente involucrado en la cacería.

Desde su detención, Coral fue trasladado de forma irregular entre varios centros. Según denunció su familia, el periodista sufrió maltratos físicos por parte de los agentes federales y presiones constantes para firmar su propia orden de deportación. Lejos de ocultarlo, el senador estadounidense de origen colombiano y aliado de De la Espriella, Bernie Moreno, festejó el arresto en sus redes: «No puedes venir a los Estados Unidos, pedir asilo y luego actuar como agente extranjero… Que tengas una buena vida de regreso en Colombia».

La detención de Coral funcionó como un mensaje mafioso para la comunidad colombiana en el exterior: el que alce la voz contra De la Espriella enfrentará la persecución estatal. Este factor de terror psicológico tuvo un impacto real en la participación electoral del domingo, tanto entre la diáspora como entre aquellos ciudadanos colombianos que temen que sus visados para ingresar a los Estados Unidos sean revocados.

El Imperio contraataca

Al día siguiente de la elección, Donald Trump se adjudicó el triunfo con arrogancia: «Yo lo respaldé. Estaba en el décimo lugar y ganó la elección», aseguró, añadiendo que De la Espriella lo llamó para agradecerle apenas se conocieron los resultados y que las relaciones bilaterales ahora serán «mucho mejores». El senador Bernie Moreno también celebró el desenlace e insistió en que «CUALQUIER ciudadano colombiano que esté solicitando asilo debería regresar a su país», prometiendo que el nuevo gobierno garantizará su seguridad.

Si el escrutinio definitivo termina de sepultar las impugnaciones y consolida el triunfo de la extrema derecha, el pueblo colombiano se enfrenta al retorno de las épocas más sangrientas de su historia contemporánea, bajo el mando de un personaje que ha hecho del desprecio por los derechos humanos y las instituciones democráticas su principal carta de presentación. Tras la brutal injerencia de Washington en este último mes, queda flotando una pregunta incómoda pero urgente: ¿es realmente posible celebrar elecciones libres y soberanas en América Latina cuando la Casa Blanca está dispuesta a romper todas las reglas del juego para imponer a sus peones?