Cada ciclo del desarrollo imperial estadunidense fabrica vocabularios destinados a convertir conflictos históricos en anomalías rebeldes.
Hoy, la expresión “terrorismo de izquierda”, empleada como categoría política indiscriminada, participa de esa operación al fundir experiencias, procesos, tradiciones intelectuales y luchas sociales heterogéneas dentro de una misma “nueva” figura criminal. Esa emboscada no persigue precisión conceptual. Aspira a cancelar la inteligibilidad del conflicto mediante una distorsión ideológica que sustituye el examen de las causas por la condena preventiva de cualquier impugnación al orden dominante. Cuando un representante del poder estatal convierte esa fórmula en instrumento diplomático o jurídico, la controversia deja de pertenecer al terreno de las ideas para ingresar en un dispositivo de disciplinamiento belicista donde la sospecha precede a la evidencia y la obediencia adquiere rango de virtud cívica. La historia demuestra que toda inquisición comienza con una redefinición del lenguaje.
Aquella Santa Inquisición fue una institución creada por la Iglesia católica durante la Edad Media con el propósito de investigar y sancionar la herejía, entendida como cualquier creencia o práctica que se apartara de la doctrina oficial. Existieron diferentes tribunales inquisitoriales en varios países; los más conocidos fueron la Inquisición española, establecida en 1478, la portuguesa y la romana. Para ello, los tribunales recibían denuncias, investigaban a los acusados y llevaban a cabo procesos judiciales. Se empleó la tortura como método de interrogatorio y las sanciones podían incluir penitencias, multas, confiscación de bienes, prisión e incluso la entrega del condenado a las autoridades civiles para la aplicación de la pena de muerte.
Toda palabra despojada de complejidad dialéctico-histórica reduce el horizonte del pensamiento y amplía la discrecionalidad del castigo. La acusación remplaza al argumento. El expediente desplaza a la investigación. La lealtad al imperio ocupa el lugar reservado al conocimiento. Bajo esa arquitectura, universidades, sindicatos, centros culturales, periodistas, científicos y organizaciones populares quedan sometidos a una vigilancia que transforma la discrepancia en amenaza existencial. El resultado consiste en una pedagogía del miedo cuya eficacia depende menos de la represión abierta que de la normalización cotidiana de la autocensura.
Marco Rubio ha recurrido con frecuencia a ese repertorio discursivo para presentar cualquier cuestionamiento estructural al capitalismo como expresión de radicalismo comunista amenazante. Puesta la mira contra México y contra Cuba especialmente. La estrategia responde a una lógica geopolítica que convierte diferencias económicas y demandas populares en problemas de seguridad nacional. Desaparece la explotación y el plusproducto como categoría analítica. Desaparecen las relaciones sociales que producen desigualdad. Desaparecen las contradicciones entre capital y trabajo. Permanece únicamente un enemigo abstracto cuya existencia justificaría mecanismos extraordinarios de vigilancia, represión, sanción y exclusión. Aquello que debería discutirse mediante evidencia histórica termina administrado mediante categorías policiales.
Una operación semejante invierte el orden racional de la investigación social. Ninguna sociedad debería ser acosada cognitivamente mediante ideologías burguesas.
Las transformaciones históricas nacen de la lucha de clases y de los conflictos materiales en las relaciones verificables, de formas específicas de apropiación de la riqueza, de distribuciones desiguales del poder y de disputas permanentes por el control del trabajo humano. Negar esa dinámica equivale a borrar el fundamento mismo de su historia. Y la conciencia de clase emerge precisamente cuando los individuos reconocen que los intereses privados se infiltran como conciencia colectiva para la dominación y así descubren que el sufrimiento perenne posee raíces históricas.
La criminalización del pensamiento crítico intenta impedir ese reconocimiento.
Siempre que la pobreza aparece desconectada de la concentración de la riqueza, y que la precarización laboral se explica mediante fracasos individuales; siempre que la desigualdad adquiere apariencia de fenómeno natural, el conflicto estructural de clase se disfraza tras una narrativa moralizante. Las mayorías dejan de percibirse como sujetos históricos para contemplarse únicamente como administradoras aisladas de dificultades personales. La fragmentación constituye entonces una forma de gobierno mucho más eficiente que la coerción permanente.
Una tradición humanista crítica nos recuerda que ninguna libertad florece donde el miedo organiza el conocimiento. La investigación científica exige contraste de hipótesis, crítica sistemática, revisión permanente de evidencias y apertura intelectual.
Un poder que define de antemano las conclusiones aceptables degrada la ciencia hasta convertirla en protocolo burocrático. La cultura pierde capacidad creadora cuando la sospecha sustituye al diálogo. La filosofía renuncia a su función emancipadora cuando acepta fronteras impuestas por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad. La universidad deja de formar ciudadanos capaces de comprender la complejidad histórica para producir administradores obedientes de consensos prefabricados. La experiencia histórica enseña igualmente que ninguna hegemonía permanece invulnerable.
Todo intento por clausurar el pensamiento crítico alimenta nuevas preguntas acerca del origen de las prohibiciones. La censura revela aquello que procura ocultar. Y tal persecución intelectual confirma la fragilidad de un orden incapaz de sostenerse mediante razones compartidas. El conflicto entre trabajo y capital reaparece entonces bajo formas renovadas porque pertenece a la organización material de la producción y no a la voluntad subjetiva de propagandistas o gobernantes.
Una defensa auténtica de la dignidad humana exige rechazar toda inquisición contemporánea, cualquiera que sea el vocabulario empleado para legitimarla. El pensamiento crítico constituye patrimonio universal porque permite reconocer vínculos entre experiencia individual y estructura histórica, entre sufrimiento cotidiano y organización económica, entre cultura y poder. Reducir esa capacidad a una etiqueta criminal como “terrorismo de izquierda” representa un ataque contra la inteligencia colectiva antes que contra una corriente política determinada. La emancipación intelectual comienza allí donde el lenguaje recupera precisión, la investigación recobra autonomía y la conciencia revolucionada descubre que la historia permanece abierta mientras existan mujeres y hombres dispuestos a comprenderla para transformarla.
* Doctor en filosofía
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